Infancia externaliza los trámites para la adopción internacional

Las familias que requieran un certificado de idoneidad para la adopción internacional serán derivadas directamente hacia los colegios profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales. Así consta expresamente en una carta remitida por Gloria Fernández Martínez, directora del Instituto de Infancia, a las familias que han iniciado ya los trámites de adopción internacional. La Consejería de Bienestar Social, de la que depende el Instituto de Infancia, pretende con la externalización de este trámite corregir unos tiempos de espera para la tramitación del certificado de idoneidad que superan con creces los límites de la normativa autonómica. El decreto de adopción internacional del Principado prevé una demora máxima para la resolución de los certificados de idoneidad de seis meses. El Instituto de Infancia ha llegado a tardar hasta 22.

El nuevo equipo de la Consejería de Bienestar Social asumió, al poco de tomar posesión su nueva titular, Noemí Martín, la necesidad de introducir cambios en la organización de los servicios relacionados con infancia. Adopciones ha sido uno de ellos. Hasta ahora, los padres que requieren un certificado de idoneidad para la adopción internacional, trámite previo e imprescindible para culminar el proceso, tenían dos posibilidades. Bien, acudir a los servicios de adopción internacional de la propia consejería o bien, se puso en marcha con el anterior equipo de Bienestar Social, recurrir a los servicios externos gestionados por los colegios profesionales. La Administración autonómica es, en todo caso, la responsable final del proceso. El problema hasta ahora residía en que las familias que optaban por la vía privada se saltaban la lista de espera y adelantaban a las que acudían a la vía pública.

La carta remitida por Gloria Fernández a los padres adoptantes, a la que ha tenido acceso este periódico, subraya textualmente que desde el 1 de enero se produjeron modificaciones en los procedimientos para las valoraciones. "Van a ser realizadas a través de los colegios profesionales de psicólogos y diplomados en trabajo social", dice la nota, "por encargo" de la consejería. Con este propósito, el Instituto de Infancia informa a las familias afectadas de que una copia del expediente será remitido, "por riguroso orden de solicitud" al Colegio de Psicólogos. Los profesionales asignados para realizar la valoración de idoneidad, según el escrito, se pondrán en contacto con las familias para realizar la valoración. Todos los informes serán remitidos después a Bienestar para continuar el procedimiento.

El comunicado deja claro también que el coste del servicio, cercano a los mil euros, será asumido por la Consejería de Bienestar Social. Esta era precisamente una reivindicación expresa de las familias. Joaquín García, presidente de Asturadop, felicitó a la Administración autonómica por haber atendido la petición de los adoptantes tanto en lo que respecta a la gratuidad como en el seguimiento por orden de llegada de los expedientes.

Fuente: La Voz de asturias/Pablo Z

Sentencia contra la homofobia

Inhabilitado el Juez Calamita

El juez Fernando Ferrín Calamita fue condenado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) a un total de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público por retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.

El fallo aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante e incluye una indemnización de 6.000 euros a las afectadas y el pago de las costas, también las de la acusación particular. Con todo, el TSJRM considera que no existió "un plan preconcebido para que la adopción no se produjese", sino que simplemente quiso dificultarla y dilatarla.

Ya en el año 2007, Ferrín Calamita fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por causar retrasos en los trámites de adopción. La pareja de mujeres inició el papeleo en mayo del 2006, pero el proceso acabó convirtiéndose en "un vía crucis de trabas y dilaciones absolutamente injustificadas" por parte del juez, según denunciaron las dos afectadas. El magistrado aseguró que no retrasó a propósito el asunto, aunque es cierto que, en paralelo, planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre este tipo de adopciones. Entre otras tretas, Ferrín Calamita encargó un informe psicológico de la adoptante que posteriormente consideró innecesario para tomar una decisión.

PRECEDENTE Antes, el juez había sufrido otra reprimenda del Consejo del Poder Judicial por quitar la custodia de sus dos hijas a una mujer por ser lesbiana. El magistrado, en el auto, equiparó la relación homosexual de la madre con la que pudiera tener con un "toxicómano, pederasta, prostituta" o con un miembro "de una secta satánica". El juez Ferrín Calamita consideró, también, que "el ambiente homosexual perjudica a los menores".

Fuente: lavozdeasturias

Las familias adoptantes aplauden la supresión de la tasa de 1.000

Era una petición expresa de las mismas familias. Las asociaciones de adoptantes aplaudieron ayer la iniciativa de la Consejería de Bienestar Social de suprimir el cobro de las gestiones con los colegios profesionales. Tanto Asturadop como Andeni se mostraron ayer satisfechas por el anuncio de Noemí Martín, consejera de Bienestar Social y Vivienda, de suprimir el cobro de mil euros a aquellas familias que opten por equipos externos para tramitar la valoración de idoneidad.

Martín, en la entrevista que publicaba ayer este periódico, anunciaba cambios importantes en la gestión de los expedientes de adopción. La consejería reconocía como inaceptables los 20 meses de espera para la concesión de los certificados de idoneidad. La consejera matizaba que el Instituto de Infancia, de quien dependen las adopciones, revisará el funcionamiento de los equipos para agilizar los trámites.

Fernando Menéndez y Joaquín García, presidentes respectivamente de Andeni y Asturadop, saludaron ayer la propuesta de la consejera. Ambas asociaciones indicaron que ya habían indicado a Bienestar Social la perversión del sistema actual. El anterior equipo de Infancia había cerrado acuerdos con los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales para tratar de aligerar las esperas. Infancia abría así una doble vía. Las familias podían acogerse al sistema público y esperar 20 meses o al privado y, previo pago de mil euros, saltarse la lista de espera. El compromiso del nuevo equipo es corregir este funcionamiento por considerarlo perverso. Las dos asociaciones de padres adoptantes reclamaron también a Bienestar que paralelamente acometa las reformas necesarias y con carácter de urgencia para cumplir el tiempo previsto en el decreto regional de seis meses de máximo para lograr la valoración de idoneidad.

Fuente: lavozdeasturias/Pablo Zariquiegui

«No se puede consentir que no se tramiten las adopciones»

El Principado promovió hace unas semanas una misión comercial a Qatar y Emiratos Árabes, «pero el verdadero futuro está en los niños, a los que tiene abandonados». La acusación la protagonizó ayer la diputada del PP Inmaculada González, quien aseguró que los bebés entregados al Principado para que los dé luego en adopción «acaban institucionalizados».

«No se puede consentir que no se tramiten las adopciones», criticó.

«Ahora hay una montonera de padres que son candidatos por un lado y, por otro, niños que pasan más tiempo esperando del que deberían», aseguró González, quien recordó un caso publicado este lunes por EL COMERCIO: «A alguno le dicen que no puede ser un padre idóneo por ser quiosquero y la verdad es que habría que comprobar si muchos políticos pasaríamos ese examen de idoneidad».

González pudo visitar el año pasado el centro Materno-Infantil de Oviedo, donde «vi 33 niños menores de cinco años esperando una familia». Hace unas semanas trató de repetir la visita, pero la Consejería de Bienestar Social denegó el permiso argumentando que «estamos efectuando obras de mejora y acondicionamiento en dicho centro, por lo cual no procede».

«Una vez finalizadas las obras se valorará nuevamente la solicitud», explica la consejera Teresa Ordiz en un documento que presentaron ayer los populares en una rueda de prensa.

El «colmo», según Inmaculada González, es que «no sólo no dan explicaciones, sino que encima la directora de Infancia se permite criticar a la asociación de padres adoptantes». La diputada popular reconoce que «esos padres vienen a veces a verme a mí y me dan 50.000 vueltas, saben de legislación rusa, china y española».

Para el PP, la llegada de Noemí Martín a la consejería «supone que llega alguien que tiene idea, pero la vamos a exigir».

Fuente: El Comercio/ R. Muñiz

Asturadop: Los niños y niñas tienen derecho a una familia

«Nosotros no tenemos derecho a adoptar, pero sí los niños a tener una familia y, en eso, el Principado (Gobierno asturiano) está fallando». Joaquín García, presidente de la Asociación Asturiana de Adoptantes, Asturadop, respondió ayer así a la directora general de Mayores, Infancia y Familias, Eva Sánchez. Es el penúltimo capítulo de la polémica desatada entre la Consejería de Bienestar Social y las familias de adoptantes tras desvelar EL COMERCIO que en el centro Materno Infantil de Oviedo hay 34 bebés internados desde su nacimiento (algunos van a cumplir cuatro años), para los que los trabajadores piden que «se agilicen las adopciones».

García acusa directamente al Principado (Gobierno asturiano) no cumplir con la Ley del Menor», puesto que «la ley indica que los niños del Materno no deben pasar más de 45 días en el centro y aquí lo superan». En el rosario de incumplimientos, el presidente de Asturadop también señala que el decreto de adopciones «dice que los expedientes de adopción no deben rebasar los 6 meses y aquí acumulan retrasos de años».

Los solicitantes de un adopción están sorprendidos «por la reacción de Eva Sánchez», que ayer les acusó de «desconocer la ley», cuando «ella misma ha reconocido, al menos hasta ahora, que acumulaban retrasos y que en adopciones no estaban cumpliendo los plazos». En opinión de Joaquín García, el Principado (Gobierno asturiano) «se muestra incapaz de servir de forma adecuada las necesidades de los ciudadanos que en Asturias solicitamos una adopción o acogimiento», por lo que pide al futuro equipo de Bienestar «que dialogue con nosotros».

Fuente: elcomercio/Chelo Tuya
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Denuncia de CCOO: Colapso en la Sección de Adopciones

El número de menores en la unidad de cero a tres años se ve incrementado continuamente

CCOO ha denunciado hoy la situación de "colapso" de la Sección de Adopciones de la Consejería de Bienestar Social por su "nefasta política", que produce "la acumulación de expedientes".

En un comunicado, asegura que "la Consejería carece de personal que supervise la parte legal de los expedientes, lo que provoca la acumulación y una paralización de los procesos, ante la desesperación de los técnicos y de las familias".

Añade que "esta situación no es nueva, sino que se viene arrastrando desde el 1 de octubre, cuando acabó el contrato por acumulación de tareas de la letrada que realizaba la parte técnica y legal de los procedimientos".

El sindicato asegura que la Consejería no ha realizado una nueva contratación ni ha aportado ninguna solución.

Por tanto, "no es de extrañar que el número de menores en la unidad de cero a tres años se vea incrementado continuamente y que se prolongue el tiempo de espera de los adoptantes", concluye.

Fuente: elcomercio

ASTURADOP:«hay cien familias a la espera de niños del Materno»

Acusan a Bienestar de «paralizar» peticiones que ya suman 3 años

Lo han denunciado ante la Procuradora y el Defensor del Pueblo

«Esos niños están ahí porque la consejería quiere, puesto que hay más de cien familias a la espera para adoptarles. Algunos llevan tres años esperando». Joaquín García, presidente de la Asociación Asturiana de Adoptantes (Asturadop), se mostró ayer así de contundente tras conocer por EL COMERCIO que en la Unidad de Bebés del centro Materno Infantil, de Oviedo, hay 34 menores de 3 años o menos que residen en el dispositivo desde que nacieron. Se trata de bebés que tutela el Principado y de los que, tal y como adelantó este periódico, la mitad tiene entre dos y tres años, tiempo que han pasado exclusivamente en el dispositivo ovetense. El caso más grave es el de una niña que cumplirá en breve cuatro años sin que nunca haya salido de la unidad. Según fuentes del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, la mayoría de estos menores, a los que suman otros 17, de entre 7 y 19 meses, que también viven en el Materno desde su nacimiento «no recibe visitas» y culpan, directamente, a la Administración regional «de no agilizar sus adopciones».

Para los padres que están a la espera de que esa misma administración les autorice formar una familia la noticia ha sido «dura», aunque confirma «lo que nosotros llevamos denunciando: las adopciones están paralizadas y no es cierto lo que, hasta el momento, ha dicho la consejería, de que nosotros sólo queremos adoptar extranjeros: pedimos niños de aquí, pero no nos los dan», aseguró Joaquín García.

De acuerdo a las cifras que maneja el presidente de Asturadop, «en estos momentos hay cien familias con expediente abierto para una adopción nacional sin que sepan nada de la consejería. Hay casos desde hace tres años y, por lo que sabemos, están empezando a ver ahora los expedientes de 2007».

500 institucionalizados

Esta situación ha sido denunciada «formalmente» por Asturadop «ante la Procuradora General y el Defensor del Pueblo». La queja se tramitó «en septiembre pasado» y, en ambos casos, «ha sido admitida a trámite, con lo que tenemos esperanzas de que, al menos, se investigue lo que sucede en Asturias. Aunque se prolongue mucho en el tiempo, porque estas cosas van muy lentas», explicó García.

Y es que, los padres adoptantes asturianos se encuentran «abandonados», porque «no sólo es que se acumulen retrasos de 20 meses en conceder un certificado de idoneidad que la ley obliga a dar en seis meses, es que la adopción nacional suma más ralentizaciones, ya que aquí no se busca un niño para una familia, sino una familia para un niño determinado, con lo que la situación es más caótica aún».

Estas demoras llevan a que «como se ha publicado, en el Materno los niños pasen toda su vida, algo que no debería permitirse, puesto que el deber del Principado es buscarle familias y aquí las tiene. Todas las que quiera». El presidente de Asturadop suma a los 34 casos del Materno Infantil «el resto de menores institucionalizados en la región, ya que sabemos que son 500 los que viven en algún centro, o público o concertado. Nosotros nos hemos ofrecido para todo tipo de colaboración, pero no logramos nada».

Joaquín García espera que «el nuevo equipo de la consejería cumpla lo que prometió cuando era oposición», en referencia a Noemí Martín, y que «nos reciba, no como Eva Sánchez, que nos tiene a la espera desde junio».

Fuente:ElComercio/Ch. Tuya (foto:J. Díaz)

Masificación y falta de Recursos en el IAASIFA

El Principado mantiene en el Materno a 34 niños menores de tres años desde su nacimiento.

Bebés en el Materno

De 0 a 12 meses: el Materno tiene, para bebés que no hayan cumplido un año, 20 plazas, distribuidas en cinco módulos con cuatro cunas cada uno. Ahora mismo hay 27 bebés. Hay habitaciones con 6 cunas.

De 13 meses a 3 años: las plazas para este tramo de edad son 24, divididas en cuatro apartamentos. Ahora hay 26 ocupantes.

La que más: una niña cumplirá 4 años en el centro al que llegó al nacer, otro lleva 3 años y 15 más, 2.

El que menos: 7 meses lleva un bebé ingresado al nacer.

Una menor cumplirá cuatro años sin salir del centro, y 17 llevan entre dos y tres en idéntica situación

El comité de Bienestar Social critica a la consejería «por no agilizar los trámites de adopción»

Toda la vida en el Materno Infantil. Esa es la situación en la que se encuentran 34 de los 53 menores de entre 0 y casi 4 años (cuando el límite legal son los 3) que viven en el centro ovetense. Según pudo saber EL COMERCIO, se dan casos tan llamativos como el «de una niña que ahora cumplirá cuatro años y que llegó de recién nacida», como otro «que cumplirá 3, en la misma situación», además de otros 15 «que han cumplido dos años en el centro, al que llegaron al día de nacer». A estos 17 casos se suman otros tantos de bebés, de entre siete y 19 meses, que «tampoco han salido de aquí».

Así lo aseguran fuentes del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, que han querido recordar que, aunque el centro Materno Infantil ha saltado a la fama por los problemas de masificación y agresiones de su Unidad de Primera Acogida, la de menores no acompañados, también dispone de la Área del Menor que, aseguran los trabajadores, «tiene los mismos problemas de hacinamiento que la de adolescentes». Una situación que, aseveran, «se ha intensificado desde septiembre. Es cuando más bebés han llegado, sin que haya ninguna planificación de que alguno salga».

Y es que, en este momento sus 45 plazas «no urgentes, ya que hay cinco más, pero, en teoría, sólo deberían usarse en caso de emergencia», están ocupadas por los citados 53 menores, «lo que ha obligado a meter hasta seis cunas en las habitaciones de bebés, preparadas sólo para cuatro», Con esta ocupación, si hoy se produjera un caso de urgencia, como ocurrió el octubre pasado, con cuatro bebés ingresados en 24 horas, «habría que saturar aún más el centro, juntado camas o apilando cunas».

Mientras la ocupación sube, la plantilla no se ha incrementado, afirman desde el comité, por lo que hay «dos cuidadoras por turno, salvo en las noches, que hay tres». Sin embargo, las bajas «no se sustituyen», así que se llega al extremo, como ha ocurrido la semana pasada «de que una cuidadora tiene para ella sola siete bebés, a los que tiene que despertar, bañar, dar el desayuno, llevarles al aula que corresponda... como si una madre tuviera siete hijos pequeños sin ninguna ayuda. Aunque nosotras no somos sus madres».

«No tienen visitas»

Porque, ese es un aspecto que las trabajadoras del centro quieren resaltar, «ya que tenemos claro que nosotras no somos sus madres y nuestra función no es sustituirlas. Es más, el Principado no debería consentir que estos niños estuvieran tanto tiempo institucionalizado».

El comité critica a la Consejería de Bienestar Social «por su falta de acción, sin agilizar los trámites de adopción, como es su obligación». La plantilla afirma que, la mayoría de los bebés ingresados «no tienen ninguna visita ni, tampoco, familia conocida», por lo que «si la consejería no tardara 20 meses en dar el certificado de idoneidad, estos menores tendrían ya un hogar».
(...)

. El comité llevará este asunto, así como la masificación del resto del centro, a la reunión que mantendrán hoy, tras dos encierros, con la directora de Mayores, Infancia y Familias, Eva Sánchez.
Extraido del Comercio (Chelo Tuya)

Padres y Madres adoptantes siguen esperando

Cambiar el Reglamento de Acogimiento y adopción en Asturias, gratuidad de la obtención del Certificado de Idoneinad y cumplimiento de plazos, formación obligatoria de adoptantes, doble expediente internacional y recursos en postadopción, son algunas de las reivindicaciones de la Asociación:

""Es una carrera de obstáculos. La decisión de adoptar un niño .... se ha convertido en Asturias en un reto a la paciencia de quienes llevan más de 20 meses esperando una respuesta a su solicitud. Los retrasos administrativos se han convertido en una constante, y la obtención del certificado de adopción, imprescindible para continuar en el proceso, en una espera que supera con creces las fechas y los plazos estipulados por ley.

«Ahora mismo se están evaluando expedientes de marzo de 2007», denuncia Joaquín García, presidente de la asociación que acoge a todos los futuros y ya padres asturianos, Asturadop.

Las familias llaman insistentemente para conocer por qué no se les facilita el certificado en tiempo y forma, después de haber superado las pruebas psicológicas y sociales pertinentes, o para saber cuándo van a recibir la visita de los profesionales encargados de decidir si son válidos o no para adoptar a un niño o niña procedente de otro país. Pero las llamadas no obtienen respuesta. «Tienen directrices», asegura el presidente de Asturadop, «y desde hace un mes no se facilita ningún tipo de información ni a los propios familiares». El blog de la asociación es buen testigo del pulso de los acontecimientos, y la pregunta que domina las conversaciones suele ser: «¿Alguien sabe por qué número va?».

En un intento por agilizar los trámites de la idoneidad, Bienestar Social buscó ayuda privada, y en abril de este año firmó un convenio con los colegios oficiales de Psicólogos y Trabajadores Sociales, para el «estudio, la valoración y la elaboración de los informes psicológico y social necesarios para la estimación de idoneidad» de los solicitantes de adopción internacional residentes en Asturias.

Así, los colegios establecerían un turno de intervención profesional en adopciones internacionales (TIPAI) por el que sus profesionales, previamente inscritos, podrían realizar estas valoraciones y la lista de espera disminuiría. Pero, «lejos de fijarse en otras comunidades, en las que las valoraciones por TIPAI son gratuitas, en Asturias se decide que somos las familias las que debemos hacer frente al gasto», denuncia García. .....

El acuerdo se hizo efectivo el 1 de junio, y a partir de ese día las familias adoptantes podían optar por una doble vía: tramitar la solicitud del certificado de idoneidad por el cauce público -con el retraso que conlleva- o recurrir a una solución privada y previo pago para solucionarlo. La tarifa estipulada ronda los 1.000 euros, y, como especifica el escrito presentado por Asturadop ante la procuradora general de Asturias, «las familias que decidan ser valoradas pagando tendrían el derecho a "adelantar" a aquellas que les precedan en la lista de expedientes y que hayan decidido ser valoradas por los equipos de la Administración pública (gratuitos).

Según García, «esto significa que cualquiera que solicite hoy en día una adopción internacional en Asturias, si tiene a bien pagar los 998 euros que solicitan los TIPAI, obtendrá su certificado en breve tiempo, mientras que las familias que consideramos que tenemos derecho a que el proceso administrativo de una solicitud de adopción sea gratuito, como siempre ha sido y como corresponde a la función pública, debemos esperar un mínimo de 20 meses».
...............

La situación, siete meses más tarde de la firma del convenio, sigue sin resolverse, y desde la Consejería no responden a las demandas de los adoptantes. Esperan que la situación cambie ante la entrada de Izquierda Unida al frente de Bienestar Social, pero se muestran escépticos. «No tenemos muchas esperanzas con el cambio», reconoce su presidente. «Se habla de un plan de infancia, pero sin saber si en él se concretará algo relativo a la adopción, y esperamos que se modifique el decreto que regula la adopción y acogimiento en Asturias».

Lo que sí desean es que quienes asuman la responsabilidad de gestionar la adopción internacional en el Gobierno asturiano «cumplan lo que aprobaron en la Junta General y cambien la normativa». García se refiere a la solicitud que el Grupo Popular hizo a favor de la gratuidad del certificado y la mejora de los procesos, en la que Izquierda Unida votó a favor. «Como era no de ley, el Gobierno podía tenerla en cuenta o no, pero queremos que ahora IU sea consecuente con lo que votó»"".

Fuente: Asturadop
Extracto de noticia: en lanueva

El retraso en la tramitación de adopciones se agrava en Asturias

Las esperas en la tramitación de las adopciones internacionales, lejos de resolverse, se agravan. La asociación de padres adoptantes Asturadop, que lleva años liderando las protestas contra la Administración autonómica, ha denunciado ahora que familias que han superado todas las pruebas llevan más de dos meses esperando la resolución administrativa que les conceda el certificado de idoneidad. Tal y como explican, este documento es imprescindible para poder formalizar una adopción en el extranjero.

Joaquín García, presidente de Asturadop, comenta que la causa de esta nueva demora reside en la suspensión del contrato a una auxiliar de la letrada defensora del menor. La Consejería de Bienestar Social había derivado la competencia sobre la resolución de los certificados de la directora de Infancia a la letrada defensora del menor con el propósito de aligerar las esperas. Con este objetivo, se había reforzado la plantilla de esta letrada para lograr reducir en la medida de lo posible las listas de espera de adopción. García explicó ayer que en octubre de este mismo año la Administración no renovó el contrato de la auxiliar por lo que las demoras vuelven a acumularse. Los retrasos además afectan tanto a las familias que optan por la tramitación pública como a las que eligen la gestión por parte de los colegios profesionales.

El Gobierno regional, con el propósito de acelerar los trámites, llegó a acuerdos con los colegios profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales. Actualmente, las familias que optan por la adopción internacional pueden optar por una doble vía. Bien, realizan todos los trámites en los servicios propios de la consejería. O bien, acudan a los colegios profesionales para realizar la documentación. En el primer caso, las esperas llegan incluso a los 20 ó 21 meses. En el segundo, pueden resolverse, eso sí, previo pago de mil euros, en poco más de dos.

El problema, que surge ahora de nuevo, reside en que es finalmente la Administración del Principado la que debe validar los certificados. Y esta función la debe realizar, por derivación, la letrada defensor del menor. La no renovación de un simple contrato ha puesto en jaque un servicio ya de por sí saturado y, siempre según Asturadop, familias que han superado todos los trámites, ya sea por la vía pública o privada, se ven obligadas a esperar dos meses más para lograr el certificado.

Joaquín García, que lleva años batallando por aligerar los trámites de adopción, reclama a la Administración del Principado que actúe con la máxima celeridad para corregir esta nueva deficiencia. García es consciente, con todo, de que el relevo en la Consejería de Bienestar, aunque no necesariamente, afectará a la tramitación de las adopciones. Ya lo hizo la última vez. García recuerda que en el periodo de transición en la consejería de Izquierda Unida al Partido Socialista Obrero España se paralizaron buena parte de los expedientes.

Fuente: lavozdeasturias/Pablo Zariquiegui

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Uno, dos y tres... asuntos sociales

S OY de los que piensa que en política ningún hecho es menor, pero en política social, además, cualquier hecho, aparentemente menor, es trascendente, y así debe ser. La política de lo pequeño, la que afecta al ciudadano en sus mínimas expresiones, determina la vida de tal modo, que los análisis genéricos que niegan la mayor de lo pequeño, aunque técnicamente sean irreprochables, humanamente son erráticos. Hemos asistido a un parón en las negociaciones de acuerdo de gobierno para Asturias porque se han enredado en ellas asuntos para algunos nimios, pero que, en conjunto, son de enorme trascendencia.

Desde la Consejería de Bienestar Social, y durante esta legislatura, se han empeñado en deshacer y reinventar políticas que habían demostrado su eficacia y que estaban ajustadas a ley y derecho.

El Plan General de Residencia del ERA, que se aprobó en 2003, redefinía las residencias de ancianos como espacios socio-terapéuticos, abiertos a la comunidad, donde la simple estancia de los mayores se complementaba con una serie de servicios en horario de mañana a cargo de técnicos cualificados que permiten la mejora de la vida de las personas que viven en ellas. En dichas residencias se llevaban a cabo tareas terapéuticas que mejoraban la calidad de vida de los ancianos dependientes (algo que solamente ocurre, de forma general, en las residencias públicas o concertadas).

Pues bien, una resolución de la gerencia del ERA de hace dos semanas anuló el contrato de dichos trabajadores (técnicos de no más de 700 euros/mes y largos desplazamientos) y pretendió privatizarlo otorgando su concesión a una empresa que por idéntico servicio se iba a embolsar los beneficios del contrato de gestión y convertir a los trabajadores, ya de por sí precarios, en machacas cualificados de 400 euros/mes, purgando previamente la plantilla. Resultado, a día de hoy ninguna residencia cuenta con este servicio, y a los ancianos que les den. La gestión pública de las plazas residenciales garantiza la calidad de la atención, porque permiten dotarse de personal cualificado, pagado según convenio y con horario laboral acorde con las necesidades del servicio. Y, si no se cree, visítense residencias privadas y véanse las condiciones infernales a las que están sujetos los trabajadores, y su repercusión en la calidad de vida de sus moradores, de modo que la discusión sobre lo público o lo privado tiene que ver con la calidad y no con la ideología (¿o la calidad e ideología son la misma cosa?; que se lo pregunten a Esperanza Aguirre). En pequeños municipios es muy difícil encontrar personal cualificado que quiera trabajar en dichos establecimientos. El salario, frente a los costes de desplazamiento y estancia de los trabajadores, hace que en este tipo de municipios los pequeños centros sean viables solamente con trabajadores del entorno. Ahí sí puede tener sentido la gestión privada o concertada, pero siempre en unidades de convivencia de pequeño tamaño (mini-residencias o viviendas tuteladas).

En política de infancia, haber hecho la vista gorda con los conflictos de atención a los menores extranjeros no acompañados, en la Unidad de Primera Acogida, ha generado un conflicto de una magnitud extrema que no acaba de resolverse por ineficacia de quienes son responsables de tomar decisiones, y que repercute en los derechos de los propios menores y del personal, algo que, como mínimo, es reprobable políticamente, y que puede constituir hasta un delito de omisión.

De la política de adopciones mejor no hablar. La gestión privada de las idoneidades está demostrando la sinrazón de privatizar ciertos servicios sensibles, pero para algunos no es más que un debate ideológico entre la vieja izquierda y las modernas formas de gestión socialdemócrata (con tufo liberal, eso sí).

Fuente: El comercio/ Juan Igancio González

Cincuenta y cinco niños esperan en Asturias a ser adoptados

Casi un centenar de las familias asturianas que esperan adoptar a un niño, desearían que este fuera nacido en España. Pero, hoy por hoy, en Asturias solo hay 55 niños susceptibles de ser adoptados. A nivel nacional, unas 5.000 familias han pedido adoptar un menor español entre el año 2007 y lo que va de 2008, pero son menos de un millar las que lo han logrado.

La reciente iniciativa parlamentaria socialista de aprobar una Ley de Adopción Nacional pretende mejorar la situación de los niños recogidos en los centros, aunque según los expertos sólo un 10% de ellos pueden ser objeto de adopción. Uno de los frenos que sufre la adopción nacional frente a la internacional reside en la preferencia de las parejas de adoptar a menores de 3 años pues es más fácil su adaptación al hogar; no se opta de modo generalizado por los grupos de hermanos ni por niños con algún problema especial, ya sea psicológico o físico. Se suma a estas razones que muchas familias con niños en centros no desean darlos en adopción ni tampoco pueden o quieren hacerse cargo de ellos más adelante. .

Así las cosas, en Asturias la lista de adopciones nacionales está abierta, y hay 55 niños susceptibles de ser adoptados frente a las 93 solicitudes recibidas. Según las Consejería de Bienestar Social del gobierno del Principado, en 2007 hubo en la región 17 adopciones de pequeños españoles. Como en Asturias, la mayoría de las comunidades tienen abierta su lista de adopciones nacionales, aunque también hay casos como Madrid que acaba de optar por su apertura tras cuatro años de cierre. Según los datos de esta comunidad, cada año de 60 a 70 niños nacidos en la región son dados en adopción. La citada lista está cerrada desde 1998 en Andalucía, salvo la de los 195 niños con necesidades especiales que viven en centros de la Junta. Dentro de este grupo están los mayores de 7 años, grupos de hermanos, que sufren alguna discapacidad o son portadores del virus del SIDA, entre otros.

En Cataluña, 143 menores fueron adoptados en 2007 y otros 103 niños pasaron de vivir en centros de tutela a hacerlo en familias en los ocho primeros meses de 2008. El número de adopciones de niños nacidos en Cataluña fue de 143 de 2007. En Castilla y León la lista de adopciones permanece abierta y el pasado año se solicitaron 67 adopciones nacionales, de las que 40 se llevaron a efecto. En Galicia, 206 familias han tramitado su petición y 76 han logrado su objetivo. Por otro lado, la Comunidad Valenciana registró el pasado año 576 demandas de adopciones nacionales y se llegaron a constituir 119. En Navarra hay 160 familias solicitantes y de ellas doce ya tienen desde 2007 al menor en su casa.

Fuente: lavozdeasturias

5.000 familias desean adoptar un niño español

Unas 5.000 familias han pedido adoptar a un niño español entre 2007 y lo que va de año, pero menos de un millar ha alcanzado su sueño, a pesar de que 30.000 menores viven tutelados en instituciones públicas. La reciente iniciativa parlamentaria socialista de aprobar una Ley de Adopción Nacional pretende mejorar la situación de los niños recogidos en los centros, aunque -según los expertos- sólo un 10 por ciento de ellos pueden ser objeto de adopción(¿?).

Uno de los frenos que sufre la adopción nacional frente a la internacional reside en la preferencia de las parejas de adoptar a menores de 3 años pues es más fácil su adaptación al hogar; no se opta de modo generalizado por los grupos de hermanos ni por niños con algún problema especial, ya sea psicológico o físico. Se suma a estas razones que muchas familias con niños en centros no desean darlos en adopción ni tampoco pueden o quieren hacerse cargo de ellos ( NE: Esto es incorrecto). Nota Editor: hay que añadir la lentitud de la administración, la falta de incentivos a adoptar y la inexistencia de una política de sensibilización social a favor de la adopción.)

La mayoría de las comunidades autónomas tienen abierta su "lista" de adopciones nacionales, aunque también hay casos como Madrid que acaba de optar por su apertura tras cuatro años de cierre. Según datos de la Comunidad de Madrid, cada año de 60 a 70 niños nacidos en la región son dados en adopción, sobre todo a través de renuncias hospitalarias. Frente a esta cifra, hay 2.503 familias madrileñas declaradas idóneas para acoger a un menor de 3 años. La citada lista está cerrada desde 1998 en Andalucía, salvo la de los 195 niños con necesidades especiales que viven en centros de la Junta. Dentro de este grupo están los mayores de 7 años, grupos de hermanos, que sufren alguna discapacidad o son portadores del virus del SIDA, entre otros.

En Cataluña, 143 menores fueron adoptados en 2007 (un 11 por ciento más que en 2006), y otros 103 niños pasaron de vivir en centros de tutela a hacerlo en familias en los ocho primeros meses de 2008. El número de adopciones de niños nacidos en Cataluña ha ido creciendo desde 2005, cuando se llevaron a cabo 121 procedimientos de este tipo, frente a los 128 del año 2006, y los 143 de 2007. Además, en 2007, por primera vez, se registraron seis adopciones de menores tutelados por la Generalitat mayores de ocho años.

En Asturias la lista de adopciones está abierta y hay 55 niños susceptibles de ser adoptados frente a las 93 solicitudes recibidas. Según la Consejería de Bienestar Social de Asturias, en 2007 hubo en la región 17 adopciones de niños españoles. En Castilla y León la lista de adopciones permanece abierta y el pasado año se solicitaron 67 adopciones nacionales, de las que 40 se llevaron a efecto; en 2008 -a 30 de junio- se entregaron en adopción a 21 pequeños españoles.

Igualmente, en Castilla-La Mancha la lista de adopciones está abierta y cualquier familia puede presentar su petición. Según la Consejería de Salud y Bienestar Social de esa comunidad, no hay una "bolsa" de niños en adopción, lo que hay es una lista de familias o personas susceptibles de adoptar un niño. Las adopciones de carácter regional o nacional son muy pocas y, por eso, en los últimos años han aumentado las internacionales; en 2007 un total de ocho menores encontraron un hogar y en lo que va de año seis.

En Galicia, 206 familias han tramitado su petición y 76 han logrado su objetivo; durante 2008 fueron entregados a la administración gallega para adopción 14 niños menores de un año. Por otro lado, la Comunitat Valenciana registró el pasado año 576 de demandas de adopciones nacionales y se llegaron a constituir 119. En Navarra hay 160 familias solicitantes y de ellas doce ya tienen desde 2007 al menor en su casa, mientras que en lo que va de año se han hecho seis propuestas de adopción y se ha entregado a un menor a una familia navarra.

Igualmente en el vecino territorio de La Rioja no está cerrada la opción de solicitar valoración para la adopción nacional y el pasado año se registraron 59 frente a las 30 en lo que va de año. Las familias riojanos con su hijo adoptado se elevan a 17 en 2007 y ocho hasta el 30 de septiembre de 2008. En Cantabria existen 193 personas/familias en lista de espera de adopción nacional, con un tiempo de espera aproximado de 6 a 8 años.

En 2007 se solicitaron en Cantabria 61 adopciones nacionales y se llegaron a realizar doce, además de 60 acogimientos preadoptivos (primero se constituye el acogimiento preadoptivo y después se pide el asentimiento por vía judicial para la adopción). En Vizcaya, territorio en el que la Diputación Foral ostenta las competencias en materia de adopción, se presentaron durante 2007 un total de 299 solicitudes, de las cuales 43 correspondían a niños españoles. Durante ese mismo año se concedieron 29 adopciones de nacionales sobre una cifra total de 130, ha informado a Efe dicha institución. La misma fuente ha indicado que durante los seis primeros meses de 2008 se solicitaron 36 adopciones nacionales y se concedieron 18. Por último, en Guipúzcoa se presentaron en 2007 un total de ocho peticiones de adopción de niños tutelados por la Diputación Foral.

Fuente: EFE/lavozdeasturias

Las familias reclaman al Principado que reduzca la espera en las adopciones

«Hay muchas familias asturianas que lo están pasando mal. Familias que llevan esperando hasta 21 meses para ser valoradas. No podemos tolerar que la señora consejera permita y defienda ahora que, quien paga 1.000 euros por un certificado de idoneidad, tiene derecho a adelantar a esas familias que no pagan y a saltarse a la torera la lista de espera. Que refuercen sus equipos». La respuesta de las asociaciones de adoptantes asturianas a Teresa Ordiz después de que la consejera de Bienestar Social del Principado admitiese en sede parlamentaria que aquellas familias que abonan 1.000 euros por un certificado privado eluden la lista de espera para ser valoradas fue ayer contundente.

Las familias adoptantes reclamaron al Gobierno regional que los informes psicosociales necesarios para obtener el certificado de idoneidad imprescindible para adoptar sean gratuitos. Joaquín García, presidente de Asturadop, asociación que agrupa a más de 120 familias, explicó que «la queja ya fue presentada el mes pasado ante la Procuradora General del Principado» y que siguen esperando contestación.

Las asociaciones no están en contra del convenio firmado entre el Gobierno regional y los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de Asturias que permiten que sean estos profesionales quienes realicen esos informes psicosociales. Lo que sí rechazan frontalmente es que «se abran dos vías: una de pago, que otorga el privilegio de no esperar, y otra gratuita pero con lista de espera».

La última cifra proporcionada por la Consejería de Bienestar Social del Principado hablaba de un récord histórico en la región: 183 personas esperaban hace pocos meses por este certificado, que emite la consejería y que los potenciales adoptantes tardan en obtener una media de 17 meses, cuando la legislación establece que ha de realizarse en seis.

Ante esa demora, que ha generado protestas recurrentes por parte de las asociaciones de adoptantes, la consejería tuvo que recurrir a psicólogos y trabajadores sociales, que conformaron diez equipos de valoración que empezaron a trabajar en junio.

El objetivo de esos nuevos grupos era agilizar los expedientes que acumulaban los tres equipos de la consejería que hasta esa fecha se encargan de valorar a las familias asturianas. Así, mientras esos equipos han atendido en apenas cuatro meses las demandas de 60 familias, como reconoció Teresa Ordiz, «los tres de la consejería valoran tres o cuatro expedientes al mes».

El presidente de Asturadop explicó además que la fórmula elegida por la Administración regional «genera problemas y dudas» entre los adoptantes. Uno de estos problemas es que «acceder al certificado de idoneidad sin una formación previa es peligroso, porque las familias acortan el proceso y abordan la adopción de dudas». Y entre las dudas, Joaquín García sitúa una fundamental: «No sabemos si las familias que pagan tienen más ventajas. No sabemos tampoco con qué rigor se están haciendo las valoraciones».

«Impropio de la izquierda»

Tanto él como Fernando Menéndez, presidente de Andeni, la otra organización dedicada a defender los intereses de las familias adoptantes en Asturias, abogan porque el coste del servicio sea cero.

«La Administración tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de la valoración», apuntó Menéndez, quien precisó que, «a partir de los seis meses, el retraso debe ser asumido por el Principado». Y en la misma línea se pronunció la portavoz del grupo parlamentario Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes, Noemí Martín, quien exigió a la consejera que «rectifique de inmediato esa política» y que el Principado «asuma los gastos de las valoraciones». Martín, que tildó la defensa de Ordiz de las dos vías -rápida y lenta- de «inaceptable» e «impropia de un gobierno de izquierdas», abogó «porque los equipos de valoración trabajen de forma coordinada».

Fuente: elcomercio/Azahara Villacorta
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Los padres adoptantes afirman que el atasco crece con Ordiz (lavozdeasturias/Pablo Zariquiegui)

Las familias que pagan 1.000 euros por un certificado para adoptar eluden la lista de espera

«Una cosa es que se contraten equipos para agilizar el proceso y otra muy distinta que quien pague 1.000 euros pase por delante en la lista de espera. Estamos diciendo que el que pueda pagar esa cantidad tiene prioridad sobre el que lleva 17 meses esperando. Que usted dé por bueno eso, resulta increíble»( Noemi M., Diputada)

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«En Asturias hay 60 familias adoptantes que ya han optado por este proceso. Los que no han elegido esta vía, continúan en lista de espera». La consejera de Bienestar del Principado, Teresa Ordiz, resumió así ayer los resultados del convenio de colaboración en materia de adopción internacional suscrito en abril entre el Gobierno regional y los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de la región.

Desde el pasado 1 de junio, el acuerdo permite a esos profesionales realizar los informes psicosociales necesarios para que las familias asturianas que quieren adoptar obtengan el Certificado de Idoneidad, un documento imprescindible para realizar una opción. Por esta opción de pago que supone abonar 1.000 euros es por la que se han acogido ya esas 60 familias asturianas en poco más de cuatro meses.

Ayer, en la Comisión de Bienestar Social celebrada en la Junta General del Principado, Teresa Ordiz admitió por vez primera que, quienes optan por esa vía, esquivan la lista de espera para obtener el preceptivo informe -una demora que en Asturias llega a 17 meses- frente a quienes optan por ser valorados por los equipos de la consejería, que sí deben esperar su turno.

«Atasco monumental»

«Nosotros no le ponemos una pistola a nadie para que opte por esa vía. Son muy libres de hacerlo. Pasa lo mismo que con la sanidad: si no te gusta la pública, te vas a la privada», argumentó la consejera a propósito de esa diferencia, al tiempo que aplaudió la conveniencia de una fórmula que, dijo, «ha permitido agilizar las valoraciones de idoneidad» y «acabar con el colapso y el atasco monumental» en las demandas de adopción internacional.

«No me parece ninguna incoherencia ni ninguna vía rara porque muchas personas van a agilizar mucho sus trámites», zanjó la titular de Bienestar Social, Teresa Ordiz, que puso como ejemplo de buen hacer que, en el caso de las adopciones nacionales, en lo que va de año, se han contabilizado un total de 21, cuatro más que en todo el pasado 2007.

El «objetivo claro» por el que Bienestar Social trabaja «intensamente», alegó después, «es que, en 2009, ninguna familia asturiana tenga que esperar más de seis meses por el certificado de idoneidad para adoptar», una exigencia incluida en el decreto en vigor.

La justificación de Ordiz cayó como una bomba entre la oposición. Para la diputada regional del Partido Popular (PP) Inmaculada González, la intervención de Ordiz demostró que el cargo le viene grande: «Si ya como viceconsejera no tenía ni idea, menos como consejera».

«¿Si son un gobierno tan socialista y tan progresista, por qué no hacen lo que otras comunidades autónomas, que es abonar el gasto?», preguntó González en referencia a que otras regiones cuentan con convenios similares al suscrito por el Ejecutivo autonómico, aunque el coste de la valoración es asumido íntegramente por la Administración.

«Quien paga, pasa primero», resumió la parlamentaria de Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes Noemí Martín, quien calificó de «radicalmente injusto y totalmente perverso el sistema» puesto en marcha por el Principado.

«Una cosa es que se contraten equipos para agilizar el proceso y otra muy distinta que quien pague 1.000 euros pase por delante en la lista de espera. Estamos diciendo que el que pueda pagar esa cantidad tiene prioridad sobre el que lleva 17 meses esperando. Que usted dé por bueno eso, resulta increíble», concluyó.
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La adopción en Asturias
Sin certificado: en febrero, 183 aspirantes a adoptar esperaban ser evaluados. 33 de ellos llevaban dos años en lista de espera para obtener el documento de idoneidad.
A la baja: el año pasado se presentaron 134 solicitudes de adopción, la cifra más baja desde 2004.
El año pasado: en 2007, se concretaron en Asturias 70 adopciones, 43 de carácter internacional y 17 nacionales.
A la espera: en la actualidad, el Principado tutela a 55 menores que pueden ser objeto de adopción. En lo que va de año se han formalizado 21 adopciones nacionales.
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Fuente: El Comercio/ Azahara Villacorta

Teresa O. comparece ante la Junta.

Un atasco monumental. Fueron los términos utilizados por Teresa Ordiz, consejera de Bienestar Social, para referirse al colapso que, según dijo ayer, heredó su departamento en materia de adopciones. Ordiz, que compareció ante la Junta General del Principado, se comprometió a que la Consejería de Bienestar Social reduzca a seis meses --tiempo que marca el actual decreto-- el periodo máximo de espera para la tramitación del certificado de idoneidad, requisito previo y obligado para formalizar una adopción.

Ordiz indicó que su departamento ha puesto ya en marcha diversas medidas para desbloquear el colapaso en que se encontraban las demandas de adopciones internacionales. La consejera citó el convenio de colaboración suscrito con los colegios profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales que abre una doble vía en la tramitación de la idoneidad. La consejera subrayó que 60 familias se han acogido ya a esta posibilidad. La titular de Bienestar Social reconoció sin tapujos que quienes acuden a la iniciativa privada --los colegios profesionales-- están consiguiendo, eso sí previo pago de mil euros, el certificado de idoneidad en dos meses frente a los 17 que soportan quienes se mantienen en el sistema público --los equipos de adopción internacional--. Ordiz aseguró que esta doble vía permitirá descongestionar el número de expedientes para que ninguna familia tenga que esperar más de seis meses. Ordiz aseguró también, con respecto a la adopción nacional, que en lo que va de año se han formalizado 21, cuatro más que en 2007.

Las afirmaciones de la consejera fueron duramente criticadas por los grupos de oposición. Inmaculada González, del PP, y Noemí Martín, de IU, calificaron de "perverso" el sistema toda vez que quienes acuden a la privada pasan por delante de quienes llevan meses de espera en los equipos públicos ( N. E.: el paga manda).

Ordiz recordó también que los padres asturianos cuentan además con las ayudas de apoyo a la natalidad, el llamado cheque bebé, del que se han beneficiado en su tramo autonómico este año ya 3.768. Otras 2.231 más han presentado su solicitud y están pendientes de recibir las ayudas de 500 euros en la segunda convocatoria de subvenciones.

La consejera aludió también a los menores extranjeros no acompañados. Ordiz aseguró que residen en Asturias cerca de 90. La consejera no concretó si se abrirá una unidad en Meres y avanzó que en estos momentos se está elaborando el primer programa de intervención( N. E.: Más mentiras).

Fuente: lavozdeasturias/JPZ (FOTO:Pablo L.)

«Hay que saber qué niño se adopta, para evitar problemas en el futuro»

En declaraciones a la Nueva España de DIANA MARRE Antropóloga, participó en un congreso de ASTURADOP:
" Experta en en el análisis social del fenómeno de la adopción internacional, la antropóloga argentina y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Diana Marre participó ayer en las segundas jornadas organizadas por la Asociación Asturiana de Adoptantes (Asturadop) en el Acuario de Gijón. Marre pidió una mayor sensibilización hacia las familias que se ven obligadas a entregar en adopción a sus hijos en países desfavorecidos económicamente. -¿Qué peculiaridades caracterizan a la adopción internacional frente a la de carácter nacional? -Cada grupo humano tiene sus formas de organizar las familias e incluso nuestra cultura tiene una gran diversidad. La gran diferencia entre la adopción nacional y la internacional está en este punto. Cuando uno adopta nacionalmente, lo hace dentro de su cultura familiar. En el caso de la internacional, el niño es de otra cultura, de otra raza, de otras características fenotípicas. Esto incrementa la desigualdad que entraña toda adopción. Porque para que uno sea declarado capaz para adoptar, tiene que haber alguien que sea declarado incapaz para criar a su hijo. Esto entraña un peligro que es ignorar la existencia de las familias de origen. El hijo adoptado tiene derecho a conocer su familia biológica. -Tras más de una década de experiencia, ¿cómo valora el funcionamiento de la adopción internacional en España? -El crecimiento de la adopción internacional en España tiene muchas causas. La primera es que España es un país rico, con un Estado del bienestar importante. Por eso, muchos niños que podrían ser adoptados son atendidos por el Estado. Porque el Estado así lo quiere. En segundo lugar, hay que decir que somos el país de Europa a la cola en la conciliación laboral y familiar. Esto obliga a que muchas mujeres retrasen la maternidad y, luego, ya no pueden ser madres y deben recurrir a la adopción. Por último, muchas madres no se pueden permitir un embarazo por cuestiones laborales. Todas estas causas influyen en el crecimiento de la adopción internacional en España. -¿Se dan casos de discriminación social sobre algún tipo de familia adoptante? -Por el mero hecho de ser una familia adoptante, no. Las familias monoparentales o monomarentales han crecido mucho en nuestro país y no creo que esto implique en sí una discriminación, como sí podría serlo en otros países. En el caso de España está bien asimilado que una madre decida sola formar una familia. Eso sí, las personas que optan por el modelo monoparental tienen mayor riesgo de fracaso al estar solos. Los problemas vienen por las dificultades que le traen aparejado el estar solo y no tener una pareja. Otro tema es el de las familias homoparentales, con dos personas del mismo sexo. Aquí se comete un error muchas veces. Porque, una vez pueden adoptar, hay que analizar a qué niños adoptan. Porque un niño de 8 años que viene de una cultura donde la homosexualidad es poco menos que delito, no entendería muy bien pasar a vivir de golpe con una familia formada por dos personas del mismo sexo. ". Lee la entrevista completar , realizada por E.Méndez

El Principado retiró en las últimas 24 horas la tutela de 4 recién nacidos

En lo que va de año Bienestar Social ha acogido a 20 bebés, muchos de ellos por renuncia expresa de los progenitores

Las familias adoptantes critican retrasos de hasta dos años para lograr la custodia

Cuatro recién nacidos pasaron ayer a depender del Principado. La Consejería de Bienestar Social decidió asumir su tutela temporal después de que los servicios médicos que atendieron los respectivos partos detectaran problemas de toxicomanías en las madres. En lo que va de año, han sido 20 los bebés cuya guarda y custodia ha pasado a manos de la Administración regional, en una tendencia al alza provocada por adiciones de las parturientas o, también, por la renuncia voluntaria de los progenitores en el momento del parto.

Así lo aseguró ayer en Gijón la directora general de Mayores, Infancia y Familias, Eva Sánchez, durante su ponencia en la sesión inaugural de las II Jornadas sobre Acogimiento, Adopción Nacional y Adopción Internacional que hasta hoy celebra en Gijón la Asociación Asturiana de Adoptantes, Asturadop.

Sánchez, que hasta la reciente remodelación de la consejería era la directora del Instituto de la Infancia, aseguró que «a pesar del evidente momento de desarrollo y bienestar de la sociedad asturiana», en los últimos dos años «se ha detectado un incremento de bebés que son puestos en adopción». Sin embargo, reconoció que, salvo en los casos de renuncia expresa de las madres, «14, en 2007», los demás implican un largo proceso de tramitación «porque, lo primero, es intentar que sus familias puedan hacerse cargo de ellos». Al final, cuando el bebé está en disposición de ser adoptado «ya ha cumplido los tres años».

62% casos en el aire

Ese largo lapso de tiempo fue objeto de crítica por los más de 90 padres y madres asistentes a las jornadas, ya que, como explicó el presidente de Asturadop, Joaquín García, «en Asturias se doblan los plazos de espera que se registran en otras comunidades». Tal y como lleva reivindicado Asturadop desde su creación, en 2005, el Principado incumple, incluso, su propia ley, «que marca un plazo de seis meses para obtener el certificado de idoneidad y, sin embargo, aquí se superan los 18 meses».

Eso genera, explicó García, «gran ansiedad y estrés en los adoptantes» y que «hasta el 62% de los casos se vean truncados los procesos». Para argumentar sus críticas ofreció datos oficiales, en los que se refleja que, desde 1999, en Asturias se presentaron 879 solicitudes de adopción. En el mismo periodo, sólo se culminaron 334. Por esa falta de agilidad, tanto en adopciones nacionales como en internacionales, García cree que «se están bajando las peticiones de adopción». De hecho, el año pasado se presentaron en Asturias 134 peticiones, la cifra más baja desde 2004.

Nuevo plan de infancia

Eva Sánchez asumió todas las críticas y reconoció que «tenemos retrasos de hasta dos años para dar el certificado» y que, en algunos casos, como en las adopciones con China, «hay familias que esperan desde hace casi tres años». Sin embargo, la directora general se mostró esperanzada «puesto que hemos reforzado los equipos de valoración», además de agilizar «los trámites». De hecho, aseguró que todas las críticas de los padres adoptantes se incluirán en el nuevo Plan de Infancia, 2008-2011, «que estará listo en diciembre».
Fuente: El Comercio/Ch.Tuya

El que paga adelanta

Dos meses y medio o tres pagando frente a los 20 meses de espera sin pagar. Es la diferencia entre la tramitación del certificado de idoneidad internacional, requisito previo y obligado para formalizar una adopción, entre el sistema público y el privado. El colapso en la tramitación de los certificados de idoneidad llevó hace un tiempo a la Consejería de Bienestar Social a poner en marcha un plan de choque en un intento de ahorrar a las familias esperas de casi 20 meses.

El Instituto de Infancia llegó entonces a un acuerdo con los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales y estableció una doble vía para la tramitación del certificado. Los padres adoptantes pueden optar ahora por acudir a los equipos públicos de adopción, y esperar los 20 meses, o lograr el certificado en menos de tres meses, previo pago de casi mil euros, gracias al trabajo de los colegios profesionales. Quien da el visto bueno, al final, es siempre la Administración regional, la autoridad competente.

Joaquín García preside la asociación de padres adoptantes Asturadop. García lleva tiempo insistiendo en que la externalización de los certificados de idoneidad se hizo mal. El presidente de Asturadop ha dirigido, de hecho, sus quejas a la oficina de la procuradora general del Principado. Y es que, en su opinión, la modalidad elegida por el Gobierno regional conculca la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. García subraya que la Consejería de Bienestar Social les hizo saber, primero de forma verbal, y más tarde mediante notificación, que aquellas familias que decidan ser valoradas por los colegios profesionales, pagando, tendrán derecho a adelantar a aquellas que las preceden y que hayan decidido ser valoradas por los equipos de la Administración pública, gratuitos. De este modo, las familias que recurren al sistema privado acortarán el largo y tortuoso camino hacia la adopción en al menos 17 meses frente a las que opten por el sistema público. Joaquín García sostiene que la Administración, antes de acometer esta medida, debería haber resuelto la bolsa de expedientes que llevan esperando meses en los equipos públicos de adopción internacional.

No sólo niñas chinas

La leche maternizada

Fuente:lavozdeasturias/JP Zariquiegui

Adopción Internacional: ¡Otro Fracaso!

Dos meses después de poner en marcha el plan de choque para acabar con las demoras en los trámites para la adopción internacional, medio centenar de familias asturianas ya se han acogido a la vía alternativa. De ese medio centenar, 23 tienen el certificado de idoneidad en la mano y pueden iniciar los trámites en el país que han elegido. Esos 23 expedientes representan el 26% de todos los certificados expedidos a lo largo de año en el Principado. Estos son los datos que maneja la Consejería de Bienestar Social a día de hoy, como primer balance.

Sin embargo, la asociación asturiana de padres adoptantes (Asturadop) ha vuelto a apelar a la procuradora general en su intento de agilizar las adopciones en Asturias. El colectivo denuncia la ineficacia del plan de choque diseñado por Infancia, que consiste en la contratación de equipos externos aportados por los colegios oficiales de Psicólogos y de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, y que la lista de demora para conseguir un certificado de idoneidad ya es de 20 meses. Además asegura que se están produciendo agravios comparativos entre las familias que pagan a esos trabajadores externos y los que siguen los trámites gratuitos con la Administración asturiana, ya que los que tienen recursos económicos agilizan los trámites mientras que el resto continúa al mismo ritmo.

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"Si ésta circunstancia fuera poca para considerarla un atentado a nuestros derechos,la Consejería de Bienestar Social nos hace saber, primero de forma verbal y mástarde mediante notificación, que aquellas familias que decidan ser valoradas por
TIPAI (pagando), tendrán derecho a “adelantar” a aquellas que le precedanen la lista de expedientes y que hayan decidido ser valoradas por losequipos de la Administración Pública (gratuito), a fin de tener su Certificadode Idoneidad sin posteriores demoras"(Queja a la Procuradora)

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LA QUEJA Estos son algunos de los aspectos que figuran en la carta que ayer mismo Asturadop remitió a la procuradora general, María Antonia Fernández Felgueroso. La asociación indica que su denuncia se suma a las que ya han presentado algunos padres a título individual y completa, además, de otra queja presentada el año pasado y que concluyó con una amonestación de Felgueroso a Infancia, exigiéndole que acortara los plazos para el certificado de idoneidad. Entonces la demora era de 17 meses, ahora las familias ya hablan del 20.

Asturadop se plantea incluso la legalidad de la tramitación que está llevando a cabo Infancia. Su directora general, Eva Sánchez, les remitió una carta a todas las personas que habían iniciado el expediente para acogerse a una adopción explicándoles la opción que se había abierto tras la firma de un acuerdo con los colegios oficiales. También les comunicaba el precio de esta gestión (unos 1.000 euros). A continuación señalaba que, una vez que estos equipos les entregaran los informes psicosociales necesarios para obtener el certificado de idoneidad, se continuaría con el procedimiento.

Para el presidente de Asturadop, Joaquín García, esto es una forma de "adelantar" a los que están dispuestos a pagar a los colegios oficiales. Así consta, por tanto, en la queja que han remitido a la procuradora. García señala que la asociación les exige que se respete el orden de solicitud y que no se resuelva primero el expediente de los que tienen recursos económicos.

VERSION OFICIAL Sin embargo, fuentes de la consejería rechazan de plano estas acusaciones. Señalan que esos 23 expedientes resueltos por la vía externa permiten aligerar la espera de aquellos padres que han optado por esperar a que los equipos de la consejería les valoren. Indican que esta medida está pensada para evitar colapsos no para primar a nadie y recuerdan que esta es la misma fórmula que se esta utilizando desde hace años con éxito en otras comunidades autónomas.

Sobre la legalidad de la normativa aprobada, el convenio con los colegios, estas mismas fuentes de Bienestar, afirman que está fuera de toda duda, ya que se hicieron todas las consultas necesarias antes de ponerla en marcha. Aseguran que su articulado es "impecable".

Pueden aportar datos sobre el funcionamiento de las medidas, pero lo que consideran muy precipitado es valorar los resultados del plan de choque. A sólo dos meses de la entrada en vigor de las medidas extraordinarias, dicen que es pronto para saber si está surtiendo efecto. A priori, es necesario que pase, al menos, un año para comprobar cómo está la lista de espera de las familias que pretenden iniciar una adopción internacional.

OTRAS DENUNCIAS La última queja es la suspensión de los cursos de formación de padres, unos talleres que se habían puesto en marcha a petición del colectivo, y que no se han vuelto a convocar desde abril. La asociación dice que la única justificación que se les ha dado es que la funcionaria encargada de la actividad está de baja.

La idea de volver a dirigirse a Maria Antonia Fernández Felgueroso surgió en las últimas semanas, porque, según Asturadop, se han roto los cauces de comunicación establecidos con Bienestar Social, consejería de la que depende el Instituto de Infancia y Familias. Joaquín García insiste en que han solicitado una reunión pero que no han obtenido respuesta, lo mismo que ha pasado con la petición de datos. Esto mismo les sucede cuando reclaman información de su caso particular. Dicen que reciben los datos con cuentagotas y que muchas veces son explicaciones "contradictorias".

La asociación señala que tiene documentación suficiente para demostrar todos estos desajustes que denuncia. Junto con la carta, también remiten a la procuradora, resoluciones que amplían plazos para concluir las peticiones, propuestas de valoración de los equipos de los colegios profesionales o solicitudes de idoneidad para la adopción internacional sin resolver.

Fuente: lavozdeasturias/SDM