Era una petición expresa de las mismas familias. Las asociaciones de adoptantes aplaudieron ayer la iniciativa de la Consejería de Bienestar Social de suprimir el cobro de las gestiones con los colegios profesionales. Tanto Asturadop como Andeni se mostraron ayer satisfechas por el anuncio de Noemí Martín, consejera de Bienestar Social y Vivienda, de suprimir el cobro de mil euros a aquellas familias que opten por equipos externos para tramitar la valoración de idoneidad.
Martín, en la entrevista que publicaba ayer este periódico, anunciaba cambios importantes en la gestión de los expedientes de adopción. La consejería reconocía como inaceptables los 20 meses de espera para la concesión de los certificados de idoneidad. La consejera matizaba que el Instituto de Infancia, de quien dependen las adopciones, revisará el funcionamiento de los equipos para agilizar los trámites.
Fernando Menéndez y Joaquín García, presidentes respectivamente de Andeni y Asturadop, saludaron ayer la propuesta de la consejera. Ambas asociaciones indicaron que ya habían indicado a Bienestar Social la perversión del sistema actual. El anterior equipo de Infancia había cerrado acuerdos con los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales para tratar de aligerar las esperas. Infancia abría así una doble vía. Las familias podían acogerse al sistema público y esperar 20 meses o al privado y, previo pago de mil euros, saltarse la lista de espera. El compromiso del nuevo equipo es corregir este funcionamiento por considerarlo perverso. Las dos asociaciones de padres adoptantes reclamaron también a Bienestar que paralelamente acometa las reformas necesarias y con carácter de urgencia para cumplir el tiempo previsto en el decreto regional de seis meses de máximo para lograr la valoración de idoneidad.
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