Sin embargo, la asociación asturiana de padres adoptantes (Asturadop) ha vuelto a apelar a la procuradora general en su intento de agilizar las adopciones en Asturias. El colectivo denuncia la ineficacia del plan de choque diseñado por Infancia, que consiste en la contratación de equipos externos aportados por los colegios oficiales de Psicólogos y de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, y que la lista de demora para conseguir un certificado de idoneidad ya es de 20 meses. Además asegura que se están produciendo agravios comparativos entre las familias que pagan a esos trabajadores externos y los que siguen los trámites gratuitos con la Administración asturiana, ya que los que tienen recursos económicos agilizan los trámites mientras que el resto continúa al mismo ritmo.
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TIPAI (pagando), tendrán derecho a “adelantar” a aquellas que le precedanen la lista de expedientes y que hayan decidido ser valoradas por losequipos de la Administración Pública (gratuito), a fin de tener su Certificadode Idoneidad sin posteriores demoras"(Queja a la Procuradora)
LA QUEJA Estos son algunos de los aspectos que figuran en la carta que ayer mismo Asturadop remitió a la procuradora general, María Antonia Fernández Felgueroso. La asociación indica que su denuncia se suma a las que ya han presentado algunos padres a título individual y completa, además, de otra queja presentada el año pasado y que concluyó con una amonestación de Felgueroso a Infancia, exigiéndole que acortara los plazos para el certificado de idoneidad. Entonces la demora era de 17 meses, ahora las familias ya hablan del 20.
Asturadop se plantea incluso la legalidad de la tramitación que está llevando a cabo Infancia. Su directora general, Eva Sánchez, les remitió una carta a todas las personas que habían iniciado el expediente para acogerse a una adopción explicándoles la opción que se había abierto tras la firma de un acuerdo con los colegios oficiales. También les comunicaba el precio de esta gestión (unos 1.000 euros). A continuación señalaba que, una vez que estos equipos les entregaran los informes psicosociales necesarios para obtener el certificado de idoneidad, se continuaría con el procedimiento.
Para el presidente de Asturadop, Joaquín García, esto es una forma de "adelantar" a los que están dispuestos a pagar a los colegios oficiales. Así consta, por tanto, en la queja que han remitido a la procuradora. García señala que la asociación les exige que se respete el orden de solicitud y que no se resuelva primero el expediente de los que tienen recursos económicos.
VERSION OFICIAL Sin embargo, fuentes de la consejería rechazan de plano estas acusaciones. Señalan que esos 23 expedientes resueltos por la vía externa permiten aligerar la espera de aquellos padres que han optado por esperar a que los equipos de la consejería les valoren. Indican que esta medida está pensada para evitar colapsos no para primar a nadie y recuerdan que esta es la misma fórmula que se esta utilizando desde hace años con éxito en otras comunidades autónomas.
Sobre la legalidad de la normativa aprobada, el convenio con los colegios, estas mismas fuentes de Bienestar, afirman que está fuera de toda duda, ya que se hicieron todas las consultas necesarias antes de ponerla en marcha. Aseguran que su articulado es "impecable".
Pueden aportar datos sobre el funcionamiento de las medidas, pero lo que consideran muy precipitado es valorar los resultados del plan de choque. A sólo dos meses de la entrada en vigor de las medidas extraordinarias, dicen que es pronto para saber si está surtiendo efecto. A priori, es necesario que pase, al menos, un año para comprobar cómo está la lista de espera de las familias que pretenden iniciar una adopción internacional.
OTRAS DENUNCIAS La última queja es la suspensión de los cursos de formación de padres, unos talleres que se habían puesto en marcha a petición del colectivo, y que no se han vuelto a convocar desde abril. La asociación dice que la única justificación que se les ha dado es que la funcionaria encargada de la actividad está de baja.
La idea de volver a dirigirse a Maria Antonia Fernández Felgueroso surgió en las últimas semanas, porque, según Asturadop, se han roto los cauces de comunicación establecidos con Bienestar Social, consejería de la que depende el Instituto de Infancia y Familias. Joaquín García insiste en que han solicitado una reunión pero que no han obtenido respuesta, lo mismo que ha pasado con la petición de datos. Esto mismo les sucede cuando reclaman información de su caso particular. Dicen que reciben los datos con cuentagotas y que muchas veces son explicaciones "contradictorias".
La asociación señala que tiene documentación suficiente para demostrar todos estos desajustes que denuncia. Junto con la carta, también remiten a la procuradora, resoluciones que amplían plazos para concluir las peticiones, propuestas de valoración de los equipos de los colegios profesionales o solicitudes de idoneidad para la adopción internacional sin resolver.
Fuente: lavozdeasturias/SDM
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