sábado, octubre 18

5.000 familias desean adoptar un niño español


Unas 5.000 familias han pedido adoptar a un niño español entre 2007 y lo que va de año, pero menos de un millar ha alcanzado su sueño, a pesar de que 30.000 menores viven tutelados en instituciones públicas. La reciente iniciativa parlamentaria socialista de aprobar una Ley de Adopción Nacional pretende mejorar la situación de los niños recogidos en los centros, aunque -según los expertos- sólo un 10 por ciento de ellos pueden ser objeto de adopción(¿?).

Uno de los frenos que sufre la adopción nacional frente a la internacional reside en la preferencia de las parejas de adoptar a menores de 3 años pues es más fácil su adaptación al hogar; no se opta de modo generalizado por los grupos de hermanos ni por niños con algún problema especial, ya sea psicológico o físico. Se suma a estas razones que muchas familias con niños en centros no desean darlos en adopción ni tampoco pueden o quieren hacerse cargo de ellos ( NE: Esto es incorrecto). Nota Editor: hay que añadir la lentitud de la administración, la falta de incentivos a adoptar y la inexistencia de una política de sensibilización social a favor de la adopción.)

La mayoría de las comunidades autónomas tienen abierta su "lista" de adopciones nacionales, aunque también hay casos como Madrid que acaba de optar por su apertura tras cuatro años de cierre. Según datos de la Comunidad de Madrid, cada año de 60 a 70 niños nacidos en la región son dados en adopción, sobre todo a través de renuncias hospitalarias. Frente a esta cifra, hay 2.503 familias madrileñas declaradas idóneas para acoger a un menor de 3 años. La citada lista está cerrada desde 1998 en Andalucía, salvo la de los 195 niños con necesidades especiales que viven en centros de la Junta. Dentro de este grupo están los mayores de 7 años, grupos de hermanos, que sufren alguna discapacidad o son portadores del virus del SIDA, entre otros.

En Cataluña, 143 menores fueron adoptados en 2007 (un 11 por ciento más que en 2006), y otros 103 niños pasaron de vivir en centros de tutela a hacerlo en familias en los ocho primeros meses de 2008. El número de adopciones de niños nacidos en Cataluña ha ido creciendo desde 2005, cuando se llevaron a cabo 121 procedimientos de este tipo, frente a los 128 del año 2006, y los 143 de 2007. Además, en 2007, por primera vez, se registraron seis adopciones de menores tutelados por la Generalitat mayores de ocho años.

En Asturias la lista de adopciones está abierta y hay 55 niños susceptibles de ser adoptados frente a las 93 solicitudes recibidas. Según la Consejería de Bienestar Social de Asturias, en 2007 hubo en la región 17 adopciones de niños españoles. En Castilla y León la lista de adopciones permanece abierta y el pasado año se solicitaron 67 adopciones nacionales, de las que 40 se llevaron a efecto; en 2008 -a 30 de junio- se entregaron en adopción a 21 pequeños españoles.

Igualmente, en Castilla-La Mancha la lista de adopciones está abierta y cualquier familia puede presentar su petición. Según la Consejería de Salud y Bienestar Social de esa comunidad, no hay una "bolsa" de niños en adopción, lo que hay es una lista de familias o personas susceptibles de adoptar un niño. Las adopciones de carácter regional o nacional son muy pocas y, por eso, en los últimos años han aumentado las internacionales; en 2007 un total de ocho menores encontraron un hogar y en lo que va de año seis.

En Galicia, 206 familias han tramitado su petición y 76 han logrado su objetivo; durante 2008 fueron entregados a la administración gallega para adopción 14 niños menores de un año. Por otro lado, la Comunitat Valenciana registró el pasado año 576 de demandas de adopciones nacionales y se llegaron a constituir 119. En Navarra hay 160 familias solicitantes y de ellas doce ya tienen desde 2007 al menor en su casa, mientras que en lo que va de año se han hecho seis propuestas de adopción y se ha entregado a un menor a una familia navarra.

Igualmente en el vecino territorio de La Rioja no está cerrada la opción de solicitar valoración para la adopción nacional y el pasado año se registraron 59 frente a las 30 en lo que va de año. Las familias riojanos con su hijo adoptado se elevan a 17 en 2007 y ocho hasta el 30 de septiembre de 2008. En Cantabria existen 193 personas/familias en lista de espera de adopción nacional, con un tiempo de espera aproximado de 6 a 8 años.

En 2007 se solicitaron en Cantabria 61 adopciones nacionales y se llegaron a realizar doce, además de 60 acogimientos preadoptivos (primero se constituye el acogimiento preadoptivo y después se pide el asentimiento por vía judicial para la adopción). En Vizcaya, territorio en el que la Diputación Foral ostenta las competencias en materia de adopción, se presentaron durante 2007 un total de 299 solicitudes, de las cuales 43 correspondían a niños españoles. Durante ese mismo año se concedieron 29 adopciones de nacionales sobre una cifra total de 130, ha informado a Efe dicha institución. La misma fuente ha indicado que durante los seis primeros meses de 2008 se solicitaron 36 adopciones nacionales y se concedieron 18. Por último, en Guipúzcoa se presentaron en 2007 un total de ocho peticiones de adopción de niños tutelados por la Diputación Foral.

Fuente: EFE/lavozdeasturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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