domingo, febrero 8

Infancia externaliza los trámites para la adopción internacional

Las familias que requieran un certificado de idoneidad para la adopción internacional serán derivadas directamente hacia los colegios profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales. Así consta expresamente en una carta remitida por Gloria Fernández Martínez, directora del Instituto de Infancia, a las familias que han iniciado ya los trámites de adopción internacional. La Consejería de Bienestar Social, de la que depende el Instituto de Infancia, pretende con la externalización de este trámite corregir unos tiempos de espera para la tramitación del certificado de idoneidad que superan con creces los límites de la normativa autonómica. El decreto de adopción internacional del Principado prevé una demora máxima para la resolución de los certificados de idoneidad de seis meses. El Instituto de Infancia ha llegado a tardar hasta 22.

El nuevo equipo de la Consejería de Bienestar Social asumió, al poco de tomar posesión su nueva titular, Noemí Martín, la necesidad de introducir cambios en la organización de los servicios relacionados con infancia. Adopciones ha sido uno de ellos. Hasta ahora, los padres que requieren un certificado de idoneidad para la adopción internacional, trámite previo e imprescindible para culminar el proceso, tenían dos posibilidades. Bien, acudir a los servicios de adopción internacional de la propia consejería o bien, se puso en marcha con el anterior equipo de Bienestar Social, recurrir a los servicios externos gestionados por los colegios profesionales. La Administración autonómica es, en todo caso, la responsable final del proceso. El problema hasta ahora residía en que las familias que optaban por la vía privada se saltaban la lista de espera y adelantaban a las que acudían a la vía pública.

La carta remitida por Gloria Fernández a los padres adoptantes, a la que ha tenido acceso este periódico, subraya textualmente que desde el 1 de enero se produjeron modificaciones en los procedimientos para las valoraciones. "Van a ser realizadas a través de los colegios profesionales de psicólogos y diplomados en trabajo social", dice la nota, "por encargo" de la consejería. Con este propósito, el Instituto de Infancia informa a las familias afectadas de que una copia del expediente será remitido, "por riguroso orden de solicitud" al Colegio de Psicólogos. Los profesionales asignados para realizar la valoración de idoneidad, según el escrito, se pondrán en contacto con las familias para realizar la valoración. Todos los informes serán remitidos después a Bienestar para continuar el procedimiento.

El comunicado deja claro también que el coste del servicio, cercano a los mil euros, será asumido por la Consejería de Bienestar Social. Esta era precisamente una reivindicación expresa de las familias. Joaquín García, presidente de Asturadop, felicitó a la Administración autonómica por haber atendido la petición de los adoptantes tanto en lo que respecta a la gratuidad como en el seguimiento por orden de llegada de los expedientes.

Fuente: La Voz de asturias/Pablo Z

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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