El que paga adelanta

Dos meses y medio o tres pagando frente a los 20 meses de espera sin pagar. Es la diferencia entre la tramitación del certificado de idoneidad internacional, requisito previo y obligado para formalizar una adopción, entre el sistema público y el privado. El colapso en la tramitación de los certificados de idoneidad llevó hace un tiempo a la Consejería de Bienestar Social a poner en marcha un plan de choque en un intento de ahorrar a las familias esperas de casi 20 meses.

El Instituto de Infancia llegó entonces a un acuerdo con los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales y estableció una doble vía para la tramitación del certificado. Los padres adoptantes pueden optar ahora por acudir a los equipos públicos de adopción, y esperar los 20 meses, o lograr el certificado en menos de tres meses, previo pago de casi mil euros, gracias al trabajo de los colegios profesionales. Quien da el visto bueno, al final, es siempre la Administración regional, la autoridad competente.

Joaquín García preside la asociación de padres adoptantes Asturadop. García lleva tiempo insistiendo en que la externalización de los certificados de idoneidad se hizo mal. El presidente de Asturadop ha dirigido, de hecho, sus quejas a la oficina de la procuradora general del Principado. Y es que, en su opinión, la modalidad elegida por el Gobierno regional conculca la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. García subraya que la Consejería de Bienestar Social les hizo saber, primero de forma verbal, y más tarde mediante notificación, que aquellas familias que decidan ser valoradas por los colegios profesionales, pagando, tendrán derecho a adelantar a aquellas que las preceden y que hayan decidido ser valoradas por los equipos de la Administración pública, gratuitos. De este modo, las familias que recurren al sistema privado acortarán el largo y tortuoso camino hacia la adopción en al menos 17 meses frente a las que opten por el sistema público. Joaquín García sostiene que la Administración, antes de acometer esta medida, debería haber resuelto la bolsa de expedientes que llevan esperando meses en los equipos públicos de adopción internacional.

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Fuente:lavozdeasturias/JP Zariquiegui