martes, septiembre 23

El que paga adelanta


Dos meses y medio o tres pagando frente a los 20 meses de espera sin pagar. Es la diferencia entre la tramitación del certificado de idoneidad internacional, requisito previo y obligado para formalizar una adopción, entre el sistema público y el privado. El colapso en la tramitación de los certificados de idoneidad llevó hace un tiempo a la Consejería de Bienestar Social a poner en marcha un plan de choque en un intento de ahorrar a las familias esperas de casi 20 meses.

El Instituto de Infancia llegó entonces a un acuerdo con los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales y estableció una doble vía para la tramitación del certificado. Los padres adoptantes pueden optar ahora por acudir a los equipos públicos de adopción, y esperar los 20 meses, o lograr el certificado en menos de tres meses, previo pago de casi mil euros, gracias al trabajo de los colegios profesionales. Quien da el visto bueno, al final, es siempre la Administración regional, la autoridad competente.

Joaquín García preside la asociación de padres adoptantes Asturadop. García lleva tiempo insistiendo en que la externalización de los certificados de idoneidad se hizo mal. El presidente de Asturadop ha dirigido, de hecho, sus quejas a la oficina de la procuradora general del Principado. Y es que, en su opinión, la modalidad elegida por el Gobierno regional conculca la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. García subraya que la Consejería de Bienestar Social les hizo saber, primero de forma verbal, y más tarde mediante notificación, que aquellas familias que decidan ser valoradas por los colegios profesionales, pagando, tendrán derecho a adelantar a aquellas que las preceden y que hayan decidido ser valoradas por los equipos de la Administración pública, gratuitos. De este modo, las familias que recurren al sistema privado acortarán el largo y tortuoso camino hacia la adopción en al menos 17 meses frente a las que opten por el sistema público. Joaquín García sostiene que la Administración, antes de acometer esta medida, debería haber resuelto la bolsa de expedientes que llevan esperando meses en los equipos públicos de adopción internacional.

No sólo niñas chinas

La leche maternizada


Fuente:lavozdeasturias/JP Zariquiegui

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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