Uno, dos y tres... asuntos sociales

S OY de los que piensa que en política ningún hecho es menor, pero en política social, además, cualquier hecho, aparentemente menor, es trascendente, y así debe ser. La política de lo pequeño, la que afecta al ciudadano en sus mínimas expresiones, determina la vida de tal modo, que los análisis genéricos que niegan la mayor de lo pequeño, aunque técnicamente sean irreprochables, humanamente son erráticos. Hemos asistido a un parón en las negociaciones de acuerdo de gobierno para Asturias porque se han enredado en ellas asuntos para algunos nimios, pero que, en conjunto, son de enorme trascendencia.

Desde la Consejería de Bienestar Social, y durante esta legislatura, se han empeñado en deshacer y reinventar políticas que habían demostrado su eficacia y que estaban ajustadas a ley y derecho.

El Plan General de Residencia del ERA, que se aprobó en 2003, redefinía las residencias de ancianos como espacios socio-terapéuticos, abiertos a la comunidad, donde la simple estancia de los mayores se complementaba con una serie de servicios en horario de mañana a cargo de técnicos cualificados que permiten la mejora de la vida de las personas que viven en ellas. En dichas residencias se llevaban a cabo tareas terapéuticas que mejoraban la calidad de vida de los ancianos dependientes (algo que solamente ocurre, de forma general, en las residencias públicas o concertadas).

Pues bien, una resolución de la gerencia del ERA de hace dos semanas anuló el contrato de dichos trabajadores (técnicos de no más de 700 euros/mes y largos desplazamientos) y pretendió privatizarlo otorgando su concesión a una empresa que por idéntico servicio se iba a embolsar los beneficios del contrato de gestión y convertir a los trabajadores, ya de por sí precarios, en machacas cualificados de 400 euros/mes, purgando previamente la plantilla. Resultado, a día de hoy ninguna residencia cuenta con este servicio, y a los ancianos que les den. La gestión pública de las plazas residenciales garantiza la calidad de la atención, porque permiten dotarse de personal cualificado, pagado según convenio y con horario laboral acorde con las necesidades del servicio. Y, si no se cree, visítense residencias privadas y véanse las condiciones infernales a las que están sujetos los trabajadores, y su repercusión en la calidad de vida de sus moradores, de modo que la discusión sobre lo público o lo privado tiene que ver con la calidad y no con la ideología (¿o la calidad e ideología son la misma cosa?; que se lo pregunten a Esperanza Aguirre). En pequeños municipios es muy difícil encontrar personal cualificado que quiera trabajar en dichos establecimientos. El salario, frente a los costes de desplazamiento y estancia de los trabajadores, hace que en este tipo de municipios los pequeños centros sean viables solamente con trabajadores del entorno. Ahí sí puede tener sentido la gestión privada o concertada, pero siempre en unidades de convivencia de pequeño tamaño (mini-residencias o viviendas tuteladas).

En política de infancia, haber hecho la vista gorda con los conflictos de atención a los menores extranjeros no acompañados, en la Unidad de Primera Acogida, ha generado un conflicto de una magnitud extrema que no acaba de resolverse por ineficacia de quienes son responsables de tomar decisiones, y que repercute en los derechos de los propios menores y del personal, algo que, como mínimo, es reprobable políticamente, y que puede constituir hasta un delito de omisión.

De la política de adopciones mejor no hablar. La gestión privada de las idoneidades está demostrando la sinrazón de privatizar ciertos servicios sensibles, pero para algunos no es más que un debate ideológico entre la vieja izquierda y las modernas formas de gestión socialdemócrata (con tufo liberal, eso sí).

Fuente: El comercio/ Juan Igancio González