Cómo lo político y social determina lo económico (en España)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista TEMAS PARA EL DEBATE, enero de 2011

Este artículo analiza las causas políticas del subdesarrollo social de España y de la crisis económica y financiera actual. El enorme poder de las fuerzas conservadoras en España ha sido responsable de una de las desigualdades sociales más acentuadas en la UE, que ha determinado un enorme endeudamiento de las clases populares así como un acentuado crecimiento de las rentas del capital financiero, invertido principalmente en actividades especulativas. La solución de la crisis requiere unas medidas redistributivas de improbable realización resultado del enorme desequilibrio de fuerzas en la relación capital-trabajo en España excesivamente sesgado a favor del primero. 

Los determinantes políticos y sociales de la economía
En una conferencia sobre el futuro de la economía, creo que debe analizarse el contexto político en el que tal economía se ha desarrollado. Ello debiera ayudarnos a entender la relación entre poder político y configuración económica en nuestro país. Esto adquiere incluso mayor importancia cuando queremos entender la relación entre lo social y lo económico, pues ambas dimensiones están determinadas por el mismo contexto político. De ahí que en esta presentación, haré un análisis de la situación social de España (caracterizada por unas enormes desigualdades sociales), analizando las causas de estas desigualdades, que son las mismas que explican el subdesarrollo social y económico de España.

Las desigualdades como causa de nuestros problemas, incluidos los económicos
Según los últimos datos disponibles sobre la distribución de las rentas y de la riqueza en los países desarrollados, España es uno de los países con mayores desigualdades. Mírese como se mire, las desigualdades de renta son de las mayores existentes en la UE-15. Por ejemplo, la renta disponible de la decila superior en España es 10.3 veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En Finlandia es 5.6 veces, en Suecia 6.2, en Alemania 6.9, y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Más desiguales son EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña, 13.8.

Si en lugar de este indicador consideramos el indicador más utilizado en la literatura económica (el Gini Coefficient), entonces España tiene un coeficiente de Gini de 0.347, uno de los más altos de los países de la OCDE (cuanto más cercana sea la cifra a 1, mayor desigualdad). La gran mayoría de países están por debajo del de España. Algunos, de nuevo EEUU, con 0.408,y Gran Bretaña con 0.360, están por encima, es decir, son más desiguales.

Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la situación es incluso peor. La concentración de la riqueza en España es de las más acentuadas en la OCDE. Así, el 10% de las familias (households) posee el 58% de toda la propiedad. En realidad, el 1% de la población de renta superior posee el 18% de toda la propiedad. La gran mayoría de la población tiene escasísima propiedad (como máximo: casa y coche). Como punto de comparación, en Finlandia el 1% de la población más rica posee el 10% de la propiedad, y el 10% posee el 45% de la propiedad. Estados Unidos es incluso más desigual. El 1% de la población más rica posee el 33% y el 10% más rico posee el 71% de la propiedad.

Una consecuencia de estas desigualdades es que a mayor desigualdad mayor nivel de pobreza. Y de ahí que España sea uno de los países con mayor pobreza en la OCDE. El 15% de los niños viven en familias pobres (cuyo nivel de renta está por debajo de la mitad de la mediana de renta del país). De nuevo, la mayoría de países de la UE-15 tienen unos niveles de pobreza infantil mucho más bajos. Dinamarca (el más bajo) 2.4%, Finlandia 3.4%, Noruega 3.6%, Suecia 3.6%, Francia 7.3%, Holanda 9%, Alemania 10.9%,y así un largo etcétera. Gran Bretaña 16.2% y EEUU 21.7% tienen mayor pobreza.

Pero es un error ver las desigualdades como un fenómeno que afecta sólo a los extremos, es decir a los ricos y a los pobres. Nos afecta a todos.

¿A qué se deben estas desigualdades?
Existe el peligro en estos análisis económicos de ver estas desigualdades como consecuencia, primordialmente, de (A) factores económicos y demográficos (tales como la globalización económica, la estructura demográfica, los distintos niveles de formación y educación, entre otros) que, aún cuando útiles para entender la evolución de la estructura económica y social, son insuficientes, porque las causas reales de estas desigualdades son causas (B) políticas, entendiendo como tales las relaciones de poder, entre las cuales, el poder y conflicto de clases sociales son los determinantes. La relación capital-trabajo continúa siendo central en el análisis de nuestras sociedades. Y su expresión a través del estado es clave para entender cómo estas relaciones de poder se reproducen. Fue el gran pensador de la socialdemocracia sueca, y uno de los intelectuales más influyentes en políticas públicas y sociales en el mundo anglosajón, el profesor Walter Korpi, del Instituto Karolinska de Suecia, que en su excelente libro The Democratic Class Struggle (desgraciadamente nunca traducido al castellano) estableció la lucha de clases como la variable más importante para entender nuestras sociedades, incluyendo nuestras economías. Fíjense que los países que están siendo más afectados por la crisis actual en la Eurozona son países con enormes desigualdades, tales como los países PIGS, cerdos en inglés (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain). Estos países son los países que tienen mayores desigualdades sociales en la Eurozona, como consecuencia de haber estado gobernados durante más tiempo desde la II Guerra Mundial por regimenes fascistas o fascistoides (España y Portugal) y regimenes autoritarios de la derecha más reaccionaria (Grecia e Irlanda), causa de sus enormes desigualdades y de sus dificultades actuales.

Las causas políticas del subdesarrollo social de españa y sus grandes desigualdades
En España la causa del subdesarrollo social y del enorme crecimiento de las desigualdades se basa predominantemente en tres hechos. Uno, es la dictadura fascista, enormemente represiva (según el profesor Malekafis, Catedrático de Historia Europea, y uno de los mayores expertos en fascismo en Europa, por cada asesinato que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), y que careció de sensibilidad social. Era una dictadura de clase en frente de la clase trabajadora, y cuando el dictador murió, España se gastaba en su estado del bienestar sólo un 14% de su PIB. El promedio de los países que más tarde constituyeron la Unión Europea de los Quince (UE-15) era ya el 22% del PIB (datos de 1975). Este enorme retraso social era la causa del enorme retraso económico de España.

La transición de la dictadura a la democracia no fue una rotura, sino una continuación del estado anterior, indudablemente enriquecido con el principio de soberanía popular (reconocida en la Constitución Democrática), pero con un claro dominio de aquel estado por la nomenclatura del estado anterior, que mantuvo un estado muy poco redistribuidor, con claras insuficiencias en la progresividad de su política fiscal, que determinó un estado del bienestar muy insuficiente, y ello a pesar de los indudables avances que se hicieron en la época del gobierno socialista (1982-1996).

La otra causa de las elevadas desigualdades es la manera como se realizó la integración de España a la UE y a la Eurozona, lo cual se hizo a base de aumentar el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15. He escrito extensamente sobre este punto (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. 2006), mostrando que la reducción del déficit público del estado (necesario para alcanzar el criterio de Maastricht, que era que tal déficit no podía ser superior al 3% del PIB) se hizo a costa de reducir el gasto público social, primero en términos absolutos, en la etapa 1993-1995, y más tarde en términos relativos (del 1995, último año del gobierno PSOE, al 2004, último año del gobierno PP) permitiendo un crecimiento del gasto público social mucho más reducido que el promedio de la UE-15. Ello explica que en el 2004 el déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social por habitante entre España y la UE-15) fuera mayor que en 1993. Como consecuencia, las desigualdades eran también mayores en 2004 que en 1993, puesto que el gasto público social es una de las intervenciones más reductoras de desigualdades en España.

Una tercera causa de las desigualdades era la política fiscal (que aumentó su regresividad en el periodo 1993-2004) resultado del descenso de los impuestos directos (durante la alianza PSOE-CiU en el periodo 1993-1996, PP-CiU en 1996-2000 y gobierno PP en 2000-2004), y de la desregulación del mercado laboral (con notable descenso del porcentaje que las rentas del trabajo supusieron sobre las rentas totales). El proceso de acumulación de capital se basó en unos salarios bajos, en una política fiscal regresiva, y en un escaso desarrollo del estado del bienestar español. Los datos que he publicado en otros estudios, así como las investigaciones del Observatorio Social de España (ver los volúmenes I, II y III de la Situación Social en España) avalan claramente esta interpretación de lo acaecido.

Las causas sociales de las crisis actuales
El descenso de las rentas del trabajo llevó a un enorme endeudamiento de las familias españolas, que pudo sostenerse debido al elevado precio de la vivienda, que era el aval para conseguir el crédito. Pero cuando el mercado inmobiliario explotó, las familias, profundamente endeudadas, tuvieron que enfrentarse con un problema grave. En términos económicos, ello supuso un bajón enorme de la demanda, y como resultado de ello, una enorme reducción del crecimiento económico. Y el estado español también vio aumentar su déficit, como consecuencia del descenso de la actividad económica (el 50% de tal déficit se debió a esta causa), de la disminución de impuestos (el 40%) y del aumento del gasto público (sobre todo en seguro de desempleo) para estimular la economía (sólo un 10%).

Por otro lado, la enorme concentración de las rentas del capital (que se consiguió a costa de las rentas del trabajo), fue responsable del comportamiento especulativo de la banca, estableciendo el complejo bancas-inmobiliarias-construcción, que fue el motor del mal llamado milagro español de creación de empleo. La banca española estaba, a su vez, profundamente endeudada con la banca alemana y francesa que poseían el 62% de la deuda bancaria exterior.

Periodo 2004-2010
El gobierno socialista hizo reformas sociales novedosas e importantes. Y el gasto social aumentó significativamente. Pero –y es un gran pero- el crecimiento del gasto público social no fue resultado de una mayor carga impositiva, dentro de una política fiscal más progresiva (en realidad, la regresividad aumentó en el periodo 2004-2010), sino de un notable crecimiento económico. Es más, las enormes desigualdades de rentas y el peso excesivo de las rentas de trabajo en la contribución fiscal al estado, explica que el descenso de la actividad económica inmediatamente creara, además de un enorme crecimiento del desempleo y una reducción de la ocupación, un notable descenso de los ingresos al estado. El elevado déficit estructural público del estado se debe, en gran parte, a la excesiva dependencia de los ingresos al estado de las rentas del trabajo y escasa aportación de las rentas del capital, aportación que fue incluso más baja, resultado de la disminución de los impuestos llevada a cabo por todos los gobiernos (tanto del PP como del PSOE). Es de una enorme malicia considerar que el elevado déficit se debe al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social). En realidad, España es el país que tiene el gasto público social más bajo de la UE-15, y es el que tiene un porcentaje de la población adulta empleada en los servicios del estado del bienestar más bajo (9%, comparado con 15% en la UE-15, y 25% en Suecia). Y es este bajo empleo en los servicios del estado del bienestar que es, en gran parte, responsable de la baja tasa de población empleada en España. El retraso del estado del bienestar es un obstáculo para el desarrollo económico de España.

¿Qué hay que hacer?
En realidad, las medidas son fáciles de ver. Y se basan en la corrección de lo que se ha hecho mal durante estos años. Y principalmente, corregir las enormes desigualdades, tanto de renta como de propiedad, recuperando la progresividad en las políticas fiscales. Otra intervención es incrementar los ingresos al estado corrigiendo el enorme déficit del gasto público social por habitante del promedio de la UE-15, utilizando el gasto público en la infraestructura social del país, como medida de estímulo de la economía. Una de las causas del subdesarrollo económico es el subdesarrollo social que se refleja en un deficiente e incompleto sector público.

Debiera también facilitarse la integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante el desarrollo del 4ª Pilar del Estado del Bienestar que, como se planteó en su inicio, debiera incluir el derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios. Los déficits de recursos humanos debieran cubrirse predominantemente a través de la incorporación laboral de la mujer. Si todos los países de la UE tuvieran el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría más mano de obra disponible en la UE que la que se conseguiría con la integración de Turquía en la UE.

Una medida también necesaria para aumentar la productividad debería ser prohibir salarios bajos (bien a través de los convenios colectivos, bien a través de incrementar el salario mínimo), tal como hizo Suecia en las reformas Meidner. La enorme disponibilidad de mano de obra barata (inmigrantes incluidos), ha sido una de las causas de la baja productividad. Y ni que decir tiene, acentuar la formación profesional, el punto más flaco en el sistema educativo español.

Otra medida sería la de garantizar el crédito, primero mediante el establecimiento de bancas públicas (transformando las cajas en bancos públicos) y en segundo lugar, regulando y gravando a los bancos privados, y muy en especial a los fondos especulativos.

Todas estas medidas y otras dependerán a su vez de la correlación de fuerzas en los próximos años. Hoy en España el capital, y muy en particular, el financiero, tiene excesivo poder a costa del capital productivo y del mundo del trabajo. Como decía Walter Korpi en su libro Democratic Class Struggle existen momentos históricos en que tal poder interviene obstaculizando el pleno desarrollo del enorme potencial que tiene la raza humana. Creo que este es uno de estos momentos. Tal futuro podrá desarrollarse si las fuerzas del trabajo pueden recuperar el poder político y social perdido y con ello recuperar el espacio económico. Termino pues estas notas subrayando que me he centrado única y exclusivamente en España, a fin de equilibrar la gran atención que se da, con razón, al contexto europeo y mundial, en donde España existe.

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http://www.vnavarro.org/?p=5202

¿Qué medidas se tomarían para "rescatar" a España?

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Posted: 23 Dec 2010 09:56 AM PST Publicado en Sistema Digital el 23 de diciembre de 2010 Analicé en un artículo anterior (¿A quién interesa y cómo sería el rescate de España? (http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/index.php?option=com_content task=view id=2044 Itemid=16)) las circunstancias que a mi entender podrían dar lugar a un rescate de la economía española, qué naturaleza han tenido otros anteriores y a quién podría interesar que se llevara a cabo en España en un futuro inmediato. También señalé que si bien la situación de la economía española es delicada, como triple consecuencia de la crisis internacional, del agotamiento de nuestro modelo productivo y de la escasa capacidad de maniobra que tenemos como miembros de una unión monetaria mal diseñada, no es cierto, sin embargo, que no vaya a poder hacer frente a los compromisos de pago generados por el incremento de la deuda. Indiqué que una cosa es tener una deuda elevada (y España ni siquiera la tiene en comparación con la media europea, aunque sí padece un grave problema de déficit exterior) y otra no poder hacerle frente, porque esto no depende solo de su magnitud. En ese artículo anterior decía que los problemas que nos afectan se derivan más bien de una presión artificial de los mercados , es decir, de los inversores institucionales que están especulando con nuestros títulos, y de los mayores acreedores de la banca privada española que buscan mejorar sus posiciones para garantizarse el cobro más rápido y seguro posible de la deuda. Comenté también que esta presión es en cierta medida alentada en tanto que es la vía por la que se está obligando al gobierno a adoptar medidas liberalizadoras y de recorte de derechos que solo favorecen a los grandes capitales. Concluía el artículo señalando que la combinación de todas esas circunstancias me llevaba a pensar que el rescate de España, de llevarse a cabo, sería claramente el resultado de una inducción y no de una circunstancia de insolvencia objetiva o estructural de la economía española. Pues bien, en este nuevo artículo voy a tratar de indicar cuáles serían las medidas que a mi juicio se obligaría a tomar al gobierno español si el rescate se produjese. Como es sabido, un rescate se lleva a cabo cuando un Estado no puede hacer frente a los compromisos de su deuda. En esa situación, la institución que rescata proporciona un préstamo para que los liquide cuanto antes y al mismo tiempo impone la adopción de un abanico de medidas en principio dirigidas a garantizar la devolución del préstamo al nuevo acreedor y a incrementar los ingresos con los que se supone que puede saldar mejor la nueva deuda. En los rescates que se han venido haciendo desde hace décadas por parte del Fondo Monetario Internacional (que en el caso español seguramente tendría que intervenir apoyando a la Unión Europea, dada la magnitud que tendría nuestro eventual rescate ) esas medidas han conformado los llamados planes de ajuste estructural que básicamente respondían al llamado consenso de Washington que fue la manera elegante de denominar a la política económica neoliberal que era la bien vista por Estados Unidos. Entre otras, las siguientes: - Recorte de gasto público y sobre todo de los gastos sociales superfluos según los principios neoliberales al uso, en sanidad, educación o prestaciones sociales. - Liberalización de las actividades económicas mediante reformas de los mercados orientadas a potenciar la iniciativa privada y a limitar los contrapoderes públicos, sindicales o institucionales de todo tipo. - Privatización de empresas y servicios públicos. - Máxima apertura al exterior para garantizar la entrada de capitales extranjeros y eliminación de todo tipo de trabas jurídicas o institucionales a la inversión extranjera. - Medidas para mejorar la gobernanza que igualmente llevaban consigo liberalización en sectores culturales, reformas electorales y promoción de nuevos valores y formas de socialización. - Devaluación de la moneda nacional con el fin de favorecer las exportaciones y así adquirir divisas con las que pagar la deuda. - No es este el momento de comentar los efectos negativos de estos programas, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido que reconocer. En casi todos los países en donde se aplicaron produjeron caídas en la actividad económica, menor ingreso, altas cifras de pobreza y exclusión social, empeoramiento de la situación de partida de las economías y, en suma, peores resultados que los alcanzados por países que aplicaron programas de reactivación basados en principios diferentes. Para el propósito de este artículo simplemente me basta con señalar que, desde el punto de vista de la generación del ingreso, lo que se buscaba con estos planes era, expresado de forma muy resumida, sustituir demanda interna (que se consideraba insuficiente y además incapaz de generar ingresos para hacer frente a la deuda puesto que no se traducían en divisas) por demanda externa, fomentando las exportaciones y disminuyendo importaciones gracias a la devaluación. Y, al mismo tiempo, vincular la generación de esta última a la iniciativa privada, en su mayor parte ligada a capitales procedentes del exterior. En el caso de los rescates que se acaban de producir en Europa se han seguido los mismos principios de actuación, si bien ahora se dan dos diferencias fundamentales: En primer lugar, que la mayoría de esas medidas de ajuste ya se habían venido aplicando antes del rescate. En segundo lugar, que ahora, al tratarse de países que forman parte de una unión monetaria, no puede producirse la devaluación de su moneda. La primera circunstancia implica que los efectos ya de por sí depresores de la actividad y del empleo de esas medidas liberalizadoras y de recorte de gasto se amplifican para mal porque vienen a endurecer las ya tomadas anteriormente. El reciente caso de Irlanda es bien expresivo de esto último. Se trata de un país ejemplar a la hora de aplicar las medidas de liberalización, privatización y recorte de gastos sociales antes de la crisis, durante su desarrollo y como respuesta a ella (ver mi artículo Irlanda como ejemplo (http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/index.php?option=com_content task=view id=2015 Itemid=16))Y una prueba paradójica de que la pretendida medicina que comporta el rescate no sirve para curar su problema de solvencia sino para empeorar la situación de su economía es que, después de aplicarse el ajuste, las agencias afirman que bajarán la calificación de Irlanda porque el anunciado recorte del gasto de 15.000 millones en los cuatro próximos años para reducir el déficit al 3% del PIB supone un considerable lastre añadido sobre las perspectivas de recuperación del país (http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2683629/12/10/Economia-MacroAmpl-Moodys-rebaja-cinco-escalones-el-rating-de-Irlanda-hasta-Baa1-con-perspectiva-negativa.html%29) (En Eleconomista.es: http://bit.ly/i40DN2) (http://bit.ly/i40DN2%29). Por otro lado, el hecho de que en los países europeos rescatados o amenazados por el rescate no se pueda devaluar también tiene implicaciones importantes. La devaluación es una forma muy drástica de devolver competitividad a una economía porque al depreciarse su moneda se facilita la exportación que proporciona ingresos y se encarece la importación, que los disminuye. Es verdad que la devaluación es la competitividad de los pobres , es decir, de los países que no pueden mejorar su saldo exterior por otras vías, y que es una forma un tanto falsa de competir, porque no equivale a hacer mejor las cosas sino a ofrecerlas a menor precio. Pero lo cierto es que cuando ese tipo de países se encuentran en una situación apurada, precisamente porque han de competir con países más fuertes y con industrias de mejor calidad o más innovadoras y eso les ha producido un fuerte déficit exterior y presupuestario, no les suele quedar más remedio que recurrir a esta vía. Porque si no lo hacen tienen que asumir recortes salariales mucho más drásticos y perjudiciales para su demanda interna. Y la experiencia histórica demuestra (como en el caso español) que estas devaluaciones competitivas (que también las llevan a cabo los propios países más ricos, como desde hace meses Estados Unidos) o bien son la única fórmula de no caer en una situación de insolvencia o incluso que a partir de ellas se puede volver a respirar y a ganar posiciones en los mercados que faciliten incrementos en el ingreso. Sin embargo, cuando no es posible recurrir a la devaluación, como ahora en el caso de estos países de la periferia europea, y cuando además no se modifican las condiciones de entorno a las que me referiré en un artículo posterior, no es posible esperar que se mejoren los ingresos por exportaciones. Eso significa que el rescate da lugar a una pérdida neta de actividad e ingreso. De ingreso interno porque el recorte de gasto deprime la demanda, y externo porque sin devaluación es imposible recuperar el ingreso exterior. Aunque, eso sí, se trata de una pérdida de ingreso que está muy asimétricamente repartida. Por un lado, eleva el de los que verdaderamente son rescatados : los bancos y, en general, los grandes deudores. Y, por otro, disminuye el de los demás sectores sociales que tras el rescate han de pagar el nuevo préstamo y con él la nueva deuda, mayor y generalmente más cara. Además, las grandes empresas y entidades financieras que disfrutan de mercados internos cautivos (cuya demanda apenas cae aunque se reduzca el ingreso) o que han instalado una buena parte de su actividad fuera del país precisamente para esquivar la baja competitividad de la economía, se ven menos o casi nada afectadas por el deterioro de la demanda interna como consecuencia de las políticas previas y posteriores del ajuste. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas y las de base exportadora soportan la gran carga del ajuste, y como estas son las que soportan la mayor parte del empleo, es por lo que los ajustes vinculados al rescate suelen tener unos efectos tan negativos también sobre él. En el caso español, es fácil comprobar que este ajuste se viene ya desarrollando por anticipado , justamente como resultado de la extorsión que los mercados , las grandes patronales y las autoridades europeas vienen realizando sobre el gobierno. Los mercados se han ido adelantando para imponer sus condiciones a medida que van rescatando al Estado financiando su deuda. Pero eso no quiere decir que si finalmente se dieran las circunstancias que en mi anterior artículo señalé que podrían inducir o provocar el rescate ya no fuese necesario llevar a cabo nuevas medidas de ajuste de este tipo o que fuesen suficientes las llevadas a cabo. Todo lo contrario. Se puede aventurar que las condiciones que se impondrían para efectuarlo serían mucho más severas y cualitativamente diferentes teniendo en cuenta las especiales circunstancias que con toda probabilidad se darían en ese momento. Primero, la situación aún más crítica e indefensa a la que se habría llegado; segundo, que la tensión que podría hacer posible el rescate habría supuesto un deterioro excepcional de nuestra posición financiera en los mercados (por muy provocado o artificial que pudiera ser); y tercero, que el rescate sería muy costoso porque generaría una deuda añadida más cara que la actual y porque seguramente estaría asociada al descubrimiento de un agujero multimillonario en el sistema financiero, más o menos equivalente a la deuda con los acreedores más potentes de la banca española. Y además de ello, porque es lógico que si se llegase a esa situación se entraría en una fase de gran debilidad política e institucional que provocaría una especie de río revuelto que los grandes poderes económicos aprovecharían con toda seguridad para poner en marcha el proyecto, hasta ahora semioculto, fundamentalmente encaminado a reconstituir el tejido institucional , en palabras de un reciente estudio de la Fundación FAES ( Un Estado Autonómico racional y viable , p.112, en fundacionfaes.es (http://www.fundacionesfaes.es/)). De llevarse a cabo el rescate inducido de España lo que sucedería sería más o menos lo siguiente. Después de un tiempo de convulsión financiera y política se acordaría un préstamo de gran magnitud y con un tipo elevado, como ha ocurrido en Irlanda que lo ha recibido al 5,8%. En el contexto de perturbación que esa situación lógicamente produciría se podría justificar la puesta en marcha un amplio y durísimo plan de medidas que tendría posiblemente los siguientes contenidos: a)Profundización en la reforma laboral que definitivamente eliminase las trabas a la libre negociación entre las partes, modificando el sistema de negociación colectiva, disminuyendo el poder y la presencia de las organizaciones sindicales en las relaciones laborales y simplificando la contratación. b) Reforma del sistema de pensiones en la línea que vienen demandando las entidades financieras y los economistas neoliberales a su servicio para avanzar mucho más directamente hacia su privatización y para permitir que el fondo de la Seguridad Social, como ha ocurrido también en Irlanda, pueda dedicarse a financiar la deuda. c) Reforma fiscal que elevase los impuestos indirectos como el IVA y disminuyera la imposición sobre el beneficio de sociedades. d)Privatización de las empresas públicas aún existentes y de servicios públicos y establecimiento de condiciones de igualdad entre la iniciativa privada y la pública en sectores como la educación, la sanidad o los servicios a las personas. e) Recortes drásticos en el gasto público aún mayores de los que se han producido ya y que, bajo el discurso de la austeridad y el ahorro de lo innecesario llevarían consigo principalmente : - Reducción en los gatos de personal, tanto mediante la disminución de efectivos como de los sueldos en todas las administraciones. - Disminución de gasto social, en educación, sanidad y servicios sociales públicos. - Disminución de gasto público corriente y en inversiones (I+D, infraestructuras...). f)Reconsideración del marco institucional en la línea que están apuntando el informe citado de FAES o el que los 50 grandes empresarios presentaron al Rey: - Fusionando o haciendo desaparecer ayuntamientos menores y diputaciones. - Modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas, redefiniendo el marco y la política de desarrollo competencial y quizá llegando aún más lejos. El informe de FAES (p.167) afirma, por ejemplo: Alemania redimensionó hace años el tamaño de sus länder, forzando su agrupación. Sea éste el camino, o el del estímulo de la cooperación interregional, es necesario explorar esta vía de mejora de la eficiencia . - Fusionando o haciendo desaparecer universidades, fundaciones y otras entidades públicas y administrativas cuya escala actual se considerará ineficiente, tal y como explícita o implícitamente se indica en esos informes. En gran parte, todo esto se ha puesto ya en marcha pero, si se llevara a cabo el rescate , habría una diferencia sustancial. No solo se trataría, como hasta ahora, de abundar en el establecimiento de condiciones cada vez más favorables a la banca y a la gran empresa a costa de retrasar por muchos años la recuperación económica y el avance hacia un modelo económico más eficiente, justo y sostenible. El rescate iría necesariamente acompañado de un auténtico golpe de timón institucional que pondría en jaque a nuestra ya de por sí imperfecta democracia. Próximo artículo: ¿Es inevitable el rescate de España? ¿Hay alternativas? Ganas de Escribir

Quirós pone sobre la mesa el copago sanitario o quitar dinero de otros sitios - Asturias - www.lavozdeasturias.es

ESCALADA EN EL GASTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SALUD.

Quirós pone sobre la mesa el copago sanitario o quitar dinero de otros sitios
El consejero pide abrir un debate "riguroso" porque el coste del sistema se encarece.Es partidario de que si se paga se haga en función de la renta de los ciudadanos.



MÁS INFORMACIÓN

* El consejero insiste en que en Asturias se recurre mucho al medicamento
* El pp augura privatizacion

El consejero de Sanidad, Ramón Quirós, volvió a poner ayer sobre la mesa el debate sobre el copago sanitario. Y lo hizo al hilo de una actualidad que viene marcada por un fuerte incremento del gasto en el servicio público de salud y un descenso en los ingresos que complican gravemente la elaboración de los presupuestos para el año que viene.

"Lo que tenemos que poner encima de la mesa es debatir cuánto queremos gastarnos en Sanidad y cuánto podemos pagar, porque no hay que olvidar que los fondos de los servicios públicos nacen de los impuestos de los ciudadanos y si lo gastamos en una cosa, no podremos gastarlo en otra. Y ese es el debate". Así se manifestó el consejero ayer en Gijón en declaraciones realizadas en el marco de su visita oficial a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

Quirós afirmó que el hecho de que la Sanidad sea gratuita en todos los aspectos es "excelente", pero el tema está en que si hay que pagar algo, recordó que en los medicamentos hay un pago por parte de los ciudadanos, siempre defendió que estas cantidades puedan ser proporcionales a la renta de las personas, de tal manera que quien más tiene más aporte. "Lo que se plantea de fondo es que la Sanidad tiene un coste. Cada día están saliendo nuevos aparatos, nueva tecnología, nuevos medicamentos, nuevos fármacos", subrayó.

El consejero de Salud vino a decir que si bien el sistema público no peligra, si se continúa por la senda de la escalada del gasto sanitario habrá que dedicar menos recursos a otras cosas (eso o el copago) y que la sociedad debe de ser consciente de ello, por lo que planteó abrir "un debate riguroso, basado en datos, informado y serio ", dijo, y no como algunas declaraciones "un tanto extemporáneas que están saliendo en los medios de comunicación en los últimos días" apostilló.

Quirós añadió que hay que estar "orgullosos" del sistema sanitario que hay en Asturias, y.de la profesionalidad, diligencia y grado de atención en cualquier momento del día, de la noche, algo que pudo constatar en una reciente visita a un centro de urgencias hospitalarias. "Si no hay camas se pintan, si no hay profesionales se contratan, es de una seguridad y flexibilidad a los ciudadanos muy grande".

En opinión del consejero Asturias se beneficia de un mapa sanitario "muy potente" en el que los hospitales comarcales "son pieza esencial", buena prueba de ello es lo se está haciendo en Cangas del Narcea, dijo y donde la puesta en marcha del nuevo HUCA va a revolucionar la colaboración entre los distintos hospitales.
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=509972

El retraso social de España

Vicenç Navarro

28 Marzo 2009

España tiene el gasto público en los servicios del Estado más bajo de la UE de los 15 Público Una de las características del estado del bienestar en España es su subdesarrollo. Según Eurostat, España en el año 2006 (el último año con datos comparables) era el país, después de Portugal, que tenía el gasto social por habitante más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de desarrollo económico semejante al nuestro. En aquel año, el PIB per cápita de España había alcanzado ya a ser el 93% del promedio de la UE-15 y, sin embargo, el gasto público social per capita era sólo el 70% del promedio de la UE-15. ¿A qué se debe este retraso social? Una de las mayores causas es el enorme subdesarrollo social que la España democrática heredó del sistema dictatorial anterior. Cuando el dictador murió, el gasto público social en España era sólo un 14% del PIB, muy inferior al promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. Ni qué decir tiene que mucho se ha hecho durante los 32 años de democracia. Pero el hecho es que en 2006 –29 años en democracia– continuábamos a la cola de la Europa (UE-15) social. Y es probable que en 2009 continuemos a la cola a pesar de los avances considerables que se han hecho durante el periodo 2004-2009. De ahí que debamos considerar que existen otras causas, además de la insensibilidad social de la dictadura, que determinan el retraso social de España. Y una de ellas es el enorme poder que las fuerzas conservadoras (la monarquía, la nomenclatura del Estado franquista, el Ejército, la Iglesia, la banca, la patronal, y los medios conservadores) tuvieron en el proceso (erróneamente definido como modélico) de transición de la dictadura a la democracia, que lideraron aquel proceso y dominaron la vida económica y política del periodo democrático. Las enormes movilizaciones populares en el periodo 1975-1978 (España fue el país con mayor número de huelgas en Europa durante aquellos años) fueron determinantes en forzar el fin de la dictadura (el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle), mas no fueron suficientemente fuertes para provocar una ruptura y cambiar las condiciones que permitieron la continuación del dominio político de aquel enorme bloque de poder. Y una de estas condiciones fue la Ley Electoral, cuyos primeros borradores surgieron de la nomenclatura del Estado dictatorial, y que, tras ser modificado fue adoptado, por el Gobierno Suárez en 1978, dando gran dominio a las fuerzas conservadoras, discriminando a las zonas urbanas, a la clase trabajadora y a los partidos de izquierda (tal y como autores de aquel proyecto, como Herrero de Miñón y Calvo Sotelo, reconocieron). Una consecuencia de ello es que el sistema electoral español es uno de los menos proporcionales y menos representativos de los existentes. Ello explica que aún cuando en todas las elecciones legislativas al Parlamento español (excepto en 1977, 1979 y 2000), el electorado español ha dado muchos más votos a los partidos de izquierdas que a los partidos de derechas, España no ha tenido un Gobierno mayoritario de izquierdas (o apoyado por una mayoría de izquierdas) durante la mayor parte del periodo democrático. Sólo ocurrió durante el periodo 1982-1993; en los otros periodos el partido mayoritario de las izquierdas, el PSOE, se alió con las derechas nacionalistas más que con los partidos a su izquierda, resultado en parte de la enorme discriminación que el sistema electoral ejerce hacia estos partidos y también consecuencia de la enorme presión ejercida por aquel bloque de poder que lideró la transición. Y es ahí donde hay que buscar las causas del subdesarrollo social de España. Es bien conocido que, en general, a mayor fuerza de las izquierdas, mayor desarrollo de los derechos sociales y laborales en un país, y de su estado del bienestar. El mejor indicador de esto es Suecia, donde las izquierdas gobernaron por más tiempo desde la II Guerra Mundial. En aquel país, 32 años (1945-1977) fueron suficientes para convertirse en el país con mayor sensibilidad social del mundo. No así en España. La debilidad de las izquierdas es causa de ello. El bipartidismo refrendado en la Ley Electoral, continuista del año 1985, ha favorecido al aparato del partido mayoritario dentro de las izquierdas, el PSOE, permitiéndole tener más escaños, pero ha dificultado la implementación de su programa, pues este no se ha podido desarrollar en su totalidad por falta del apoyo parlamentario de las otras izquierdas, apoyo que podría haber tenido si hubiera existido en España un sistema auténticamente proporcional. Por cierto, tal falta de proporcionalidad aparece también en las CCAA como lo muestran las últimas elecciones gallegas, en las que los votos a los partidos de izquierda (PSOE, BNG y EU-IV) fueron 811.641, más que los votos a los partidos de derecha (PP y TEGA), que sumaron 808.153. A pesar de ello, el PP ganó la mayoría de escaños, permitiéndole gobernar. Pero queda por responder cómo es que este subdesarrollo del estado del bienestar no ha tenido mayor visibilidad política y mediática en España. La razón es que los establishments políticos y mediáticos, constituidos en su mayoría por individuos que pertenecen al 30% de la población de renta superior del país, no quedan afectados por las grandes insuficiencias de los servicios públicos del estado del bienestar. Envían a sus hijos a las escuelas privadas concertadas (que tienen un gasto por alumno superior a las públicas) y, cuando caen enfermos, van a la medicina privada (cuyo tiempo promedio de visita es de 18 minutos; el promedio en la pública es de 8 minutos), o reciben trato preferencial en la pública. De ahí que no sean plenamente conscientes del retraso social en España. Y su poder político y mediático es enorme. Y así estamos. Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Los trabajadores del Materno Infantil retoman las movilizaciones

Asturias

BIENESTAR SOCIAL RECHAZA QUE EXISTA SATURACION.

El Comité de empresa convoca concentraciones todos los miércoles.

El comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social acordó retomar las movilizaciones por la situación que atraviesa Centro Materno Infantil. Así lo indicó ayer Belén Quiroga, presidenta del comité. Los representantes del comité y trabajadores del Materno mantuvieron ayer una concentración junto a la sede de la consejería y repetirán las movilizaciones todos los miércoles. Quiroga indicó que, a día de ayer, la unidad de primera acogida daba alojamiento a 17 menores inmigrantes no acompañados, más tres que se encuentran fugados. La presidenta del comité reclamó ayer a la Administración que ponga plazos para buscar salidas que terminen con la saturación del centro.

La Consejería de Bienestar Social indicó que las movilizaciones "carecen de fundamento". Matizó que los trabajadores conocen desde el primer día que la consejería está trabajando en la reestructuración de la red de atención a la infancia. La Administración negó que se pueda hablar, a día de hoy, de saturación y recordó que la unidad cuenta con 23 personas en su plantilla educativa.

Fuente: JPZ/La Voz de Asturias

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Asturias

El comité de Bienestar reanuda las protestas por la saturación del Materno

Amenaza cumplida. El comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda dio, el pasado mes de enero, un ultimátum al nuevo equipo gestor: si en veinte días no se solucionaban los problemas de saturación del Centro Materno Infantil de Oviedo, donde residen menores y adolescentes tutelados por el Principado, los trabajadores saldrían de nuevo a la calle a protestar.

Y dicho y hecho, ayer, transcurrido el periodo habilitado por el comité, los sindicatos volvieron a reunirse y, en decisión tan plenaria como unánime, anunciaron su vuelta a las calles para protestar. De mano, se concentraron ayer mismo ante la sede de la consejería, en Oviedo, manifestación que volverán a protagonizar, a partir de ahora, todos los miércoles.

Eso no significa, explicó la presidenta del comité, la representante de Comisiones Obreras Belén Quiroga, que el nuevo equipo «no haya dado pasos», como es el hecho de que «ahora en la unidad de primera acogida hay 17 menores para 16 plazas», y en la unidad de bebés «haya más personal».

Sin embargo, Quiroga asegura que «realmente, en el Materno hay diecisiete porque hay cuatro fugados», y «en la unidad de bebés sigue habiendo más niños que plazas». Por ese motivo, mientras no se hagan realidad «los nuevos centros de los que hemos sabido por el periódico», en referencia a la reapertura de la unidad del Fundoma y la creación de dos nuevos centros, «nosotros saldremos a la calle todas las semanas». El motivo es, explicó, «que la situación es insostenible, porque la plantilla lleva dos años soportando la saturación».

Desde Bienestar Social se reiteró ayer el compromiso de agilizar «al máximo», la reapertura del Fundoma, que depende ahora de que Función Pública acepte la contratación de personal, así como de la firma de un acuerdo para gestionar los otros dos centros.

Fuente: CH T./ El Comercio

La Fiscalía avala la normativa sobre centros de menores

EL DEFENSOR DEL PUEBLO CUESTIONO LA LEGALIDAD DE ESTOS DECRETOS EN ASTURIAS Y GALICIA.

La Fiscalía avala la normativa sobre centros de menores

Fernández Caldevilla matiza que una Ley Orgánica daría "mayor seguridad jurídica".Bienestar Social dice que no hace falta autorización del juez en la red autonómica.

04/02/2009 J. CUEVAS/EFE

Aunque el informe del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, dado a conocer el pasado lunes, cuestiona la legalidad del Decreto 48/2003,que regula el funcionamiento de los centros de menores en Asturias, la Fiscalía defiende la valía de la normativa autonómica. El Fiscal del Menor, Jorge Fernández Caldevilla, manifestó ayer que la decisión del ingreso en los centros que cuentan con "unidades de restricción", como el que se encuentra en Miraflores (Noreña) no requiere, como mantiene Múgica, una autorización judicial.

"En su día entendimos que la administración puede ingresar a un menor sin la autorización del juez, porque ahí va a hacer una vida ordinaria". Y añadió más. "Igual que la consejería decide el recurso más adecuado para el menor dentro de la red del Principado y de los centros concertados, una de las opciones es poder ingresarlo ahí".

Fernández Caldevilla explicó, en cualquier caso, que el centro de Miraflores, "cuenta con unidades de restricción" y "habitaciones donde el menor puede ser aislado" pero que "solo se utilizan si hay reacciones violentas contra otros menores o educadores". El centro de Miraflores se creó en el año 2003, a raíz de una petición de la Fiscalía, que demandaba un equipamiento para derivar a los menores más problemáticos. El fiscal aprovechó para alabar las instalaciones de Miraflores, un centro que, a su juicio, está "muy bien dotado".

LEY ORGANICA CONVENIENTE Para el fiscal, el reglamento que existe en el Principado "da la suficiente cobertura legal", y en este sentido reconoció que todos los ingresos que se realizan en Miraflores son comunicados al Ministerio Fiscal. No obstante, considera que la elaboración de una ley orgánica que regule todo el funcionamiento de centros de menores "sería conveniente a la hora de unificar las actuaciones en toda España".

La Consejería de Bienestar Social , por su parte, coincide con Jorge Fernández Caldevilla al manifestar que la autorización del juez "no hace falta porque forma parte de nuestra red", y recuerdan también que la Fiscalía es informada de todos los traslados. "Si un padre tampoco necesita autorización judicial para castigar a su hijo sin salir de casa", añadieron fuentes de la consejería, que aclararon de todos modos que esas medidas que implican privación de libertad "se toman en muy pocas ocasiones". Una vez que han sido reconducidos, apuntó la consejería, "pueden llegar a salir solos".

Desde la consejería que dirige Noemí Martín se aclaró que los menores trasladados al centro de Miraflores lo son por "conductas violentas y desestructuradas". Además, las mismas fuentes aseguraron que todos los casos de problemas de adicción detectados en menores se tratan con la Consejería de Salud.

El Gobierno pedirá que la Fiscalía investigue el maltrato de menores

EFE

Actualizado 03-02-2009 13:24 CET

Madrid.- La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue los presuntos maltratos que se cometen en centros de menores, según un informe del Defensor del Pueblo.

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(EFE)

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, durante la rueda de prensa en la que explicó los últimos datos sobre la gestión del fondo extraordinario de 400 millones para el despliegue de la Ley de Dependencia.

A preguntas de la prensa, Cabrera ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía los hechos descritos en ese informe.

"Estos hechos tienen que ser investigados y eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga", ha apostillado.

Aunque es una cuestión de competencia "exclusiva" de las CCAA, el asunto es de tal importancia que el Ministerio "no puede quedarse al margen", así que contactará con las comunidades "al nivel que sea necesario", ha subrayado la ministra.

"Confiamos, evidentemente, en que las comunidades atiendan y respondan a este informe del Defensor del Pueblo", y el Ministerio estará siempre en "colaboración" con ellas para coordinar, conocer y hacer lo necesario para saber qué es lo que está ocurriendo, ha insistido.

La ministra ha recordado que hay un Observatorio de la Infancia, que depende de su departamento, y "que se va a poner en marcha para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber sucedido".

Muchos centros de menores están llevando a cabo "prácticas contrarias" a sus derechos y la mayoría realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor, en ocasiones con una agresividad "desproporcionada", según el

En soitu.es

• El Gobierno propone a las CCAA hacer un diagnóstico de los centros de menores
• Unicef pide que se esclarezcan los abusos en los centros de menores de España
• El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue los centros de menores denunciados por el Defensor del Pueblo

El Principado habilita doce plazas en el Fundoma para menores

Bienestar Social ultima la apertura de la unidad para atajar la masificación del Materno Infantil

Belén Quiroga insiste en que «hoy hay 22 menores para 16 plazas» en esas instalaciones

Doce plazas para menores de entre 15 y 18 años de edad. El Principado habilita en estos momentos un área en los edificios que la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma) tiene en Oviedo. Este espacio, ya utilizado en la pasada legislatura -aunque sólo durante seis meses-, se convertirá o bien en una unidad de primera acogida o en un centro residencial al uso.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, después de que la titular del departamento, Noemí Martín, anunciara en Sama de Langreo que el Fundoma será reutilizado.

El Principado se encuentra ahora en la fase de adecuación de las instalaciones, con capacidad para 12 menores, con el objetivo de acabar con la masificación que, desde hace dos años, sufre el Materno Infantil de Oviedo, centro en el que están ubicadas la unidad de primera acogida a menores cuya tutela asume el Principado y la unidad de bebés.

No obstante, desde Bienestar Social no se precisó la fecha de reapertura ni, tampoco, la fórmula elegida para la gestión de las instalaciones. Oficialmente, «se hará lo antes posible» y se están estudiando diferentes fórmulas «porque aún no se ha concretado si será una unidad de primera acogida al uso o un centro residencial propiamente dicho». La diferencia estriba en que en una unidad de primera acogida los menores no pueden estar más allá de 45 días.

El comité se moviliza

Sin embargo, ese plazo es «ampliamente superado» en la actualidad, tal y como confirmó ayer la presidenta del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, Belén Quiroga, en el programa 'La Lupa', que Juan Neira dirige y presenta en Canal 10.

Quiroga insistió, tal y como ya adelantó ELCOMERCIO, que, en contra del dato facilitado por el Principado, «hoy hay 22 menores en el Materno y uno está fugado», cuando las plazas son 16. La presidenta del comité realizó un relato pormenorizado de lo ya contado por este periódico sobre los problemas que la saturación de menores, sobre todo marroquíes, genera.

Por eso, aún reconociendo los esfuerzos que realiza el nuevo equipo, confirmó que se mantiene la reanudación de las protestas, prevista para el 4 de febrero.

Vidas sin tutela

Están a punto de alcanzar la mayoría de edad y de afrontar su salida forzosa al mundo laboral en un país que no es el suyo. Sin conocer bien el idioma, sin redes familiares por si vienen mal dadas y con mucho tiempo libre. Esa es la situación de muchos de los menores inmigrantes no acompañados que viven en Asturias, un porcentaje cada vez más numeroso entre los 600 chicos cuya tutela está en manos del Gobierno regional. Y esa «situación empeora por momentos ante la falta de oportunidades acentuada por la crisis», alerta Juan Sánchez, presidente de Manos Extendidas, una de las ONGs asturianas que los acoge en cuatro pisos en Oviedo y Mieres.

La detención de tres jóvenes marroquíes -dos menores de edad- en Gijón como presuntos autores de la violación de una joven de 25 años a la que uno de ellos había contratado para mantener relaciones sexuales ha sacado a la luz «un conflicto bastante más grave de lo que la gente cree», afirma el director de Cáritas en el Principado, Adolfo Rivas, que recuerda que los hechos se cometieron en un piso de acogida gestionado por una ONG pero supervisado por la Consejería de Bienestar Social.

La organización e incluso la conveniencia de este tipo de pisos, denominados tutelados y a los que sólo logran acceder aquellos menores que superan la valoración de la consejería es, cuando menos, cuestionable para Rivas, quien explica que «se trata de una solución arriesgada» y que «en la región ya ha habido varios intentos similares que han salido mal».

«Cáritas no tiene pisos tutelados y, en este momento, no quiere tenerlos», zanja el máximo responsable de esta organización, que duda de que «esta opción sea la más adecuada para los chavales».

Chavales que, según ha precisado el fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, «desarrollan un proyecto de vida independiente con educadores que los supervisan de vez en cuando».

«Se quedan en la calle»

«Vamos a tener un problema serio, porque no paran de llegarnos críos que, una vez que abandonan las instituciones del Principado donde estaban hasta la mayoría de edad, se quedan en la calle», apunta Juan Sánchez desde uno de los pisos de acogida de Manos Extendidas, un domicilio que, aunque no está sujeto a un convenio con Bienestar Social como los pisos tutelados, sí cuenta con subvenciones del Gobierno regional y de los Ayuntamientos de Oviedo y Mieres. Sólo en Gijón, el Principado tutela a 139 menores de otros países repartidos en diez centros de acogida.

Como muchos, Juan Sánchez no se explica «cómo es posible que subieran a la chica a un piso supuestamente tutelado, donde se supone que tiene que haber unas normas de funcionamiento».

Fuentes de Bienestar Social aseguraron ayer que «los jóvenes son vigilados mediante visitas periódicas de sus tutores». Y, a pesar de ellas y de que deben superar un examen inicial en el que se valoran sus actitudes, el fiscal de menores del TSJA ha podido comprobar que uno de los implicados en la agresión sexual tenía tres identidades diferentes en España y ya había sido expulsado del país. El resto ya se habían fugado de otro centro de protección.

Caldevilla entiende que, puesto que la violación tuvo lugar en el domicilio de menores cuya custodia pertenece a la Administración, el Gobierno regional es «el responsable civil» de los hechos.

Fuente: elcomercio/A. Villacorta

Las familias acogedoras reclaman sus ayudas

La Consejería de Bienestar Social se ha comprometido a agilizar al máximo el cobro de las ayudas que reciben las familias por acogimiento de niños. El Instituto de Atención a la Infancia, de quien dependen estas prestaciones económicas, reconoció que se está produciendo retrasos en el pago de las ayudas, pero responsabilizó de la situación al equipo saliente. El departamento que dirige Gloria Fernández confirmaba las informaciones publicadas el pasado día 23 en La Voz de Asturias.

El Instituto de Infancia puntualizó que cuando Izquierda Unida se hizo cargo de la consejería comprobó que efectivamente las ayudas estaban paradas. La consejería matizó que el anterior equipo no había abierto la convocatoria de prestaciones económicas de 2008 y había prorrogado la de 2007, pero únicamente para el primer semestre del año. El nuevo equipo señaló que nada más tomar posesión de la consejería se han acometido los cambios oportunos para desbloquear la situación y hacer frente al pago de los atrasos. Así, la Administración de Izquierda Unida aseguró que en las próximas semanas, como muy tarde en enero, las familias recibirán las cantidades adeudadas. Asimismo, el Instituto de Atención a la Infancia, Familia y Adolescencia subrayó que su compromiso es normalizar la convocatoria de ayudas a lo largo de 2009 para que todas las personas con niños en acogida pueda solicitar las prestaciones económicas. La agrupación asturiana de acogimientos y adopciones familiares de Asturias se quejaba desde estas mismas páginas de que el apoyo que reciben de la Administración es muy escaso. Su presidenta, Marisa Rodríguez, explicaba que en los últimos años se ha reducido notablemente el importe de las prestaciones.

Fuente: lavozdeasturias/J.P.Z.

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23/12/08: lavozdeasturias/S.D.M.:

La Administración asturiana todavía no ha abonado las ayudas individuales a la acogida que debería haber pagado a las familias en el mes de noviembre. Los beneficiarios aseguran que el Instituto de Infancia, dependiente de la Consejería de Bienestar, dice que hasta el mes de enero no tendrá dinero para hacer este pago, lo que consideran una falta de previsión que les está situando en una difícil posición económica.

La agrupación asturiana de acogimientos y adopciones familiares de Asturias señala que el apoyo que reciben de la administración es muy escaso. Su presidente, Marisa Rodríguez, explica que en los últimos años ya habían reducido considerablemente el importe de las ayudas y que ahora ni siquiera cuentan con la previsión económica. Rodríguez expone su caso como ejemplo. Ella que tiene a su nieta de 8 años en régimen de acogida desde que tenía 18 meses. Antes recibía 1.300 euros dos veces al año 8 en junio y noviembre) ahora la cifra que le han asignado es de 390.

La presidenta de la agrupación indica que este dinero es muy necesario para muchas familias que pasan auténticos apuros económicos. Además recuerda que la Administración asturiana es la tutora legal de los niños y que recibe también una subvención de la Administración central por cada menor que tiene bajo su responsabilidad. Marisa Rodríguez hizo ayer un llamamiento para que Bienestar Social solución lo más rápidamente posible este problema.

La palabra de un menor

En contra de lo que decían los informes médicos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y su propia documentación, la Fiscalía del Menor de Asturias declaró que era mayor de edad y la Consejería de Bienestar Social del Principado lo puso a disposición de la Brigada de Extranjería para iniciar los trámites de repatriación a Marruecos. Fue incluso trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. Gracias a las gestiones de colectivos sociales, al joven se le asignó un abogado de oficio que consiguió su puesta en libertad, tras 20 días de internamiento, y la paralización de la orden de expulsión, a la espera que se celebrara un juicio que determinara definitivamente su edad. Ese juicio se celebró el 17 de noviembre en Oviedo y la sentencia determina que es menor de edad y que, por lo tanto, su estancia en España es legal.

A raíz de este caso, del que en su día se hizo eco LA VOZ, han surgido muchas dudas acerca del tratamiento de estos niños que de forma periódica llegan a Asturias Tiene un menor extranjero no acompañado que demostrar que es un niño, que aún no ha cumplido los 18 años, para poder acceder a la red de atención social o la administración debe atenderle desde el primero momento, cubrir sus necesidades básicas y demostrar después su edad? La normativa vigente es clara. El primer supuesto es legal. El segundo, ilegal. A pesar de este planteamiento, Mohamed y Mouhsin llevan una semana fuera de la unidad de primera acogida del centro Materno-Infantil de Oviedo y durmiendo en un albergue. Aunque agradecen el trato que reciben de las monjas y del trabajador social, sienten una gran impotencia. Todos dudan de su palabra. Están hartos de gritar que son menores y que buscan un futuro.

Ambos se conocieron en un centro de menores de Tarragona. Mohamed llegó a España en septiembre del 2006. Trabajó durante meses en Salou como camarero y relaciones públicas. Después dice que cometió "un error" y trató de robar un bolso. Le detuvieron y le remitieron al centro. Como tenía miedo de que aquello fuera como una cárcel, mintió con su edad, dijo que había nacido en octubre de 1990 en lugar de octubre del 91 para así poder salir pronto. Esa fue su condena. Ahora en Asturias dicen que es mayor de edad y restan crédito a la documentación que su padre le envió por fax.

Mouhsin cruzó la frontera marroquí y entró en Ceuta donde se embarcó como polizón en un barco del ejército con destino a Tarragona. Le descubrieron durante el viaje y a su llegada a Cataluña le entregaron a la policía, que le envió al centro de menores, del que ya se ha escapado dos veces.

Los caminos de Mouhsin y de Mohamed volvieron a encontrarse en Santander. El primero apenas habla español. El segundo se defiende con soltura. Ambos viajaban por separado a La Coruña, donde habían oído que había centros en buenas condiciones y que les ofertaban cursos de formación profesional. Mouhsin tiene un título de un curso básico de electricidad en Tetuán y quiere aprender más, porque esa profesión le gusta. Mohamed dice que ya llegó a España pensando en convertirse en auxiliar de geriatría o técnico auxiliar en ambulancia. Su problema es que tiene unos estudios muy básicos, ya que salió muy joven de su pueblo.

Por el momento, es un sueño. La consejería dice que son mayores, uno por lo que contó en Tarragona y el otro porque en Ceuta consta un análisis que así lo ratifica. El problema es que Mouhsin niega haber dormido en ningún centro en Ceuta, ciudad en la que sólo estuvo de pasó, por lo que cree que le están confundiendo con otro.

Mohamed ya tiene una copia de su documentación marroquí y la original llegará la próxima semana por fax y Mouhsin tardará un poco más. Todavía desconocen el resultado de la prueba que les hicieron el jueves en el HUCA para determinar su edad y mientras tanto siguen en el albergue, sin posibilidad de entrar en la unidad de primera acogida del materno. Ayer mismo estuvieron en la fiscalía del menor, sin que la persona que les atendió les diera una solución. Mohamed afirma que se volvería loco si tuviera que regresar. Mohamed traduce lo que habla Mouhnsin: "Dice que sería capaz de matarse antes de volver".

Fuente: lavozdeasturias/S.D.M.

Foto: Jose Vallina

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Visto para sentencia: Juicio por la custodia de un menor tutelado

El abogado del niño obeso asturiano que llegó a pesar más de 100 kilos se mostró hoy disconforme con los informes de los psicólogos del juzgado que sometieron a un estudio al menor y sus abuelos que quieren recuperar su custodia. El abogado, Pablo Fernández, evitó comentar los informes al tratarse de un menor aunque señaló que "existen contradicciones con los escritos de la Consejería de Bienestar Social".

Fernández realizó estas declaraciones a los medios de comunicación a la salida del juicio que se prolongó durante dos horas en el juzgado de Familia número 1 de Oviedo. El asunto ha quedado visto para sentencia tras escuchar las declaraciones del abuelo del menor, su hermano, de 18 años y los psicólogos del juzgado.

El juicio quedó aplazado, el pasado 9 de septiembre, debido a la prueba pericial exigida por el letrado de los abuelos en la que pretende demostrar que sus familiares se pueden hacer cargo de la alimentación y del cuidado del niño.

El letrado señaló que está de acuerdo con algunos puntos del informe psicosocial pero rechazó otras posturas de los psicólogos relativas a la tutela del niño y de su acercamiento a un centro de Oviedo, ya que el menor se encuentra bajo tutela del Principado de Asturias en un centro de Gijón. "Hay cosas que no han quedado suficientemente claras", apuntó.

Pablo Fernández señaló que durante la sesión realizó una "gran batería de preguntas" a los psicólogos para "intentar aclarar algunos puntos que no han quedado totalmente matizados", apostilló el letrado. Además, apuntó la defensa de los abuelos, el niño, de 12 años de edad, ha adelgazado ya cerca de 40 kilos. "Pregunté a los psicólogos en varias ocasiones qué tipo de comida hay que ingerir para engordar un kilo y medio al día y nadie me lo supo decir", añadió.

Respecto al estado anímico de la familia, señaló que el abuelo del niño "está muy mal". "Se podría decir que no puede vivir sin él", añadió el letrado que insistió que su postura es que el niño vuelva a vivir con sus abuelos y subsidiariamente, y "como mal menor", que se le acerque a un centro de Oviedo donde los abuelos puedan ir a visitarle.

El asunto se hizo público cuando los servicios sociales del Principado de Asturias inició, en febrero del año 2006, el expediente para retirar a unos abuelos la guarda del pequeño que entonces tenía 10 años y que pesaba más de cien kilos, atendiendo a las advertencias sanitarias que habían alertado del serio problema que corría la salud del pequeño.

Fuente: elcomercio

Las políticas de Bienestar Social a cuestión en la Junta

El Grupo Parlamentario Popular de la Junta General del Principado criticó ayer todas áreas de trabajo de la nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda. No dejó ningún resquicio libre. Desde la infancia hasta la vivienda, sin dejar fuera la Ley de Dependencia, los diputados populares Inmaculada González y Agustín Cuervas Mons fueron desgranando ante la consejera Noemí Martín todas sus reprobaciones presupuestarias de su grupo parlamentario.

Respecto a las políticas de Infancia, Familia y Adolescencia, el PP señaló que los incrementos se producen en los capítulos de gastos de personal y bienes corrientes, mientras que las bajadas se ciñen a programas y subvenciones.
Sin embargo, Noemí Martín defendió que el gasto se incrementa para Infancia e incluso llegó a decir que las partidas serán «insuficientes», por lo que habrá que renegociarlas. «Si es necesario, rebajaremos gastos en otras áreas para emplearlos en Infancia», dijo.

En lo que fue sumamente prudente la consejera fue en hacer público el número de viviendas protegidas que el Gobierno promoverá en 2009, una cifra que Martín no quiso desvelar «por prudencia». La consejera señaló que «de los errores se aprende», en referencia a las críticas recibidas por IU en la anterior legislatura, tras comprometer la puesta en marcha de 15.000 viviendas con algún grado de protección sin haberlo cumplido. La consejera reiteró que para el próximo año se promoverá la construcción de 1.070 viviendas de promoción pública, pero insistió en que no daría una cifra sobre el resto de pisos con otro tipo de protección porque no dependen únicamente de su consejería. Pretende así evitar que «si no se alcanza un número determinado se considere un fracaso».

Buena parte de las preguntas del PP durante la comparecencia de la consejera de Bienestar Social en la Junta General del Principado se refirieron a la Ley de Dependencia. A su juicio, su aplicación está siendo una «tomadura de pelo» para todos los ciudadanos. Explicó Inmaculada González que no hubo previsión ninguna y que el dinero del Estado no llega. Así, señaló que no se están abonando las prestaciones de las cantidades de la Dependencia. «Si la gente quisiera, podría llevar a los Tribunales al Principado por no abonar una prestación de un derecho reconocido», aseguró la diputada.

Noemí Martín respondió que la aportación del Gobierno central es de 42 millones y que la consejería superará los 120.

Fuente: elcomercio

¿Cuándo se cumplirá la ratio máxima?

LA DIRECTORA del Instituto de Infancia, Adolescencia y Familias, Gloria Fernández, informó ayer de que el número de menores extranjeros en el Materno ya se ha reducido a 18, con lo que se ha acabado con la sobreocupación y los educadores ya pueden trabajar con los jóvenes.


Fuente: lavozdeasturias

Traslados cuestionables

Luis Manuel Rodríguez García, miembro del comité de empresa de Bienestar Social, saludó la nueva filosofía de la consejera Noemí Martí, pero criticó algunas de las medidas de urgencia emprendidas para acabar con la saturación de la unidad de primera acogida del Materno Infantil. Rodríguez García señaló que tuvo conocimiento de que al menos dos de los residentes fueron trasladados al albergue Cano Mata Vigil de Oviedo sin comprobar previamente su edad. El miembro del comité de empresa indicó que, dado que los jóvenes afirman ser menores y toda vez que no se han realizado pruebas, resulta una vulneración de sus derechos el traslado a un albergue para adultos.

Fuente: lavozdeasturias

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La Consejería de Bienestar Social y Vivienda respondió a las críticas vertidas por el miembro del comité de empresa de este departamento, Luis Manuel Rodríguez, en las que aseguraba que al menos dos de los residentes en la Unidad de Primera Acogida del Materno Infantil fueron trasladados al albergue Cano Mata Vigil de Oviedo sin comprobar su edad. Para Rodríguez, estos traslados supusieron una vulneración de los derechos de los dos jóvenes, por ser derivados a un centro de adultos.

Fuentes de la consejería explicaron que, si bien no se efectuaron en Asturias las pruebas óseas encaminadas a determinar su fecha de nacimiento aproximada, estos dos jóvenes procedían de otras comunidades autónomas en las que la policía les había incluido una reseña indicando que habían cumplido la mayoría de edad. En otro de los últimos ingresos de la Unidad de Primera Acogida, reconocen desde la administración autonómica, se trataba de un menor, por lo que este tercer chico permaneció en el Materno Infantil.

La consejería que dirige la diputada de IU-BA-LV Noemí Martín aclaró además que ninguno de estos traslados se puede autorizar sin el consentimiento del Fiscal del Menor, Jorge Fernández Caldevilla, que dio el visto bueno y tiene acceso a las anotaciones policiales de estos menores, por lo que pudo comprobar que en los dos casos se trataba de personas que ya habían cumplido los 18 años. Según se aseguró desde Bienestar Social, este es el procedimiento que se utiliza en todos los ingresos de la Unidad de Primer Acogida.

Fuente: lavozdeasturias/J. Cuevas

Las familias adoptantes aplauden la supresión de la tasa de 1.000

Era una petición expresa de las mismas familias. Las asociaciones de adoptantes aplaudieron ayer la iniciativa de la Consejería de Bienestar Social de suprimir el cobro de las gestiones con los colegios profesionales. Tanto Asturadop como Andeni se mostraron ayer satisfechas por el anuncio de Noemí Martín, consejera de Bienestar Social y Vivienda, de suprimir el cobro de mil euros a aquellas familias que opten por equipos externos para tramitar la valoración de idoneidad.

Martín, en la entrevista que publicaba ayer este periódico, anunciaba cambios importantes en la gestión de los expedientes de adopción. La consejería reconocía como inaceptables los 20 meses de espera para la concesión de los certificados de idoneidad. La consejera matizaba que el Instituto de Infancia, de quien dependen las adopciones, revisará el funcionamiento de los equipos para agilizar los trámites.

Fernando Menéndez y Joaquín García, presidentes respectivamente de Andeni y Asturadop, saludaron ayer la propuesta de la consejera. Ambas asociaciones indicaron que ya habían indicado a Bienestar Social la perversión del sistema actual. El anterior equipo de Infancia había cerrado acuerdos con los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales para tratar de aligerar las esperas. Infancia abría así una doble vía. Las familias podían acogerse al sistema público y esperar 20 meses o al privado y, previo pago de mil euros, saltarse la lista de espera. El compromiso del nuevo equipo es corregir este funcionamiento por considerarlo perverso. Las dos asociaciones de padres adoptantes reclamaron también a Bienestar que paralelamente acometa las reformas necesarias y con carácter de urgencia para cumplir el tiempo previsto en el decreto regional de seis meses de máximo para lograr la valoración de idoneidad.

Fuente: lavozdeasturias/Pablo Zariquiegui

Noemí Martín pide tiempo para analizar el estado de los servicios sociales y la vivienda

Oviedo - La nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, de IU, ha reclamado hoy un margen de tiempo, "no los cien días habituales de cortesía", para hacer un análisis "riguroso y claro" de la situación de su departamento y, a partir de esa "radiografía", corregir "lo que se haya hecho mal".

Martín ha comparecido hoy en rueda de prensa junto al resto de integrantes del equipo directivo de la Consejería en la que seis de sus nueve altos cargos ya ostentaron responsabilidades en los departamentos gestionados por IU en la pasada legislatura.

La nueva consejera, cuyo grupo parlamentario fue durante el último año y medio especialmente crítico con la gestión del PSOE en materia de bienestar social y vivienda, ha planteado como principales retos de su gestión el "imprescindible" desarrollo de un sistema público de servicios sociales que se conviertan "en el cuarto pilar del Estado del Bienestar".

A su juicio, el "necesario" desarrollo de la Ley de Dependencia, para la que ha reclamado un mayor respaldo financiero del Estado y de las Comunidades Autónomas después de que las previsiones hechas inicialmente se hayan visto "superadas", no puede hacer olvidar la mejora en la gestión de otros servicios sociales.

En relación con dicha normativa, Martín ha señalado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno central sobre el "copago" -los topes mínimos y máximos de la cuantía que deberá pagar el beneficiario por las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, de acuerdo con su capacidad económica- ha establecido unos criterios "demasiado abiertos" para su aplicación.

Así, será necesario "concretar" más un acuerdo que, en sus actuales términos, podría generar diferencias en la aplicación de la Ley en las distintas Comunidades Autónomas, ha apuntado.

En materia de Vivienda, la nueva consejera ha abogado por centrar su actuación en favorecer el acceso "a este derecho constitucional" de las personas con más dificultares ante la actual crisis económica, lo que requerirá un esfuerzo especial para potenciar las políticas destinadas a fomentar el alquiler y la rehabilitación.

A preguntas de los periodistas, Martín ha señalado como objetivo cuantificable de la política de vivienda la construcción anual de 1.070 pisos de promoción pública (viviendas sociales), a las que se añadirán las de protección oficial y autonómica.

En este sentido, ha señalado que su departamento comenzará a trabajar "lo antes posible" en el borrador de la futura Ley de Vivienda para que se apruebe en esta legislatura una normativa que no incluirá la consideración del derecho a la vivienda como derecho subjetivo (que le da carácter de exigible por los ciudadanos).

Según Martín, para Izquierda Unida esta circunstancia "es viable", pero este aspecto no aparece contemplado en los acuerdos suscritos con la Federación Socialista Asturiana que han permitido a la coalición volver a contar con dos representantes en el Gobierno.

La consejera ha abogado además por evitar que la actual crisis reduzca "el compromiso de solidaridad con los países que siguen pasándolo mal" y que se llevará a cabo desde la Agencia de Cooperación al Desarrollo que gestionará, al igual que en la pasada legislatura, el dirigente del Bloque por Asturias Rafael Palacio.

Palacio es uno de los seis altos cargos de la Consejería que vuelve a la administración autonómica junto a Ángel González (Viceconsejero de Bienestar Social), Pedro Jesús Rodríguez (Servicios y Prestaciones Sociales), Manuel Orviz (Vivienda), Gloria Fernández (Instituto de la Infancia) y Faustino Álvarez (ERA).

A este departamento se incorporan además como novedades respecto a la anterior legislatura Alejandro Suárez (Mayores y Discapacidad), Javier Antuña (Agencia para la Discapacidad) y Marta Pulgar (gerente de VIPASA)

Areces remodela el Gobierno para dar entrada a IU

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha firmado ya el decreto para remodelar la estructura del Gobierno regional del que saldrán los titulares de Bienestar Social y Medio Ambiente para dar entrada a dos representantes de IU y de la consejera de Cultura, Encarnación Rodríguez, que será sustituida por la diputada socialista Mercedes Álvarez.

(...)

El pacto, además de garantizar la aprobación del presupuesto del Principado para 2009 tras la prórroga aplicada este año, contempla que los parlamentarios de IU Aurelio Martín y Noemí Martín se hagan cargo de los departamentos de Medio Rural y de Bienestar Social, Vivienda y Cooperación al Desarrollo, respectivamente.

Estos nombramientos conllevarán la salida del Ejecutivo de la hasta ahora consejera de Bienestar Social, Teresa Ordiz, y de la titular de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández.

Previsiblemente ambas continuarán en el Ejecutivo y se harán cargo de las viceconsejerías de Seguridad y Emigración ( ¡que se preparen los inmigrántes!), en el caso de Ordiz, y de Medio Ambiente, en el caso de Fernández.

Las competencias de Medio Ambiente volverán a integrarse, al igual que en la pasada legislatura, en el departamento de Infraestructuras y Política Territorial, del que se desgajarán las correspondientes a Vivienda, mientras que las de Cooperación al Desarrollo pasarán a Bienestar Social procedentes de Presidencia.(...)

Por su parte, Noemí Martín (Avilés, 1968), hija de la ex consejera de Vivienda, Laura González, ha sido diputada por la coalición desde el año 1995 (...)

Los nuevos consejeros tomarán posesión mañana de sus cargos y participarán en la primera reunión del nuevo Gobierno una vez que el presidente firme hoy los decretos de nombramiento de los nuevos consejeros .

En dicha reunión se aprobará además la estructura de las diez consejerías del Ejecutivo tras esta remodelación.

El Gobierno volverá a reunirse el viernes para aprobar los nombramientos y los ceses de los altos cargos de cada departamento, así como el proyecto de presupuestos del Principado para 2009, que será presentado en la Cámara regional el sábado o el próximo lunes para garantizar un margen suficiente en el trámite parlamentario que garantice su entrada en vigor el 1 de enero.

El proyecto de presupuestos para 2009 se situará por encima de 4.400 millones de euros y registrará un incremento del 7,6 por ciento respecto al de 2008 que fue rechazado por el Parlamento con el voto en contra del PP y de Izquierda Unida.
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ORGANIGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

En principio, está previsto que el secretario de organización de la coalición, Ángel González, pase a ocupar el cargo de viceconsejero en Bienestar, un área en la que ya trabajó en la legislatura anterior, junto a Laura González; además, Marta Pulgar estará al frente de la sociedad Vipasa, donde se han producido numerosos conflictos de personal en los últimos meses, mientras que Alejandro Suárez el candidato de IU en Oviedo en las elecciones generales, asumirá la dirección de Mayores. Rafael Palacios será el nuevo director de Cooperación y Javier Antuña dirigirá la Agencia para la Discapacidad.
Manuel Orviz (Vivienda), Pedro Rodríguez ( Prestaciones comunitarias) en las mismas responsabilidades y está en el aire el regreso de Gloria Fernández a Infancia.

El IAASIFA ¿Quién sera, sera,.... ?Gloria otra vez , que nos coja confesados