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sábado, marzo 28

3.000 euros el sueldo para comprar un piso

Cifran en 3.000 el sueldo mínimo para comprar un piso en Asturias. La cifra supone 500 euros menos que la media nacional.

28/03/2009 EFE .Ver archivo (pdf)

Un joven debe ganar como mínimo 3.024 euros mensuales para poder acceder a una vivienda en el mercado libre en Asturias, según un estudio del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), cifra que en el ámbito nacional alcanza los 3.537 euros. Los presidentes de los consejos de la Juventud de España, Daniel Lostao, y Asturias, Paulino Feito, han dado a conocer estos datos, relativos al tercer trimestre de 2008, en una rueda de prensa celebrada en Oviedo. Paulino Feito, ha señalado que un joven debe de cobrar como mínimo 3.024 euros mensuales y más de 36.000 anuales para poder acceder a una vivienda en Asturias.

Para Feito, esta diferencia a favor del dato regional con el de la media nacional responde a la "peculiar situación de la economía asturiana a la que ha llegado más tarde la crisis por su falta de dinamismo". Por último, ha señalado que la tasa de emancipación de los jóvenes asturianos hasta los 35 años es del 38,1% por el 46,2% de la media española( 8 puntos menos). Por su parte, Lostao ha explicado que se han conseguido estas cifras teniendo en cuenta que una persona no debe destinar más del treinta por ciento de su salario para poder adquirir una vivienda o alquilarla. En el ámbito nacional, el informe señala que los ingresos anuales de un joven que pretende estar emancipado deben superar los 42.000 euros para comprar una vivienda sin ningún tipo de protección que alcanza un valor medio en el mercado libre de 206.000 euros.

Fuente: Lavozdeasturias

martes, febrero 10

El PP acusa a IU-FSA en Vipasa de "corrupción"


Los populares afirman que el Gobierno premia a sus "amiguetes".Martín asegura que el PP se enroca en su "estrategia del chiringuito".

10/02/2009 PABLO ZARIQUIEGUI


El Partido Popular apuntó ayer directamente al Gobierno del Principado y acusó a los partidos que lo sustentan --PSOE e IU-- de fomentar y amparar la corrupción en la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa). La voz cantante del Partido Popular, ayer en el Parlamento autonómico, la llevó José Agustín Cuervas-Mons. El diputado popular llegó a señalar, de hecho, que lo ocurrido en Vipasa es "como para acudir a la Fiscalía". "Vamos a valorarlo", apuntilló.

El origen de la polémica se remonta a contratos de asistencias técnicas adjudicados por Vipasa entre 2005 y 2007. Las críticas del Partido Popular se sostienen en que las sucesivas gerencias de Vipasa, a quienes acusó de haber convertido la empresa en un "cortijo privado", recurrieron a la adjudicación por el procedimiento negociado sin publicidad, "a dedo", dijo, en vez de convocar concursos públicos. Cuervas-Mons, que se mostró extremadamente duro, no dudó en aplicar el término de corrupción a la gestion de Vipasa y señaló personalmente al PSOE y a Izquierda Unida. El diputado popular indicó textualmente "de lo que estamos hablando es de corrupción". El PP repartió entre los medios de comunicación un resumen de las adjudicaciones de asistencias técnicas que, según dijo, han primado en concreto a dos arquitectos: Fernando Meneses e Indalecio Prendes. "Se han llevado el 40% de las adjudicaciones", denunció. El parlamentario popular acusó a Vipasa de haber actuado con "alevosía y premeditación" y no dudó en decir que el Gobierno ha premiado a "amiguetes o compañeros de partido".

Noemí Martín, consejera de Vivienda y Bienestar Social, subrayó que si el PP tiene dudas sobre la legalidad de las adjudicaciones de Vipasa debería haber acudido ya a la Fiscalía. Martín subrayó que el PP dispone de datos de Vipasa, gracias a la transparencia del Gobierno, desde 2005, por lo que "ha tenido tiempo de sobra para acudir ante la justicia". La consejera quiso entender que la denuncia de los populares en la Junta forma pare de su "estrategia de chiringuito" que pretende salpicar a todas las sociedades públicas. "No hay ni chiringuito, ni corruptela ni amiguismo", afirmó. La consejera reconoció que se puede dudar sobre si el procedimiento de adjudicación era el más apropiado, pero señaló que contaba con todos los parabienes de los servicios jurídicos. Avanzó, eso sí, que a partir de ahora las adjudicaciones de las asistencias se realizarán también de acuerdo con la ley de contratos públicos.

Foto de la Nueva España

martes, diciembre 2

Noemí Martín pide tiempo para analizar el estado de los servicios sociales y la vivienda


Oviedo - La nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, de IU, ha reclamado hoy un margen de tiempo, "no los cien días habituales de cortesía", para hacer un análisis "riguroso y claro" de la situación de su departamento y, a partir de esa "radiografía", corregir "lo que se haya hecho mal".

Martín ha comparecido hoy en rueda de prensa junto al resto de integrantes del equipo directivo de la Consejería en la que seis de sus nueve altos cargos ya ostentaron responsabilidades en los departamentos gestionados por IU en la pasada legislatura.

La nueva consejera, cuyo grupo parlamentario fue durante el último año y medio especialmente crítico con la gestión del PSOE en materia de bienestar social y vivienda, ha planteado como principales retos de su gestión el "imprescindible" desarrollo de un sistema público de servicios sociales que se conviertan "en el cuarto pilar del Estado del Bienestar".

A su juicio, el "necesario" desarrollo de la Ley de Dependencia, para la que ha reclamado un mayor respaldo financiero del Estado y de las Comunidades Autónomas después de que las previsiones hechas inicialmente se hayan visto "superadas", no puede hacer olvidar la mejora en la gestión de otros servicios sociales.

En relación con dicha normativa, Martín ha señalado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno central sobre el "copago" -los topes mínimos y máximos de la cuantía que deberá pagar el beneficiario por las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, de acuerdo con su capacidad económica- ha establecido unos criterios "demasiado abiertos" para su aplicación.

Así, será necesario "concretar" más un acuerdo que, en sus actuales términos, podría generar diferencias en la aplicación de la Ley en las distintas Comunidades Autónomas, ha apuntado.

En materia de Vivienda, la nueva consejera ha abogado por centrar su actuación en favorecer el acceso "a este derecho constitucional" de las personas con más dificultares ante la actual crisis económica, lo que requerirá un esfuerzo especial para potenciar las políticas destinadas a fomentar el alquiler y la rehabilitación.

A preguntas de los periodistas, Martín ha señalado como objetivo cuantificable de la política de vivienda la construcción anual de 1.070 pisos de promoción pública (viviendas sociales), a las que se añadirán las de protección oficial y autonómica.

En este sentido, ha señalado que su departamento comenzará a trabajar "lo antes posible" en el borrador de la futura Ley de Vivienda para que se apruebe en esta legislatura una normativa que no incluirá la consideración del derecho a la vivienda como derecho subjetivo (que le da carácter de exigible por los ciudadanos).

Según Martín, para Izquierda Unida esta circunstancia "es viable", pero este aspecto no aparece contemplado en los acuerdos suscritos con la Federación Socialista Asturiana que han permitido a la coalición volver a contar con dos representantes en el Gobierno.

La consejera ha abogado además por evitar que la actual crisis reduzca "el compromiso de solidaridad con los países que siguen pasándolo mal" y que se llevará a cabo desde la Agencia de Cooperación al Desarrollo que gestionará, al igual que en la pasada legislatura, el dirigente del Bloque por Asturias Rafael Palacio.

Palacio es uno de los seis altos cargos de la Consejería que vuelve a la administración autonómica junto a Ángel González (Viceconsejero de Bienestar Social), Pedro Jesús Rodríguez (Servicios y Prestaciones Sociales), Manuel Orviz (Vivienda), Gloria Fernández (Instituto de la Infancia) y Faustino Álvarez (ERA).

A este departamento se incorporan además como novedades respecto a la anterior legislatura Alejandro Suárez (Mayores y Discapacidad), Javier Antuña (Agencia para la Discapacidad) y Marta Pulgar (gerente de VIPASA)

viernes, febrero 29

El Principado no licitó ninguna vivienda pública en seis meses


BALANCE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007.
El Principado no licitó ninguna vivienda pública en seis meses
En el bienio 2006-2007 se licitaron 668 pisos oficiales pese al parón del último semestre.El PP denuncia el incumplimiento de los planes de vivienda e IU advierte de una regresión.

En el último semestre de 2007 no se licitó en Asturias ni una sola vivienda de protección oficial según datos de la propia Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Vivienda. No obstante en algunos concejos se están realizando estudios sobre demanda y disponibilidad de suelo de cara a la posibilidad de abordar algunas actuaciones.

Desde que se hicieron evidentes las señales de ralentización de la construcción residencial, desde el Gobierno regional se viene manteniendo que en promoción de vivienda con algún tipo de protección sigue habiendo hueco para que no se pare la actividad, pero las bajas cifras de licitación en promoción de vivienda pública no parece que vayan en esta línea.

No obstante, en lo que respecta a vivienda con algún tipo de protección promovida por la empresa privada las cifras están algo mejores ya que en el mismo periodo de tiempo, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2007, se iniciaron expedientes para la construcción de 245 viviendas de las que 93 corresponden a Gijón. Otras 53 se iniciaron en Gozón, 49 en San Martín del Rey Aurelio, 22 en Laviana, 21 en Villaviciosa y el resto, hasta las 245, en otros concejos en actuaciones de un sola vivienda.

La inexistencia de licitación de vivienda pública por parte del Principado suscita las críticas de PP e IU sobre la deficiente política de Vivienda del Ejecutivo regional. Desde la coalición, socios de gobierno del PSOE en la anterior legislatura, se acusa al equipo socialista de haber protagonizado un parón en los proyectos previstos.

Si bien la licitación de vivienda de promoción pública en el último semestre ha sido inexistente, según la propia consejería, en el periodo 2006-2007 se licitaron 668 pisos de protección oficial.

Además, según la consejería, a lo largo del 2007 se entregaron a sus adjudicatarios otras 140 viviendas de promoción pública y actualmente están en trámites de licitación 526 de las que 396 son actuaciones previstas en Oviedo.

Desde el PP, además de denunciar el fracaso del Gobierno regional en lo que respecta a la política de vivienda, que en el último semestre del 2007 no se haya licitado ninguna vivienda de protección oficial en ningún concejo asturiano es el eje de su denuncia, se mira hacia el Ayuntamiento de Oviedo como ejemplo a seguir en esta materia.

Con IU en el Gobierno regional tanto la coalición como el PSOE dieron por cumplido el objetivo de alcanzar las 15.000 viviendas con algún tipo de protección en la legislatura pasada --de 2003 a 2007--, en concreto se decía que se habían alcanzado las 18.000.

Una de las actuaciones del plan de vivienda regional, que viene de la pasada legislatura, es el desarrollo en Roces (Gijón) de unos 2.300 pisos con algún tipo de protección que se firmó a principios de semana. La Sociedad de Gestión y Promoción de Suelo (Sogepsa), será la entidad que se haga con los terrenos afectados por la actuación urbanística.

Fuente: la voz/ J.S.R.

La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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