Las familias reclaman al Principado que reduzca la espera en las adopciones

«Hay muchas familias asturianas que lo están pasando mal. Familias que llevan esperando hasta 21 meses para ser valoradas. No podemos tolerar que la señora consejera permita y defienda ahora que, quien paga 1.000 euros por un certificado de idoneidad, tiene derecho a adelantar a esas familias que no pagan y a saltarse a la torera la lista de espera. Que refuercen sus equipos». La respuesta de las asociaciones de adoptantes asturianas a Teresa Ordiz después de que la consejera de Bienestar Social del Principado admitiese en sede parlamentaria que aquellas familias que abonan 1.000 euros por un certificado privado eluden la lista de espera para ser valoradas fue ayer contundente.

Las familias adoptantes reclamaron al Gobierno regional que los informes psicosociales necesarios para obtener el certificado de idoneidad imprescindible para adoptar sean gratuitos. Joaquín García, presidente de Asturadop, asociación que agrupa a más de 120 familias, explicó que «la queja ya fue presentada el mes pasado ante la Procuradora General del Principado» y que siguen esperando contestación.

Las asociaciones no están en contra del convenio firmado entre el Gobierno regional y los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de Asturias que permiten que sean estos profesionales quienes realicen esos informes psicosociales. Lo que sí rechazan frontalmente es que «se abran dos vías: una de pago, que otorga el privilegio de no esperar, y otra gratuita pero con lista de espera».

La última cifra proporcionada por la Consejería de Bienestar Social del Principado hablaba de un récord histórico en la región: 183 personas esperaban hace pocos meses por este certificado, que emite la consejería y que los potenciales adoptantes tardan en obtener una media de 17 meses, cuando la legislación establece que ha de realizarse en seis.

Ante esa demora, que ha generado protestas recurrentes por parte de las asociaciones de adoptantes, la consejería tuvo que recurrir a psicólogos y trabajadores sociales, que conformaron diez equipos de valoración que empezaron a trabajar en junio.

El objetivo de esos nuevos grupos era agilizar los expedientes que acumulaban los tres equipos de la consejería que hasta esa fecha se encargan de valorar a las familias asturianas. Así, mientras esos equipos han atendido en apenas cuatro meses las demandas de 60 familias, como reconoció Teresa Ordiz, «los tres de la consejería valoran tres o cuatro expedientes al mes».

El presidente de Asturadop explicó además que la fórmula elegida por la Administración regional «genera problemas y dudas» entre los adoptantes. Uno de estos problemas es que «acceder al certificado de idoneidad sin una formación previa es peligroso, porque las familias acortan el proceso y abordan la adopción de dudas». Y entre las dudas, Joaquín García sitúa una fundamental: «No sabemos si las familias que pagan tienen más ventajas. No sabemos tampoco con qué rigor se están haciendo las valoraciones».

«Impropio de la izquierda»

Tanto él como Fernando Menéndez, presidente de Andeni, la otra organización dedicada a defender los intereses de las familias adoptantes en Asturias, abogan porque el coste del servicio sea cero.

«La Administración tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de la valoración», apuntó Menéndez, quien precisó que, «a partir de los seis meses, el retraso debe ser asumido por el Principado». Y en la misma línea se pronunció la portavoz del grupo parlamentario Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes, Noemí Martín, quien exigió a la consejera que «rectifique de inmediato esa política» y que el Principado «asuma los gastos de las valoraciones». Martín, que tildó la defensa de Ordiz de las dos vías -rápida y lenta- de «inaceptable» e «impropia de un gobierno de izquierdas», abogó «porque los equipos de valoración trabajen de forma coordinada».

Fuente: elcomercio/Azahara Villacorta
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