martes, octubre 7

Las familias que pagan 1.000 euros por un certificado para adoptar eluden la lista de espera


«Una cosa es que se contraten equipos para agilizar el proceso y otra muy distinta que quien pague 1.000 euros pase por delante en la lista de espera. Estamos diciendo que el que pueda pagar esa cantidad tiene prioridad sobre el que lleva 17 meses esperando. Que usted dé por bueno eso, resulta increíble»( Noemi M., Diputada)

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«En Asturias hay 60 familias adoptantes que ya han optado por este proceso. Los que no han elegido esta vía, continúan en lista de espera». La consejera de Bienestar del Principado, Teresa Ordiz, resumió así ayer los resultados del convenio de colaboración en materia de adopción internacional suscrito en abril entre el Gobierno regional y los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de la región.
Desde el pasado 1 de junio, el acuerdo permite a esos profesionales realizar los informes psicosociales necesarios para que las familias asturianas que quieren adoptar obtengan el Certificado de Idoneidad, un documento imprescindible para realizar una opción. Por esta opción de pago que supone abonar 1.000 euros es por la que se han acogido ya esas 60 familias asturianas en poco más de cuatro meses.
Ayer, en la Comisión de Bienestar Social celebrada en la Junta General del Principado, Teresa Ordiz admitió por vez primera que, quienes optan por esa vía, esquivan la lista de espera para obtener el preceptivo informe -una demora que en Asturias llega a 17 meses- frente a quienes optan por ser valorados por los equipos de la consejería, que sí deben esperar su turno.
«Atasco monumental»
«Nosotros no le ponemos una pistola a nadie para que opte por esa vía. Son muy libres de hacerlo. Pasa lo mismo que con la sanidad: si no te gusta la pública, te vas a la privada», argumentó la consejera a propósito de esa diferencia, al tiempo que aplaudió la conveniencia de una fórmula que, dijo, «ha permitido agilizar las valoraciones de idoneidad» y «acabar con el colapso y el atasco monumental» en las demandas de adopción internacional.
«No me parece ninguna incoherencia ni ninguna vía rara porque muchas personas van a agilizar mucho sus trámites», zanjó la titular de Bienestar Social, Teresa Ordiz, que puso como ejemplo de buen hacer que, en el caso de las adopciones nacionales, en lo que va de año, se han contabilizado un total de 21, cuatro más que en todo el pasado 2007.
El «objetivo claro» por el que Bienestar Social trabaja «intensamente», alegó después, «es que, en 2009, ninguna familia asturiana tenga que esperar más de seis meses por el certificado de idoneidad para adoptar», una exigencia incluida en el decreto en vigor.
La justificación de Ordiz cayó como una bomba entre la oposición. Para la diputada regional del Partido Popular (PP) Inmaculada González, la intervención de Ordiz demostró que el cargo le viene grande: «Si ya como viceconsejera no tenía ni idea, menos como consejera».
«¿Si son un gobierno tan socialista y tan progresista, por qué no hacen lo que otras comunidades autónomas, que es abonar el gasto?», preguntó González en referencia a que otras regiones cuentan con convenios similares al suscrito por el Ejecutivo autonómico, aunque el coste de la valoración es asumido íntegramente por la Administración.
«Quien paga, pasa primero», resumió la parlamentaria de Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes Noemí Martín, quien calificó de «radicalmente injusto y totalmente perverso el sistema» puesto en marcha por el Principado.
«Una cosa es que se contraten equipos para agilizar el proceso y otra muy distinta que quien pague 1.000 euros pase por delante en la lista de espera. Estamos diciendo que el que pueda pagar esa cantidad tiene prioridad sobre el que lleva 17 meses esperando. Que usted dé por bueno eso, resulta increíble», concluyó.
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La adopción en Asturias
Sin certificado: en febrero, 183 aspirantes a adoptar esperaban ser evaluados. 33 de ellos llevaban dos años en lista de espera para obtener el documento de idoneidad.
A la baja: el año pasado se presentaron 134 solicitudes de adopción, la cifra más baja desde 2004.
El año pasado: en 2007, se concretaron en Asturias 70 adopciones, 43 de carácter internacional y 17 nacionales.
A la espera: en la actualidad, el Principado tutela a 55 menores que pueden ser objeto de adopción. En lo que va de año se han formalizado 21 adopciones nacionales.

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Fuente: El Comercio/ Azahara Villacorta

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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