Oviedo - La nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, de IU, ha reclamado hoy un margen de tiempo, "no los cien días habituales de cortesía", para hacer un análisis "riguroso y claro" de la situación de su departamento y, a partir de esa "radiografía", corregir "lo que se haya hecho mal".
Martín ha comparecido hoy en rueda de prensa junto al resto de integrantes del equipo directivo de la Consejería en la que seis de sus nueve altos cargos ya ostentaron responsabilidades en los departamentos gestionados por IU en la pasada legislatura.
La nueva consejera, cuyo grupo parlamentario fue durante el último año y medio especialmente crítico con la gestión del PSOE en materia de bienestar social y vivienda, ha planteado como principales retos de su gestión el "imprescindible" desarrollo de un sistema público de servicios sociales que se conviertan "en el cuarto pilar del Estado del Bienestar".
A su juicio, el "necesario" desarrollo de la Ley de Dependencia, para la que ha reclamado un mayor respaldo financiero del Estado y de las Comunidades Autónomas después de que las previsiones hechas inicialmente se hayan visto "superadas", no puede hacer olvidar la mejora en la gestión de otros servicios sociales.
En relación con dicha normativa, Martín ha señalado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno central sobre el "copago" -los topes mínimos y máximos de la cuantía que deberá pagar el beneficiario por las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, de acuerdo con su capacidad económica- ha establecido unos criterios "demasiado abiertos" para su aplicación.
Así, será necesario "concretar" más un acuerdo que, en sus actuales términos, podría generar diferencias en la aplicación de la Ley en las distintas Comunidades Autónomas, ha apuntado.
En materia de Vivienda, la nueva consejera ha abogado por centrar su actuación en favorecer el acceso "a este derecho constitucional" de las personas con más dificultares ante la actual crisis económica, lo que requerirá un esfuerzo especial para potenciar las políticas destinadas a fomentar el alquiler y la rehabilitación.
A preguntas de los periodistas, Martín ha señalado como objetivo cuantificable de la política de vivienda la construcción anual de 1.070 pisos de promoción pública (viviendas sociales), a las que se añadirán las de protección oficial y autonómica.
En este sentido, ha señalado que su departamento comenzará a trabajar "lo antes posible" en el borrador de la futura Ley de Vivienda para que se apruebe en esta legislatura una normativa que no incluirá la consideración del derecho a la vivienda como derecho subjetivo (que le da carácter de exigible por los ciudadanos).
Según Martín, para Izquierda Unida esta circunstancia "es viable", pero este aspecto no aparece contemplado en los acuerdos suscritos con la Federación Socialista Asturiana que han permitido a la coalición volver a contar con dos representantes en el Gobierno.
La consejera ha abogado además por evitar que la actual crisis reduzca "el compromiso de solidaridad con los países que siguen pasándolo mal" y que se llevará a cabo desde la Agencia de Cooperación al Desarrollo que gestionará, al igual que en la pasada legislatura, el dirigente del Bloque por Asturias Rafael Palacio.
Palacio es uno de los seis altos cargos de la Consejería que vuelve a la administración autonómica junto a Ángel González (Viceconsejero de Bienestar Social), Pedro Jesús Rodríguez (Servicios y Prestaciones Sociales), Manuel Orviz (Vivienda), Gloria Fernández (Instituto de la Infancia) y Faustino Álvarez (ERA).
A este departamento se incorporan además como novedades respecto a la anterior legislatura Alejandro Suárez (Mayores y Discapacidad), Javier Antuña (Agencia para la Discapacidad) y Marta Pulgar (gerente de VIPASA)
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