La Fiscalía avala la normativa sobre centros de menores

EL DEFENSOR DEL PUEBLO CUESTIONO LA LEGALIDAD DE ESTOS DECRETOS EN ASTURIAS Y GALICIA.

La Fiscalía avala la normativa sobre centros de menores

Fernández Caldevilla matiza que una Ley Orgánica daría "mayor seguridad jurídica".Bienestar Social dice que no hace falta autorización del juez en la red autonómica.

04/02/2009 J. CUEVAS/EFE

Aunque el informe del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, dado a conocer el pasado lunes, cuestiona la legalidad del Decreto 48/2003,que regula el funcionamiento de los centros de menores en Asturias, la Fiscalía defiende la valía de la normativa autonómica. El Fiscal del Menor, Jorge Fernández Caldevilla, manifestó ayer que la decisión del ingreso en los centros que cuentan con "unidades de restricción", como el que se encuentra en Miraflores (Noreña) no requiere, como mantiene Múgica, una autorización judicial.

"En su día entendimos que la administración puede ingresar a un menor sin la autorización del juez, porque ahí va a hacer una vida ordinaria". Y añadió más. "Igual que la consejería decide el recurso más adecuado para el menor dentro de la red del Principado y de los centros concertados, una de las opciones es poder ingresarlo ahí".

Fernández Caldevilla explicó, en cualquier caso, que el centro de Miraflores, "cuenta con unidades de restricción" y "habitaciones donde el menor puede ser aislado" pero que "solo se utilizan si hay reacciones violentas contra otros menores o educadores". El centro de Miraflores se creó en el año 2003, a raíz de una petición de la Fiscalía, que demandaba un equipamiento para derivar a los menores más problemáticos. El fiscal aprovechó para alabar las instalaciones de Miraflores, un centro que, a su juicio, está "muy bien dotado".

LEY ORGANICA CONVENIENTE Para el fiscal, el reglamento que existe en el Principado "da la suficiente cobertura legal", y en este sentido reconoció que todos los ingresos que se realizan en Miraflores son comunicados al Ministerio Fiscal. No obstante, considera que la elaboración de una ley orgánica que regule todo el funcionamiento de centros de menores "sería conveniente a la hora de unificar las actuaciones en toda España".

La Consejería de Bienestar Social , por su parte, coincide con Jorge Fernández Caldevilla al manifestar que la autorización del juez "no hace falta porque forma parte de nuestra red", y recuerdan también que la Fiscalía es informada de todos los traslados. "Si un padre tampoco necesita autorización judicial para castigar a su hijo sin salir de casa", añadieron fuentes de la consejería, que aclararon de todos modos que esas medidas que implican privación de libertad "se toman en muy pocas ocasiones". Una vez que han sido reconducidos, apuntó la consejería, "pueden llegar a salir solos".

Desde la consejería que dirige Noemí Martín se aclaró que los menores trasladados al centro de Miraflores lo son por "conductas violentas y desestructuradas". Además, las mismas fuentes aseguraron que todos los casos de problemas de adicción detectados en menores se tratan con la Consejería de Salud.