viernes, enero 7

Cómo lo político y social determina lo económico (en España)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista TEMAS PARA EL DEBATE, enero de 2011
Este artículo analiza las causas políticas del subdesarrollo social de España y de la crisis económica y financiera actual. El enorme poder de las fuerzas conservadoras en España ha sido responsable de una de las desigualdades sociales más acentuadas en la UE, que ha determinado un enorme endeudamiento de las clases populares así como un acentuado crecimiento de las rentas del capital financiero, invertido principalmente en actividades especulativas. La solución de la crisis requiere unas medidas redistributivas de improbable realización resultado del enorme desequilibrio de fuerzas en la relación capital-trabajo en España excesivamente sesgado a favor del primero. 

Los determinantes políticos y sociales de la economía
En una conferencia sobre el futuro de la economía, creo que debe analizarse el contexto político en el que tal economía se ha desarrollado. Ello debiera ayudarnos a entender la relación entre poder político y configuración económica en nuestro país. Esto adquiere incluso mayor importancia cuando queremos entender la relación entre lo social y lo económico, pues ambas dimensiones están determinadas por el mismo contexto político. De ahí que en esta presentación, haré un análisis de la situación social de España (caracterizada por unas enormes desigualdades sociales), analizando las causas de estas desigualdades, que son las mismas que explican el subdesarrollo social y económico de España.
Las desigualdades como causa de nuestros problemas, incluidos los económicos
Según los últimos datos disponibles sobre la distribución de las rentas y de la riqueza en los países desarrollados, España es uno de los países con mayores desigualdades. Mírese como se mire, las desigualdades de renta son de las mayores existentes en la UE-15. Por ejemplo, la renta disponible de la decila superior en España es 10.3 veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En Finlandia es 5.6 veces, en Suecia 6.2, en Alemania 6.9, y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Más desiguales son EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña, 13.8.
Si en lugar de este indicador consideramos el indicador más utilizado en la literatura económica (el Gini Coefficient), entonces España tiene un coeficiente de Gini de 0.347, uno de los más altos de los países de la OCDE (cuanto más cercana sea la cifra a 1, mayor desigualdad). La gran mayoría de países están por debajo del de España. Algunos, de nuevo EEUU, con 0.408,y Gran Bretaña con 0.360, están por encima, es decir, son más desiguales.
Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la situación es incluso peor. La concentración de la riqueza en España es de las más acentuadas en la OCDE. Así, el 10% de las familias (households) posee el 58% de toda la propiedad. En realidad, el 1% de la población de renta superior posee el 18% de toda la propiedad. La gran mayoría de la población tiene escasísima propiedad (como máximo: casa y coche). Como punto de comparación, en Finlandia el 1% de la población más rica posee el 10% de la propiedad, y el 10% posee el 45% de la propiedad. Estados Unidos es incluso más desigual. El 1% de la población más rica posee el 33% y el 10% más rico posee el 71% de la propiedad.
Una consecuencia de estas desigualdades es que a mayor desigualdad mayor nivel de pobreza. Y de ahí que España sea uno de los países con mayor pobreza en la OCDE. El 15% de los niños viven en familias pobres (cuyo nivel de renta está por debajo de la mitad de la mediana de renta del país). De nuevo, la mayoría de países de la UE-15 tienen unos niveles de pobreza infantil mucho más bajos. Dinamarca (el más bajo) 2.4%, Finlandia 3.4%, Noruega 3.6%, Suecia 3.6%, Francia 7.3%, Holanda 9%, Alemania 10.9%,y así un largo etcétera. Gran Bretaña 16.2% y EEUU 21.7% tienen mayor pobreza.
Pero es un error ver las desigualdades como un fenómeno que afecta sólo a los extremos, es decir a los ricos y a los pobres. Nos afecta a todos.
¿A qué se deben estas desigualdades?
Existe el peligro en estos análisis económicos de ver estas desigualdades como consecuencia, primordialmente, de (A) factores económicos y demográficos (tales como la globalización económica, la estructura demográfica, los distintos niveles de formación y educación, entre otros) que, aún cuando útiles para entender la evolución de la estructura económica y social, son insuficientes, porque las causas reales de estas desigualdades son causas (B) políticas, entendiendo como tales las relaciones de poder, entre las cuales, el poder y conflicto de clases sociales son los determinantes. La relación capital-trabajo continúa siendo central en el análisis de nuestras sociedades. Y su expresión a través del estado es clave para entender cómo estas relaciones de poder se reproducen. Fue el gran pensador de la socialdemocracia sueca, y uno de los intelectuales más influyentes en políticas públicas y sociales en el mundo anglosajón, el profesor Walter Korpi, del Instituto Karolinska de Suecia, que en su excelente libro The Democratic Class Struggle (desgraciadamente nunca traducido al castellano) estableció la lucha de clases como la variable más importante para entender nuestras sociedades, incluyendo nuestras economías. Fíjense que los países que están siendo más afectados por la crisis actual en la Eurozona son países con enormes desigualdades, tales como los países PIGS, cerdos en inglés (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain). Estos países son los países que tienen mayores desigualdades sociales en la Eurozona, como consecuencia de haber estado gobernados durante más tiempo desde la II Guerra Mundial por regimenes fascistas o fascistoides (España y Portugal) y regimenes autoritarios de la derecha más reaccionaria (Grecia e Irlanda), causa de sus enormes desigualdades y de sus dificultades actuales.
Las causas políticas del subdesarrollo social de españa y sus grandes desigualdades
En España la causa del subdesarrollo social y del enorme crecimiento de las desigualdades se basa predominantemente en tres hechos. Uno, es la dictadura fascista, enormemente represiva (según el profesor Malekafis, Catedrático de Historia Europea, y uno de los mayores expertos en fascismo en Europa, por cada asesinato que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), y que careció de sensibilidad social. Era una dictadura de clase en frente de la clase trabajadora, y cuando el dictador murió, España se gastaba en su estado del bienestar sólo un 14% de su PIB. El promedio de los países que más tarde constituyeron la Unión Europea de los Quince (UE-15) era ya el 22% del PIB (datos de 1975). Este enorme retraso social era la causa del enorme retraso económico de España.
La transición de la dictadura a la democracia no fue una rotura, sino una continuación del estado anterior, indudablemente enriquecido con el principio de soberanía popular (reconocida en la Constitución Democrática), pero con un claro dominio de aquel estado por la nomenclatura del estado anterior, que mantuvo un estado muy poco redistribuidor, con claras insuficiencias en la progresividad de su política fiscal, que determinó un estado del bienestar muy insuficiente, y ello a pesar de los indudables avances que se hicieron en la época del gobierno socialista (1982-1996).
La otra causa de las elevadas desigualdades es la manera como se realizó la integración de España a la UE y a la Eurozona, lo cual se hizo a base de aumentar el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15. He escrito extensamente sobre este punto (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. 2006), mostrando que la reducción del déficit público del estado (necesario para alcanzar el criterio de Maastricht, que era que tal déficit no podía ser superior al 3% del PIB) se hizo a costa de reducir el gasto público social, primero en términos absolutos, en la etapa 1993-1995, y más tarde en términos relativos (del 1995, último año del gobierno PSOE, al 2004, último año del gobierno PP) permitiendo un crecimiento del gasto público social mucho más reducido que el promedio de la UE-15. Ello explica que en el 2004 el déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social por habitante entre España y la UE-15) fuera mayor que en 1993. Como consecuencia, las desigualdades eran también mayores en 2004 que en 1993, puesto que el gasto público social es una de las intervenciones más reductoras de desigualdades en España.
Una tercera causa de las desigualdades era la política fiscal (que aumentó su regresividad en el periodo 1993-2004) resultado del descenso de los impuestos directos (durante la alianza PSOE-CiU en el periodo 1993-1996, PP-CiU en 1996-2000 y gobierno PP en 2000-2004), y de la desregulación del mercado laboral (con notable descenso del porcentaje que las rentas del trabajo supusieron sobre las rentas totales). El proceso de acumulación de capital se basó en unos salarios bajos, en una política fiscal regresiva, y en un escaso desarrollo del estado del bienestar español. Los datos que he publicado en otros estudios, así como las investigaciones del Observatorio Social de España (ver los volúmenes I, II y III de la Situación Social en España) avalan claramente esta interpretación de lo acaecido.
Las causas sociales de las crisis actuales
El descenso de las rentas del trabajo llevó a un enorme endeudamiento de las familias españolas, que pudo sostenerse debido al elevado precio de la vivienda, que era el aval para conseguir el crédito. Pero cuando el mercado inmobiliario explotó, las familias, profundamente endeudadas, tuvieron que enfrentarse con un problema grave. En términos económicos, ello supuso un bajón enorme de la demanda, y como resultado de ello, una enorme reducción del crecimiento económico. Y el estado español también vio aumentar su déficit, como consecuencia del descenso de la actividad económica (el 50% de tal déficit se debió a esta causa), de la disminución de impuestos (el 40%) y del aumento del gasto público (sobre todo en seguro de desempleo) para estimular la economía (sólo un 10%).
Por otro lado, la enorme concentración de las rentas del capital (que se consiguió a costa de las rentas del trabajo), fue responsable del comportamiento especulativo de la banca, estableciendo el complejo bancas-inmobiliarias-construcción, que fue el motor del mal llamado milagro español de creación de empleo. La banca española estaba, a su vez, profundamente endeudada con la banca alemana y francesa que poseían el 62% de la deuda bancaria exterior.
Periodo 2004-2010
El gobierno socialista hizo reformas sociales novedosas e importantes. Y el gasto social aumentó significativamente. Pero –y es un gran pero- el crecimiento del gasto público social no fue resultado de una mayor carga impositiva, dentro de una política fiscal más progresiva (en realidad, la regresividad aumentó en el periodo 2004-2010), sino de un notable crecimiento económico. Es más, las enormes desigualdades de rentas y el peso excesivo de las rentas de trabajo en la contribución fiscal al estado, explica que el descenso de la actividad económica inmediatamente creara, además de un enorme crecimiento del desempleo y una reducción de la ocupación, un notable descenso de los ingresos al estado. El elevado déficit estructural público del estado se debe, en gran parte, a la excesiva dependencia de los ingresos al estado de las rentas del trabajo y escasa aportación de las rentas del capital, aportación que fue incluso más baja, resultado de la disminución de los impuestos llevada a cabo por todos los gobiernos (tanto del PP como del PSOE). Es de una enorme malicia considerar que el elevado déficit se debe al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social). En realidad, España es el país que tiene el gasto público social más bajo de la UE-15, y es el que tiene un porcentaje de la población adulta empleada en los servicios del estado del bienestar más bajo (9%, comparado con 15% en la UE-15, y 25% en Suecia). Y es este bajo empleo en los servicios del estado del bienestar que es, en gran parte, responsable de la baja tasa de población empleada en España. El retraso del estado del bienestar es un obstáculo para el desarrollo económico de España.
¿Qué hay que hacer?
En realidad, las medidas son fáciles de ver. Y se basan en la corrección de lo que se ha hecho mal durante estos años. Y principalmente, corregir las enormes desigualdades, tanto de renta como de propiedad, recuperando la progresividad en las políticas fiscales. Otra intervención es incrementar los ingresos al estado corrigiendo el enorme déficit del gasto público social por habitante del promedio de la UE-15, utilizando el gasto público en la infraestructura social del país, como medida de estímulo de la economía. Una de las causas del subdesarrollo económico es el subdesarrollo social que se refleja en un deficiente e incompleto sector público.
Debiera también facilitarse la integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante el desarrollo del 4ª Pilar del Estado del Bienestar que, como se planteó en su inicio, debiera incluir el derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios. Los déficits de recursos humanos debieran cubrirse predominantemente a través de la incorporación laboral de la mujer. Si todos los países de la UE tuvieran el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría más mano de obra disponible en la UE que la que se conseguiría con la integración de Turquía en la UE.
Una medida también necesaria para aumentar la productividad debería ser prohibir salarios bajos (bien a través de los convenios colectivos, bien a través de incrementar el salario mínimo), tal como hizo Suecia en las reformas Meidner. La enorme disponibilidad de mano de obra barata (inmigrantes incluidos), ha sido una de las causas de la baja productividad. Y ni que decir tiene, acentuar la formación profesional, el punto más flaco en el sistema educativo español.
Otra medida sería la de garantizar el crédito, primero mediante el establecimiento de bancas públicas (transformando las cajas en bancos públicos) y en segundo lugar, regulando y gravando a los bancos privados, y muy en especial a los fondos especulativos.
Todas estas medidas y otras dependerán a su vez de la correlación de fuerzas en los próximos años. Hoy en España el capital, y muy en particular, el financiero, tiene excesivo poder a costa del capital productivo y del mundo del trabajo. Como decía Walter Korpi en su libro Democratic Class Struggle existen momentos históricos en que tal poder interviene obstaculizando el pleno desarrollo del enorme potencial que tiene la raza humana. Creo que este es uno de estos momentos. Tal futuro podrá desarrollarse si las fuerzas del trabajo pueden recuperar el poder político y social perdido y con ello recuperar el espacio económico. Termino pues estas notas subrayando que me he centrado única y exclusivamente en España, a fin de equilibrar la gran atención que se da, con razón, al contexto europeo y mundial, en donde España existe.
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http://www.vnavarro.org/?p=5202

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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