domingo, diciembre 26

¿Qué medidas se tomarían para "rescatar" a España?


Posted: 23 Dec 2010 09:56 AM PST
Publicado en Sistema Digital el 23 de diciembre de 2010 Analicé en un artículo anterior (¿A quién interesa y cómo sería el rescate de España? (http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/index.php?option=com_content task=view id=2044 Itemid=16)) las circunstancias que a mi entender podrían dar lugar a un rescate de la economía española, qué naturaleza han tenido otros anteriores y a quién podría interesar que se llevara a cabo en España en un futuro inmediato. También señalé que si bien la situación de la economía española es delicada, como triple consecuencia de la crisis internacional, del agotamiento de nuestro modelo productivo y de la escasa capacidad de maniobra que tenemos como miembros de una unión monetaria mal diseñada, no es cierto, sin embargo, que no vaya a poder hacer frente a los compromisos de pago generados por el incremento de la deuda. Indiqué que una cosa es tener una deuda elevada (y España ni siquiera la tiene en comparación con la media europea, aunque sí padece un grave problema de déficit exterior) y otra no poder hacerle frente, porque esto no depende solo de su magnitud. En ese artículo anterior decía que los problemas que nos afectan se derivan más bien de una presión artificial de los mercados , es decir, de los inversores institucionales que están especulando con nuestros títulos, y de los mayores acreedores de la banca privada española que buscan mejorar sus posiciones para garantizarse el cobro más rápido y seguro posible de la deuda. Comenté también que esta presión es en cierta medida alentada en tanto que es la vía por la que se está obligando al gobierno a adoptar medidas liberalizadoras y de recorte de derechos que solo favorecen a los grandes capitales. Concluía el artículo señalando que la combinación de todas esas circunstancias me llevaba a pensar que el rescate de España, de llevarse a cabo, sería claramente el resultado de una inducción y no de una circunstancia de insolvencia objetiva o estructural de la economía española. Pues bien, en este nuevo artículo voy a tratar de indicar cuáles serían las medidas que a mi juicio se obligaría a tomar al gobierno español si el rescate se produjese. Como es sabido, un rescate se lleva a cabo cuando un Estado no puede hacer frente a los compromisos de su deuda. En esa situación, la institución que rescata proporciona un préstamo para que los liquide cuanto antes y al mismo tiempo impone la adopción de un abanico de medidas en principio dirigidas a garantizar la devolución del préstamo al nuevo acreedor y a incrementar los ingresos con los que se supone que puede saldar mejor la nueva deuda. En los rescates que se han venido haciendo desde hace décadas por parte del Fondo Monetario Internacional (que en el caso español seguramente tendría que intervenir apoyando a la Unión Europea, dada la magnitud que tendría nuestro eventual rescate ) esas medidas han conformado los llamados planes de ajuste estructural que básicamente respondían al llamado consenso de Washington que fue la manera elegante de denominar a la política económica neoliberal que era la bien vista por Estados Unidos. Entre otras, las siguientes: - Recorte de gasto público y sobre todo de los gastos sociales superfluos según los principios neoliberales al uso, en sanidad, educación o prestaciones sociales. - Liberalización de las actividades económicas mediante reformas de los mercados orientadas a potenciar la iniciativa privada y a limitar los contrapoderes públicos, sindicales o institucionales de todo tipo. - Privatización de empresas y servicios públicos. - Máxima apertura al exterior para garantizar la entrada de capitales extranjeros y eliminación de todo tipo de trabas jurídicas o institucionales a la inversión extranjera. - Medidas para mejorar la gobernanza que igualmente llevaban consigo liberalización en sectores culturales, reformas electorales y promoción de nuevos valores y formas de socialización. - Devaluación de la moneda nacional con el fin de favorecer las exportaciones y así adquirir divisas con las que pagar la deuda. - No es este el momento de comentar los efectos negativos de estos programas, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido que reconocer. En casi todos los países en donde se aplicaron produjeron caídas en la actividad económica, menor ingreso, altas cifras de pobreza y exclusión social, empeoramiento de la situación de partida de las economías y, en suma, peores resultados que los alcanzados por países que aplicaron programas de reactivación basados en principios diferentes. Para el propósito de este artículo simplemente me basta con señalar que, desde el punto de vista de la generación del ingreso, lo que se buscaba con estos planes era, expresado de forma muy resumida, sustituir demanda interna (que se consideraba insuficiente y además incapaz de generar ingresos para hacer frente a la deuda puesto que no se traducían en divisas) por demanda externa, fomentando las exportaciones y disminuyendo importaciones gracias a la devaluación. Y, al mismo tiempo, vincular la generación de esta última a la iniciativa privada, en su mayor parte ligada a capitales procedentes del exterior. En el caso de los rescates que se acaban de producir en Europa se han seguido los mismos principios de actuación, si bien ahora se dan dos diferencias fundamentales: En primer lugar, que la mayoría de esas medidas de ajuste ya se habían venido aplicando antes del rescate. En segundo lugar, que ahora, al tratarse de países que forman parte de una unión monetaria, no puede producirse la devaluación de su moneda. La primera circunstancia implica que los efectos ya de por sí depresores de la actividad y del empleo de esas medidas liberalizadoras y de recorte de gasto se amplifican para mal porque vienen a endurecer las ya tomadas anteriormente. El reciente caso de Irlanda es bien expresivo de esto último. Se trata de un país ejemplar a la hora de aplicar las medidas de liberalización, privatización y recorte de gastos sociales antes de la crisis, durante su desarrollo y como respuesta a ella (ver mi artículo Irlanda como ejemplo (http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/index.php?option=com_content task=view id=2015 Itemid=16))Y una prueba paradójica de que la pretendida medicina que comporta el rescate no sirve para curar su problema de solvencia sino para empeorar la situación de su economía es que, después de aplicarse el ajuste, las agencias afirman que bajarán la calificación de Irlanda porque el anunciado recorte del gasto de 15.000 millones en los cuatro próximos años para reducir el déficit al 3% del PIB supone un considerable lastre añadido sobre las perspectivas de recuperación del país (http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2683629/12/10/Economia-MacroAmpl-Moodys-rebaja-cinco-escalones-el-rating-de-Irlanda-hasta-Baa1-con-perspectiva-negativa.html%29) (En Eleconomista.es: http://bit.ly/i40DN2) (http://bit.ly/i40DN2%29). Por otro lado, el hecho de que en los países europeos rescatados o amenazados por el rescate no se pueda devaluar también tiene implicaciones importantes. La devaluación es una forma muy drástica de devolver competitividad a una economía porque al depreciarse su moneda se facilita la exportación que proporciona ingresos y se encarece la importación, que los disminuye. Es verdad que la devaluación es la competitividad de los pobres , es decir, de los países que no pueden mejorar su saldo exterior por otras vías, y que es una forma un tanto falsa de competir, porque no equivale a hacer mejor las cosas sino a ofrecerlas a menor precio. Pero lo cierto es que cuando ese tipo de países se encuentran en una situación apurada, precisamente porque han de competir con países más fuertes y con industrias de mejor calidad o más innovadoras y eso les ha producido un fuerte déficit exterior y presupuestario, no les suele quedar más remedio que recurrir a esta vía. Porque si no lo hacen tienen que asumir recortes salariales mucho más drásticos y perjudiciales para su demanda interna. Y la experiencia histórica demuestra (como en el caso español) que estas devaluaciones competitivas (que también las llevan a cabo los propios países más ricos, como desde hace meses Estados Unidos) o bien son la única fórmula de no caer en una situación de insolvencia o incluso que a partir de ellas se puede volver a respirar y a ganar posiciones en los mercados que faciliten incrementos en el ingreso. Sin embargo, cuando no es posible recurrir a la devaluación, como ahora en el caso de estos países de la periferia europea, y cuando además no se modifican las condiciones de entorno a las que me referiré en un artículo posterior, no es posible esperar que se mejoren los ingresos por exportaciones. Eso significa que el rescate da lugar a una pérdida neta de actividad e ingreso. De ingreso interno porque el recorte de gasto deprime la demanda, y externo porque sin devaluación es imposible recuperar el ingreso exterior. Aunque, eso sí, se trata de una pérdida de ingreso que está muy asimétricamente repartida. Por un lado, eleva el de los que verdaderamente son rescatados : los bancos y, en general, los grandes deudores. Y, por otro, disminuye el de los demás sectores sociales que tras el rescate han de pagar el nuevo préstamo y con él la nueva deuda, mayor y generalmente más cara. Además, las grandes empresas y entidades financieras que disfrutan de mercados internos cautivos (cuya demanda apenas cae aunque se reduzca el ingreso) o que han instalado una buena parte de su actividad fuera del país precisamente para esquivar la baja competitividad de la economía, se ven menos o casi nada afectadas por el deterioro de la demanda interna como consecuencia de las políticas previas y posteriores del ajuste. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas y las de base exportadora soportan la gran carga del ajuste, y como estas son las que soportan la mayor parte del empleo, es por lo que los ajustes vinculados al rescate suelen tener unos efectos tan negativos también sobre él. En el caso español, es fácil comprobar que este ajuste se viene ya desarrollando por anticipado , justamente como resultado de la extorsión que los mercados , las grandes patronales y las autoridades europeas vienen realizando sobre el gobierno. Los mercados se han ido adelantando para imponer sus condiciones a medida que van rescatando al Estado financiando su deuda. Pero eso no quiere decir que si finalmente se dieran las circunstancias que en mi anterior artículo señalé que podrían inducir o provocar el rescate ya no fuese necesario llevar a cabo nuevas medidas de ajuste de este tipo o que fuesen suficientes las llevadas a cabo. Todo lo contrario. Se puede aventurar que las condiciones que se impondrían para efectuarlo serían mucho más severas y cualitativamente diferentes teniendo en cuenta las especiales circunstancias que con toda probabilidad se darían en ese momento. Primero, la situación aún más crítica e indefensa a la que se habría llegado; segundo, que la tensión que podría hacer posible el rescate habría supuesto un deterioro excepcional de nuestra posición financiera en los mercados (por muy provocado o artificial que pudiera ser); y tercero, que el rescate sería muy costoso porque generaría una deuda añadida más cara que la actual y porque seguramente estaría asociada al descubrimiento de un agujero multimillonario en el sistema financiero, más o menos equivalente a la deuda con los acreedores más potentes de la banca española. Y además de ello, porque es lógico que si se llegase a esa situación se entraría en una fase de gran debilidad política e institucional que provocaría una especie de río revuelto que los grandes poderes económicos aprovecharían con toda seguridad para poner en marcha el proyecto, hasta ahora semioculto, fundamentalmente encaminado a reconstituir el tejido institucional , en palabras de un reciente estudio de la Fundación FAES ( Un Estado Autonómico racional y viable , p.112, en fundacionfaes.es (http://www.fundacionesfaes.es/)). De llevarse a cabo el rescate inducido de España lo que sucedería sería más o menos lo siguiente. Después de un tiempo de convulsión financiera y política se acordaría un préstamo de gran magnitud y con un tipo elevado, como ha ocurrido en Irlanda que lo ha recibido al 5,8%. En el contexto de perturbación que esa situación lógicamente produciría se podría justificar la puesta en marcha un amplio y durísimo plan de medidas que tendría posiblemente los siguientes contenidos: a)Profundización en la reforma laboral que definitivamente eliminase las trabas a la libre negociación entre las partes, modificando el sistema de negociación colectiva, disminuyendo el poder y la presencia de las organizaciones sindicales en las relaciones laborales y simplificando la contratación. b) Reforma del sistema de pensiones en la línea que vienen demandando las entidades financieras y los economistas neoliberales a su servicio para avanzar mucho más directamente hacia su privatización y para permitir que el fondo de la Seguridad Social, como ha ocurrido también en Irlanda, pueda dedicarse a financiar la deuda. c) Reforma fiscal que elevase los impuestos indirectos como el IVA y disminuyera la imposición sobre el beneficio de sociedades. d)Privatización de las empresas públicas aún existentes y de servicios públicos y establecimiento de condiciones de igualdad entre la iniciativa privada y la pública en sectores como la educación, la sanidad o los servicios a las personas. e) Recortes drásticos en el gasto público aún mayores de los que se han producido ya y que, bajo el discurso de la austeridad y el ahorro de lo innecesario llevarían consigo principalmente : - Reducción en los gatos de personal, tanto mediante la disminución de efectivos como de los sueldos en todas las administraciones. - Disminución de gasto social, en educación, sanidad y servicios sociales públicos. - Disminución de gasto público corriente y en inversiones (I+D, infraestructuras...). f)Reconsideración del marco institucional en la línea que están apuntando el informe citado de FAES o el que los 50 grandes empresarios presentaron al Rey: - Fusionando o haciendo desaparecer ayuntamientos menores y diputaciones. - Modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas, redefiniendo el marco y la política de desarrollo competencial y quizá llegando aún más lejos. El informe de FAES (p.167) afirma, por ejemplo: Alemania redimensionó hace años el tamaño de sus länder, forzando su agrupación. Sea éste el camino, o el del estímulo de la cooperación interregional, es necesario explorar esta vía de mejora de la eficiencia . - Fusionando o haciendo desaparecer universidades, fundaciones y otras entidades públicas y administrativas cuya escala actual se considerará ineficiente, tal y como explícita o implícitamente se indica en esos informes. En gran parte, todo esto se ha puesto ya en marcha pero, si se llevara a cabo el rescate , habría una diferencia sustancial. No solo se trataría, como hasta ahora, de abundar en el establecimiento de condiciones cada vez más favorables a la banca y a la gran empresa a costa de retrasar por muchos años la recuperación económica y el avance hacia un modelo económico más eficiente, justo y sostenible. El rescate iría necesariamente acompañado de un auténtico golpe de timón institucional que pondría en jaque a nuestra ya de por sí imperfecta democracia. Próximo artículo: ¿Es inevitable el rescate de España? ¿Hay alternativas?
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan
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la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

OTRA VEZ SERÁ. Los menores prueban múltiples métodos para llegar a la península.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluñalas administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO


Principios de actuación
1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.
2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.
3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su
país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte
de las pruebas médicas realizadas.
5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.
6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la
cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.
Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de
estos menores.
10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.

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