Vidas sin tutela

Están a punto de alcanzar la mayoría de edad y de afrontar su salida forzosa al mundo laboral en un país que no es el suyo. Sin conocer bien el idioma, sin redes familiares por si vienen mal dadas y con mucho tiempo libre. Esa es la situación de muchos de los menores inmigrantes no acompañados que viven en Asturias, un porcentaje cada vez más numeroso entre los 600 chicos cuya tutela está en manos del Gobierno regional. Y esa «situación empeora por momentos ante la falta de oportunidades acentuada por la crisis», alerta Juan Sánchez, presidente de Manos Extendidas, una de las ONGs asturianas que los acoge en cuatro pisos en Oviedo y Mieres.

La detención de tres jóvenes marroquíes -dos menores de edad- en Gijón como presuntos autores de la violación de una joven de 25 años a la que uno de ellos había contratado para mantener relaciones sexuales ha sacado a la luz «un conflicto bastante más grave de lo que la gente cree», afirma el director de Cáritas en el Principado, Adolfo Rivas, que recuerda que los hechos se cometieron en un piso de acogida gestionado por una ONG pero supervisado por la Consejería de Bienestar Social.

La organización e incluso la conveniencia de este tipo de pisos, denominados tutelados y a los que sólo logran acceder aquellos menores que superan la valoración de la consejería es, cuando menos, cuestionable para Rivas, quien explica que «se trata de una solución arriesgada» y que «en la región ya ha habido varios intentos similares que han salido mal».

«Cáritas no tiene pisos tutelados y, en este momento, no quiere tenerlos», zanja el máximo responsable de esta organización, que duda de que «esta opción sea la más adecuada para los chavales».

Chavales que, según ha precisado el fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, «desarrollan un proyecto de vida independiente con educadores que los supervisan de vez en cuando».

«Se quedan en la calle»

«Vamos a tener un problema serio, porque no paran de llegarnos críos que, una vez que abandonan las instituciones del Principado donde estaban hasta la mayoría de edad, se quedan en la calle», apunta Juan Sánchez desde uno de los pisos de acogida de Manos Extendidas, un domicilio que, aunque no está sujeto a un convenio con Bienestar Social como los pisos tutelados, sí cuenta con subvenciones del Gobierno regional y de los Ayuntamientos de Oviedo y Mieres. Sólo en Gijón, el Principado tutela a 139 menores de otros países repartidos en diez centros de acogida.

Como muchos, Juan Sánchez no se explica «cómo es posible que subieran a la chica a un piso supuestamente tutelado, donde se supone que tiene que haber unas normas de funcionamiento».

Fuentes de Bienestar Social aseguraron ayer que «los jóvenes son vigilados mediante visitas periódicas de sus tutores». Y, a pesar de ellas y de que deben superar un examen inicial en el que se valoran sus actitudes, el fiscal de menores del TSJA ha podido comprobar que uno de los implicados en la agresión sexual tenía tres identidades diferentes en España y ya había sido expulsado del país. El resto ya se habían fugado de otro centro de protección.

Caldevilla entiende que, puesto que la violación tuvo lugar en el domicilio de menores cuya custodia pertenece a la Administración, el Gobierno regional es «el responsable civil» de los hechos.

Fuente: elcomercio/A. Villacorta