El endurecimiento de las políticas ante la inmigración se constata también en el caso de los menores extranjeros no acompañados. Varias comunidades autónomas intentan deshacerse de ellos, en vez de proteger sus derechos como menores. Sin embargo, la intervención de diferentes organizaciones sociales está logrando parar las expulsiones.
Antes de que fuese aprobada la europea 'Directiva de la Vergüenza', que instaura el encierro de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros hasta su expulsión, diferentes administraciones españolas habían empezado a decantarse por la mano dura. Así han apostado por repatriaciones ilegales de menores extranjeros no acompañados (MENA) y han acelerado la externalización de los centros de acogida.
Las comunidades autónomas ejercen la tutela judicial de cada MENA que llega a su territorio. Por ley, tienen que garantizar su derecho a una vivienda digna, sanidad, educación y documentación. Esto rara vez se cumple en los centros de menores españoles, según denuncian diversas organizaciones sociales. Más aún, algunas comunidades practican expulsiones ilegales disfrazadas de reagrupaciones familiares.
Madrid concentraba hasta el año pasado el 50% del total de las expulsiones del Estado. Por su parte, en 2006 la Generalitat de Catalunya repatrió a 19 menores, según el Col lectiu Drari. Ceuta, Melilla y Alicante son otros de los territorios que expulsan a menores. Asturias, Andalucía y Euskadi figuran entre los que amenazan constantemente con hacerlo. El 11 de junio, en rueda de prensa, asociaciones andaluzas pro derechos humanos denunciaron la existencia de una circular de la Dirección General de la Infancia y Familia para que los menores con más de 16 años llegados a los centros de acogida no fuesen declarados en situación de desamparo y así evitar tener que tutelarlos. Según Drari, las instituciones asturianas han acordado en una semana órdenes de expulsión para ocho niños. "Dudaban de su edad y decidieron que eran mayores.Les detuvieron y decretaron su internamiento en el CIE de Valencia", relata su portavoz, Vincenç Galea.
El menor expulsado a menudo ni siquiera llega a su ciudad natal. Le envían a un país que no le acepta y que carece de un sistema de protección. Para maquillar esas consecuencias, se han construido un total de cuatro centros en Marruecos a iniciativa de los gobiernos central, de Madrid y de Cataluña. "Los venden como programas educativos, pero son un fraude y no permiten la intervención de las ONG", critica Galea.
En Melilla, las expulsiones se ejecutan sin mediar trámite, denuncia la ONG Prodein. "Cuando llega un niño se le trata mal para que se vaya. Los educadores les asustan con interrogatorios en los que los malos tratos son habituales. Durante su estancia se les castiga sin salir y se les amenaza con que no les harán papeles. Comen mal y su ropa es tan precaria que les da vergüenza ir al colegio... El niño no aguanta, así que abandona voluntariamente. Los educadores le llevan a la frontera y le amenazan hasta que accede a irse", relata su portavoz, José Palazón. Además, cuando el menor cumple 18 años, la Consejería le retira toda documentación. "Se quedan en la calle sin papeles y son expulsados en cuanto un control policial les intercepta", señala.
Al menos, las asociaciones están logrando limitar la acción de las administraciones. Madrid ha dejado de expulsar por la actuación de abogados ; en Catalunya, desde la última expulsión en junio de 2007, se denuncian todas las que se notifican y se han conseguido abortar cuatro, y Andalucía lleva años sin repatriar por la presión judicial. Se ha logrado que las expulsiones sean notificadas a los menores, ya que antes se les repatriaba por sorpresa. Galea defiende "establecer un protocolo para conocer bien al niño y su entorno. Hay chicos con una familia maltratadora o sin recursos que están mejor aquí".
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Dedicada a los 17 diputados socialistas que votaron esta directiva. y en particular a sr. Carlos Carnero, eurodiputado socialista. Y también a Guardans Cambó, eurodiputado de CIU.
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