No quería levantarse de la cama para asistir a un curso. Un educador lo despertó y el joven encerró en la habitación, bloqueando la puerta. Al salir, el menor blandía un cuchillo en la mano y le amenazó. Enseguida llegaron otros dos chicos para apoyar a su 'amigo', y otros compañeros a defender al trabajador.
Ocurrió ayer por la mañana en el edificio El Chalé, dentro del recinto de la Fundación Docente Orfanato Minero (Fundoma), y la trifulca fue creciendo hasta que intervino la Policía Nacional. Se saldó con cinco profesionales agredidos, el más grave con la nariz rota, y los tres inmigrantes detenidos, según informaron fuentes cercanas al centro.
El suceso ya ha sido comunicado a la Consejería de Bienestar Social, que ayer prefirió «no entrar en detalles» al tratarse de chicos menores, y a la Fiscalía de Menores, a quien los responsables de la residencia han pedido «que los trasladen a otro sitio», pues consideran «un riesgo» su regreso. Además, la Policía ha recibido una denuncia. También tienen en sus manos fotografías sobre cómo ha quedado el edificio tras lo sucedido.
El Chalé es la sede del programa de menores inmigrantes no acompañados llamado 'Assalama', que curiosamente significa 'bienvenido' o 'agradecido por la acogida'. En sus habitaciones residen desde el verano de 2009 un grupo de chicos, como máximo diez, procedentes de la Unidad de Primera Acogida del Materno-Infantil. Siguiendo el modelo de trabajo de los creadores del programa, que nació en Andalucía, los educadores trabajan con estos menores en tres fases: una de acogida, otra de permanencia y una de salida para independizarse, a partir de los 18 años.
Los responsables tenían reunión ayer la mañana en las instalaciones. Por eso, cuando sucedió la pelea estaban todos, lo que evitó males mayores.
Según informaron fuentes del centro, el conflicto se desencadenó a primera hora y las agresiones se produjeron durante unos 15 minutos. Cuando el joven «se encaró» y comenzaron los golpes, otros dos chicos de los cinco que residen actualmente en El Chalé salieron a ayudarle. Al ver que no podían controlar la situación, el personal llamó a la Policía.
El educador más grave, golpeado «con un palo», fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias. Un equipo médico le atendió de «fracturas en el tabique nasal y contusiones en la cara», especificaron fuentes sanitarias. Ya ha sido dado de alta.
Otros cuatro de los empleados que acudieron a su rescate también fueron agredidos. «A una chica la empujaron contra un armario y se hizo daño en un brazo». Tanto esta herida como el resto fueron atendidos en centros de salud, uno de ellos en La Lila.
La convivencia en este tipo de centros se torna difícil en algunas ocasiones. Sin embargo, la dirección del Fundoma aseguró ayer que en El Chalé «no se había producido nada de este nivel». Sólo recordaron otro tipo de hechos puntuales, como la llegada de coches policiales para devolver a la residencia a «jóvenes que se habían marchado y aparecieron en la calle».
«Cuchillos escondidos»
Eso sí, los tres jóvenes involucrados en la agresión «tenían cuchillos escondidos en sus habitaciones», comentaron desde el centro. Como medida de seguridad, los residentes sólo pueden acceder a cuchillos de punta redonda dentro de las instalaciones, pero estos tenían punta.
El pasado día 8, otros dos menores inmigrantes, también alojados en un centro gestionado por la consejería, se vieron involucrados en un suceso. Tres jóvenes les persiguieron y agredieron en las inmediaciones de la Unidad de Primera Acogida (UPA) del Materno Infantil, donde estaban alojados pasadas las cuatro de la mañana.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20101221/oviedo/tres-menores-marroquies-agreden-20101221.html
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
La Administración genera marginalidad entre los menores.
Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan
- OTRA VEZ SERÁ. Los menores prueban múltiples métodos para llegar a la península.
Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.
La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.
Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.
Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.
En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.
El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.
En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.
Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.
En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.
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