¿Incremento del discurso Xenófobo?

Retirar grapas en 10-15 días…”. Esas frases son parte del informe médico de uno de los dos menores migrantes agredidos el 8 de diciembre en Oviedo.

Otros tres lograron escapar de la paliza que, según su versión, les propinaron tres individuos armados con palos después de perseguirlos. Según explica Ana Taboada, abogada de SOS Racismu, la investigación se ha abierto de oficio debido a los partes médicos. Su organización se ha personado como acusación popular.

En los últimos meses, las agresiones racistas han crecido, junto al incremento de la difusión del discurso xenófobo. El ataque estuvo precedido de la ‘voz de alarma’ dada por Democracia Nacional y la Asociación de Vecinos de San Lázaro sobre el aumento de la delincuencia en el barrio, que la vinculan a la presencia de estos menores.

Unos días antes, la formación ultraderechista realizó una concentración ante el Centro residen los cinco chicos agredidos. La presidenta de la Asociación, María Teresa Martín, hizo suyo el discurso de la ultraderecha en La Nueva España. “A ver si al final vamos a tener que tomarnos la justicia por nuestra mano”, decía Martín en octubre.

La cobertura mediática no ha sido la misma para los actos de colectivos sociales y partidos políticos en apoyo a los menores y en contra de las proclamas racistas. El 15 de diciembre, convocadas por la Ruta contra el Racismo y la Represión, unas 150 personas se congregaron ante el Centro para condenar las agresiones y la criminalización de los menores migrantes. Sólo un fotógrafo de un medio regional presenció cómo la Policía Nacional impidió que el grupo se desplazase por la acera unos 400 metros.

Tampoco se libra de las críticas el fiscal de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, quien pidió cautela ante esta agresión, “pero que no ha salido al paso de las declaraciones que incitaban a la violencia contra ellos”, apunta Eva Martínez, portavoz de la Ruta.

Otra pata del banco, en entredicho, es la Consejería de Bienestar Social. Su gestión de la tutela de los menores deja, en opinión de unos y otros, mucho que desear. En manos de IU desde 2008, no ha frenado la privatización de los centros, y mantiene la presencia de empresas como La Cruz de los Ángeles o Accem, a quienes algunas voces acusan de convertir la tutela de menores en negocio. “¿Por qué cada vez más centros y pisos de acogida están subcontratados, precarizando las condiciones de las educadoras?”, pregunta Eduardo Romero, de la Ruta, que también denuncia la estancia de chavales en primera acogida “durante meses o años, cuando el período máximo por ley es de 45 días”.

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