viernes, septiembre 25

Políticos y expertos defienden que el sistema de protección de menores debe actualizarse

Noemí Martín, que ayer inauguró en Oviedo la Conferencia Internacional de Infancia, apuesta por la colaboración con los servicios sociales municipales

 
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De izquierda a derecha, Jorge Fernández del Valle, Emily Monroe, Julio González, Juan Carlos Mato y Noemí Martín. jesús farpón
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Oviedo,
Elena FERNÁNDEZ-PELLO
Tanto los responsables políticos como los profesionales y los investigadores opinan que ha llegado el momento de actualizar el sistema de protección a la infancia. El director general de Política Social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Carlos Mato, considera que desde los años ochenta, en los que se diseñó el sistema, hasta la actualidad se han producido «cambios sociales que tuvieron un gran impacto en la infancia» y que obligan a «repensar» las medidas de protección de los menores. Asturias no es excepcional. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, admite que se han producido «cambios fundamentales en poco tiempo», así que «en lo que queda de legislatura tenemos el reto de elaborar una nueva política de infancia».

El Director general de Política Social y la Consejera presidieron al acto inaugural de la I Conferencia Internacional «Perspectivas Internacionales en Protección Infantil», que desde ayer reúne en Oviedo a expertos en políticas de protección a la infancia de 17 países. Esta gran reunión ha sido organizada por el Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo (GIFI), el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, las Familias y la Adolescencia y el Ministerio de Sanidad y Política Social, entre otros.

Con motivo de esta ocasión, la Consejera asturiana ofreció algunas cifras representativas y expuso los principios en los que asentará su política de infancia. Así indicó que si en 1985, en Asturias, el número de menores internados en centros de acogida era de 1.221, en 2008 esa cifra se había reducido hasta 571. Por otra parte, continuó, en 1985 sólo se dictaron seis medidas de acogimiento, en cambio en 2008 fueron 544. En vista de esta evolución, reconoció que «la política de infancia debe ir dirigida a la creación de un nuevo sistema», que en el Principado se desarrollará en el marco del Plan de Infancia aprobado la pasada legislatura y que conlleva una revisión a fondo de la actual Ley del Menor.

Las bases sobre las que se asentará ese nuevo modelo, adelantó Noemí Martín, serán «la coordinación con las corporaciones municipales y sus servicios sociales», que son los que pueden intervenir más directamente en casos de protección de menores; la promoción del conocimiento de los problemas que acucian a los menores y la sensibilización de la sociedad y, finalmente, la diversificación de recursos, «para atender a cada menor de una manera personalizada». El objetivo es «adecuar la red de infancia a la nueva realidad y los nuevos perfiles de los menores».

Sobre el desarrollo de la nueva Ley del Menor, la Consejera manifestó su deseo de que salga adelante «con la participación y el consenso de todos los grupos políticos». «Es una ley compleja», indicó y aunque los estudios previos ya se han iniciado, la Consejera cree improbable que pase la aprobación del Parlamento regional antes de que acabe esta legislatura, por la larga tramitación que requiere.

«Las políticas de infancia han sido la hermana pobre de las políticas de bienestar social», observó Martín, decidida ahora, según dijo, a «que el desarrollo de la Ley de Dependencia no frene otras políticas sociales».

En la inauguración de la Conferencia intervino también el vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros de la Universidad de Oviedo, Julio Antonio González, que reflexionó sobre la transformación del modelo familiar y sus consecuencias en la que, dijo, constituye «su parte débil, los hijos».

«En menos de una década en España las familias monoparentales han pasado de un cuatro por ciento a un 24 por ciento», comentó. «La familia tradicional ofrecía seguridad y estabilidad», señaló y ahora, concluyó, «la incertidumbre se ha hecho crónica». «Se ha pasado de la familia mediterránea a una familia de tipo nórdico», remató.

Este encuentro internacional continuará hoy analizando, uno por uno, los sistemas de protección a la infancia de varios países y se clausurará con la conferencia, a las seis de la tarde, de María Herzog, miembro del comité de los derechos del niños de las Naciones Unidas.

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2009/09/24/sociedad-politicos-expertos-defienden-sistema-proteccion-menores-debe-actualizarse/812185.html

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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