viernes, septiembre 25

El Ararteko denuncia que el centro de Deba no respeta los derechos de los menores

El Ararteko denuncia que el centro de Deba no respeta los derechos de los menores

critica la falta de actividadformativa , educativa y terapéutica del recurso

La institución ha solicitado documentos sobre el proyecto educativo del centro que "no han sido facilitados"

Vista exterior del centro de Deba, que acoge a menores extranjeros no acompañados que muestran graves problemas de conducta.Foto: javi colmenero

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donostia. Ni se han respetado debidamente sus derechos, ni hay actividad formativa, ni previsión alguna. El Ararteko acaba de hacer público un informe sobre el funcionamiento del centro de menores extranjeros no acompañados de Deba que supone un varapalo al modelo de atención dirigido a chavales con graves problemas de conducta impulsado por la Diputación.

La resolución, fechada a 14 de septiembre, en respuesta a una reclamación de SOS Racismo sobre la puesta en marcha de este servicio, denuncia que el Centro Oilur de Deba carece de "actividad formativa y de previsión de actividad alguna", un extremo que el Ararteko ha manifestado en reiteradas ocasiones.

Personal de esta institución hizo una primera visita al centro el 14 marzo para conocer de primera mano el funcionamiento de este recurso y las condiciones en las que se encontraban estos menores en situación de desamparo tutelados por la Diputación.

En la visita se hicieron entrevistas al director, al responsable del turno de educadores y a varios menores. La información se contrastó de nuevo el 11 de mayo, con una nueva visita al recurso.

El Ararteko es claro en sus conclusiones: "Las condiciones en las que se ha gestionado el centro no han respetado debidamente los derechos reconocidos a los menores de edad" en la Ley vasca. Censura que en el programa que se desarrolla en este servicio "no hay prevista ninguna actividad", al menos, desde febrero hasta septiembre, cuando se llevó a cabo la investigación. "La única medida ha sido la contratación de personal y el establecimiento de turnos para estar con los menores", según recoge la resolución, que añade que el perfil del personal contratado, las bajas y ceses de trabajadores así como la falta de tutores de referencia "no se corresponden con las previsiones" de un programa de estas características.

A este respecto, la Diputación Foral de Gipuzkoa entiende que la falta de acceso a los recursos educativos es contemplada como "una baja temporal" al objeto de modificar la conducta de estos menores.

un derecho El Ararteko replica que el derecho de los menores a la educación viene recogido en numerosos textos internacionales y denuncia, en ese sentido, que en varias ocasiones han solicitado al director del centro y a la Diputación los documentos relativos al proyecto educativo así como a las normas de convivencia, una documentación que no se les ha facilitado. "Nos han informado únicamente de la futura puesta en marcha de un registro de medidas correctoras educativas y del SERAR, el Sistema de Evaluación y registro del acogimiento residencial", resalta.

En una segunda visita al centro, pudieron consultar únicamente un libro de incidencias y comprobar que había una hoja en la cocina con normas de convivencia "muy básicas". Esa falta de respuesta a la solicitud de información sobre aspectos muy concretos que afectan a derechos de los menores "es muy significativa", censura la institución. De hecho, según agrega, ha tenido mucho peso en la valoración que ha hecho sobre el programa.

La Diputación, en su respuesta, señala que entienden que el aislamiento de estos menores es una medida "adecuada" para los usuarios. Opina además que el aislamiento, tanto físico, por la ubicación del entorno rural en el que se encuentra el centro, como social, por la suspensión de visitas y de actividades, está previsto en la normativa.

En todo caso no se ha facilitado, según recalca el Ararteko, ningún medio alternativo de transporte. "Los menores no podían salir, por lo que, si lo han hecho, ha sido por sus propios medios", según recoge la resolución, lo que ha traído como consecuencia que se inicie un procedimiento de baja del centro y de cese de tutela y la denuncia por desaparición en la Ertzaintza, con lo que ello implica en sus historiales delictivos.

cese de tutela En un segundo escrito que el Ararteko remitió a la Diputación solicitó información detallada sobre los menores que habían pasado por Oilur desde la apertura del centro hasta el día de la visita. En total eran 40 menores. El Ejecutivo foral ofreció datos en relación a 36 chicos, de los que se había cesado la tutela de 22, dos por mayoría de edad y el resto, "aunque no señala el motivo", guarda relación con la fuga del centro.

A este respecto, el personal que ha investigado el funcionamiento denuncia que el abandono del recurso "no es motivo de cese de la tutela". A juicio de esta institución, hay una conexión entre el abandono del centro de Deba y las condiciones en las que se ha puesto en marcha el programa.

La existencia de personas menores de edad en situación de desamparo que llevaban tiempo tuteladas por la Diputación y que, tras el traslado a Deba viven en la calle, es "muy preocupante". El Ararteko recuerda que el hecho de que se haya dictado una orden foral de cese de tutela "no puede eludir su obligación" con relación a los menores que se encuentran en Gipuzkoa en situación de desamparo. La normativa obliga a la Diputación a asumir la tutela "de los menores que están solos" y no tiene a adultos de referencia.

Por todo ello, considera que las condiciones en las que se ha gestionado el centro y el programa no han respetado los derechos reconocidos de los menores, por lo que la Diputación "debe adaptar el programa a la mayor brevedad a las previsiones normativas". Además, solicita un "análisis riguroso" tras la gravedad de los sucesos protagonizados en algunos municipios por menores extranjeros no acompañados que habían estado acogidos en este centro. Un estudio sobre las circunstancias que se han dado para dar una respuesta conjunta y coordin

La decisión de derivar al centro Oilur de Deba a varias chicas menores, como consecuencia de problemas de conducta en los pisos de acogida en los que se alojaban, "no es una decisión que haya sido tomada en interés superior de dichas menores", censura el Ararteko.

Denuncia además que no se les ha informado del proyecto educativo ni del convenio suscrito, por lo que desconoce si este centro está preparado para atender a ambos sexos. En todo caso, agrega la institución, la atención a adolescentes (tanto hombres como mujeres) requiere de medidas específicas, como es personal femenino entre los educadores, y de ámbitos de privacidad que no han observado en las visitas a este centro.

El principio de interés superior del menor implica el respeto a sus derechos y que se tengan en cuenta sus concretas necesidades, en el caso de niñas y adolescentes. En ese sentido, la derivación al centro Oilur "sin escucharlas y sin aplicar la normativa no es una decisión en interés superior de ellas". >j.n.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2009/09/25/sociedad/gipuzkoa/d25gip6.1598807.php

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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