martes, febrero 3

Múgica duda de la legalidad del Centro "Miraflores"

EL INFORME SOBRE LA SITUACION DE ESTOS EQUIPAMIENTOS REFLEJA QUE ASTURIAS INCUMPLE LA LEY.

El defensor del pueblo denuncia ingresos sin autorización judicial.

03/02/2009 J. CUEVAS/La Voz de Asturias

Asturias podría estar incumpliendo la ley en materia de centros de menores. Así lo cree el Defensor del pueblo, Enrique Múgica, que en sobre la situación de estos equipamientos en España pone en duda la legalidad de las normativas autonómicas que los regulan en el Principado y en Galicia, en un marco que Múgica define como "particular".

Múgica se refiere al Decreto 48/2003 del 5 de junio, por el que el Principado de Asturias aprueba el reglamento sobre normas de régimen interior de centros de alojamiento de menores, y carga contra la potestad que se concede a la Consejera de Bienestar Social para ordenar el ingreso en una de estas unidades de alojamiento (Unidades de Régimen Especial). En el informe,al que ha tenido acceso LA VOZ, se recuerda que dicha norma "no prevé expresamente la necesidad de solicitar autorización judicial para el ingreso de menores en estos centros".

Por este motivo, prosigue, debe cuestionarse la legalidad de la norma que, como explica, "prevé aplicar a estos menores medidas que implican una restricción de su libertad personal". Al afectar estas medidas a un derecho fundamental como es la libertad, la materia "requeriría ser regulada por una Ley Orgánica", aconseja Enrique Múgica al Ejecutivo asturiano ( N. Editor:es decir no es competencia de Asturias).

El toque de atención del Defensor del Pueblo tiene lugar una semana después de que varios educadores remitieran una denuncia a su oficina por la supuesta restricción de la libertad y de las comunicaciones que tiene lugar en el Centro de Miraflores, en Noreña.

El centro, de 18 plazas para menores que ya hayan cumplido los 12 años de edad, se incluye en la categoría de unidades de régimen especial, que es precisamente la que incurriría en esa posible ilegalidad por trasladar la competencia sobre el ingreso a la consejería y no al juez.

Por otra parte, el informe redactado por el Defensor del Pueblo denuncia que Asturias es, junto con Menorca y la ciudad de Ceuta, el único territorio en el que, a pesar de que no existe ningún centro para menores en situación de desprotección social( N.E.: para tratar toxicomanías o salud mental), tampoco se deriva a los menores en desprotección a centros de otras comunidades autónomas.

Fuentes consultadas ayer explicaron, sin embargo, que el Centro de Miraflores y el que gestiona La Cruz de los Angeles en Oviedo( NE: realmente esta en Lugones-Siero) son los dos equipamientos a los que se deriva/ o va a derivar a los menores con problemas como la adicción a los disolventes.

Castigados sin salir

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=473515

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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