Los menores tutelados por el Principado con algún trastorno son tratados por Salud

La consejera de Bienestar Social considera «evidente» que la red regional de centros ha de ampliarse

Madrid / Oviedo,
Elena FDEZ.-PELLO
Ningún menor tutelado por el Principado requirió ser internado en un centro de protección específico durante el año pasado a causa de una enfermedad mental o por problemas de conducta, según informó la Consejería de Bienestar Social. Los niños con adicciones o con conductas agresivas son remitidos a los servicios de salud o enviados al centro de régimen especial de Miraflores, en Noreña. Una vez estabilizados se reincorporan a la red ordinaria de centros de menores, explicaron fuentes de la Consejería. No existe ningún convenio para el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas, aunque sí se realizó alguno, puntual, hace ya algunos años, según las citadas fuentes.

La titular de Bienestar Social en el Principado, Noemí Martín, indicó ayer que dependiendo del perfil de los menores tutelados por la Administración se establecen programas educativos más o menos estrictos. «Tiene que ser así porque hay chicos con conductas complicadas, incluso violentas», comentó.

Martín considera que es «evidente» que Asturias ha de contar con nuevos recursos para atender a los menores y admitió que «las redes de protección a la infancia se ven superadas por una realidad cambiante en los últimos años, al variar el perfil de los menores».

Estas declaraciones, realizadas a raíz del informe del Defensor del Pueblo que denuncia supuestos maltratos en centros de menores, redundan en la línea de trabajo iniciada por el nuevo equipo de la Consejería. El Principado proyecta crear, a medio plazo, un centro para menores con trastornos de conducta. Asturias carece de centros de estas características ( ¡¡¡!!! ¿¿Y que es Miraflores??), así que la referencia a la comunidad en el informe es muy breve, apenas un par de páginas, donde se alude al decreto que regula el ingreso en el único centro de régimen especial de la comunidad, el de Miraflores. La Consejería puede ordenar el ingreso en este centro y la privación de libertad por siete días como máximo(¡¡¡FALSO!! LEE BIEN el decreto), atendiendo a los informes de los educadores y sin que lo ratifique el fiscal de menores. Los responsables de la Consejería indican que el fiscal es informado siempre de la aplicación de esta medida, que raramente se mantiene durante siete días. Subrayan que nada tiene que ver con el centro de Sograndio, donde ingresan menores que han cometido delitos, por orden de la fiscalía. En Miraflores, añaden, trabajan 36 técnicos, de ellos 16 son educadores, y el número máximo de niños, siempre mayores de 12 años, es de 18.

Entre tanto, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció ayer que pedirá la intervención de la Fiscalía General del Estado. «Estos hechos tienen que ser investigados y eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga», declaró. El asunto es de tal importancia, dijo, que el Ministerio «no puede quedar al margen».

«Confiamos, evidentemente, en que las comunidades atiendan y respondan a este informe», insistió, pero recordó que hay un Observatorio de la Infancia, que depende del Ministerio, y «que se va a poner en marcha para contribuir a ese mejor conocimiento de lo sucedido».
Fuente:La Nueva España