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El Gobierno propone a las CCAA hacer un diagnóstico de los centros de menores

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EFE
Actualizado 04-02-2009 14:42 CET

Madrid.-  El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha mostrado su disposición a coordinar con las Comunidades Autónomas, que tienen las competencia de los centros de menores, la elaboración de un diagnóstico de su funcionamiento, para evaluar si es preciso consensuar un reglamento.

(EFE)

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en una rueda de prensa ofrecida ayer.

Lo ha explicado la ministra de este departamento, Mercedes Cabrera, tras presidir la primera reunión de la Comisión para el seguimiento de las políticas de discapacidad.

Cabrera ha explicado que ya ha hablado con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles la petición de que se abra una investigación para aclarar si los hechos denunciados en el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores son constitutivos de delito.

La ministra ha recordado que "la exigencia de responsabilidades es competencia exclusiva de las CCAA" y que a su departamento correspondería "un trabajo más directo" con las Comunidades Autónomas, "una labor de coordinación, de diagnóstico de la situación, y desde luego de poner los medios necesarios para que no se produzcan situaciones" como las relatadas en el informe.

En este sentido, ha explicado que al ministerio no le correspondería imponer un reglamento común de funcionamiento de los centros, aunque ofrece la coordinación para consensuarlo.

Cabrera estima necesario trabajar con las administraciones autonómicas para evitar que haya disparidad en la regulación de estos centros.

"La disparidad debe ser, en todo caso, en el tratamiento de cada uno de los menores, porque probablemente estemos hablando de menores con situaciones distintas que conviven en un mismo centro, en esa dirección debemos trabajar", ha concluido.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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