Nuevo chanchullo en las oposiciónes en Asturias

Recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado nueva sentencia en la que se obliga a la Administración a recalificar el segundo ejercicio a todos los opositores que se presentaron al mismo, en las pruebas selectivas de 112 plazas de Operarios/as de Servicios de la Oferta de Empleo Público de 2004.

Con esta sentencia, el TSJA cierra aparentemente este caso, que ya colea desde hace demasiado tiempo; la persona que recurrió este proceso selectivo, vio respaldadas sus quejas con varias sentencias, todas ellas estimatorias.

Este caso refleja bien a las claras cuál es la situación en la que se encuentra hoy la gestión de los procesos selectivos en la Administración Asturiana. Ya se denunció esta situación, sin que hasta el momento nadie haya hecho nada.

LA TRIBUNALES.-

Y es que con demasiada frecuencia, vemos como los Tribunales son nombrados más en función de afinidades personales que por otros criterios y en algunas ocasiones se comportan con una prepotencia y autosuficiencia que como en este caso, acaban generando unos problemas muy difíciles de resolver. Y no solamente los Tribunales actúan así; de forma sistemática, el Instituto Adolfo Posada, ese organismo en el que todo el mundo va a hacer caja, sea con la selección o la formación, ignora, rechaza y a veces incluso desprecia prácticamente todos los recursos administrativos que se presentan por opositores que consideran que en las pruebas selectivas se cometieron irregularidades o incluso se salieron de la normativa.

La Administración, en este caso de las 112 plazas de Operarios/as de Servicios, ante una reclamación que parece ser bastante clara, fue absolutamente incapaz de reconocer el error cometido por el Tribunal y de rectificarlo a tiempo, con lo que se hubieran evitado daños mayores. La simple aceptación del Recurso de Alzada suspendiendo provisionalmente la continuación del proceso selectivo, hubiera evitado la situación actual. Es más, la cicatería a la hora de aplicar la ejecución de sentencia solamente supuso engordar el problema y cerrarlo en falso, quizás esperando el agotamiento de quien recurre, otra práctica administrativa muy extendida actualmente; porque las sentencias hacen hincapié una y otra vez tanto en que las 4 preguntas recurridas están fuera del programa como en el respeto al principio de igualdad y esta igualdad es imposible mantenerla cuando se aplican unos criterios a quien recurre y otros distintos a quienes en su momento se presentaron a la prueba cuestionada; al igual que no responde al principio de igualdad que se realice a quien recurre un tercer examen distinto del realizado a los demás. Eso la Administración lo sabía e intentó ignorarlo en su momento. Por eso, dirigir los tiros contra quien recurre libra de los cargos a quien verdaderamente es la responsable, que es la propia Administración.

¿Para Ccuando Ceses? ¿ Qué opinan los sindicatos: CCOO Y UGT que formaron parte del Tribunal? ¿Qué opina USIPA que firmo el actual Convenio que permite privatizar casi el 80% de los empleos laborales que no son de atención directa?. ¿Están legitimados para encabezar la solución JUSTA a este desagusisado?

Recordar a los lectores que algo similar ocurre con 8 plazas de Educador de 2006 que aún no ha sido aplicada la sentencia por la Administración.

Como comentario último no deja de ser triste que tengan que ser personas particulares, y no los sindicatos, partidos o asociaciones quienes tengan el valor de pleitear, a veces durante años, para que los ppios de igualdad, merito y capacidad junto con el de interes general no sean arrinconados por los sinvergüenzas que se parapetan tras la Administración y principales sindicatos y partidos.