viernes, diciembre 5

Ante la muerte de un menor en el Centro de Menores “Picón del Jarama”


04 diciembre 2008 -

Desde SOS Racismo Madrid recordamos que la tutela de los niños migrantes no acompañados que ejerce el Estado Español a través de sus homólogos en cada una de las Comunidades Autonómicas, en este caso desde la Comunidad de Madrid, va acompañada de una serie de obligaciones y garantías mínimas en lo que respecta a la protección de los derechos de los niños, sobre todo por tratarse de uno de los colectivos que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad.

Derechos como la vida y la integridad de las personas no han sido garantizados en esta ocasión, ya que lamentablemente un niño de 12 años se ha quitado la vida, de acuerdo a la información que circulaba el día de ayer.

Este hecho lamentable demuestra el fracaso del sistema de protección a la infancia para estos casos concretos, ya que se les priva de la libertad con el argumento de brindarles protección, y es precisamente dentro de una institución que tiene ese objetivo que se lleva a cabo lo contrario, independientemente de que el Centro de menores “Picón del Jarama” se encuentre administrado por una institución particular, tal como es la Fundación O’Belén, la responsabilidad es compartida por el Instituto Madrileño del menor y la familia, pues este organismo entre otras funciones tiene la obligación de velar por los derechos de los niños independientemente de su origen o nacionalidad.

La concesión de la administración de una institución de estas características a quien ha sido citado por el Defensor del Pueblo en su informe, por las irregularidades que se presentan en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales de otros menores en centros gestionados por la Fundación O’Belén, ponen de manifiesto la complicidad de quién no atiende a las recomendaciones de una Institución especializada en los derechos fundamentales y pasa de largo los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes que se infieren a estos niños.

Organismos internacionales tales como el Cómite de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han manifestado en reiteradas ocasiones que los castigos no son una medida de corrección, y que el aislamiento prolongado puede equipararse a un trato cruel e inhumano, las medidas de contención deben de obedecer a un procedimiento llevado a cabo por personal calificado y solo en casos especiales, siendo ello la excepción y no la regla general. La medicación no controlada y supervisada por un especialista no es una medida que garantice el bienestar y salud de los niños.

Ser menor de edad y migrante parece una doble discriminación por el tratamiento que reciben y no así el acceso a un sistema de protección que garantice sus derechos bajo los principios de supervivencia y atendiendo al interés superior del niño, que en este caso se han violentado.

Desde SOS Racismo Madrid exigimos:
  • Se investiguen las causas y esclarezcan los motivos por los que el niño se quitara la vida y se juzgue a los responsables.
  • Garantice que las instituciones encargadas de gestionar los centros donde permanecen estos niños cuenten con personal calificado y cumplan con el perfil para realizar este trabajo.
  • Se asuma la responsabilidad por parte del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de tan lamentables hechos, para que no se repitan estos actos y de verdad se garanticen los derechos de estos niños.
SOS Racismo Madrid y suscrito también por SOS Racismo Asturies

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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