jueves, octubre 9

A.I acusa Zapatero de cerrar los ojos con los vuelos de la CIA


Amnistía Internacional denunció ayer que el Gobierno español "no ha tomado ni una sola medida" para impedir las "detenciones ilegales" efectuadas por la CIA en la guerra de Estados Unidos "contra el terror", una campaña por la que, según la ONG, más de 200 personas han sido trasladadas a la cárcel de Guantánamo en vuelos secretos que pasaron por España. Las conclusiones del informe tratan de evaluar la implicación de España en las actividades relacionadas con la persecución del terrorismo islámico tras los atentados del 11 de Septiembre y las posteriores invasiones de Afganistán e Irak.

Para el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, lo más grave es que España no adoptara medidas después del año 2005, "cuando ya no podía alegar desconocimiento de la existencia de estos vuelos" muchos de los cuales no despegaron desde el país, pero sí cruzaron su espacio aéreo.

La organización reclama al Gobierno español que condene las entregas extraordinarias, las detenciones secretas y otras violaciones de los derechos humanos que se están justificando en nombre de la "guerra contra el terror". Pero además quiere que investigue el uso que se está haciendo de los aeropuertos y de las bases militares. Otro pilar importante sería adoptar decisiones que impidan que se vuelvan a repetir, para prevenir esas entregas, ni aeródromos ni en sus aguas. Por ejemplo, afirman que los operadores aéreos deben exigir información sobre los fines para los que se está utilizando la aeronave, incluso aunque haya sido fletada por una empresa privada. Los operadores también pueden preguntar si trasladan detenidos y después habilitar sistemas de comprobación. Para Amnistía es importante que los servicios de inteligencia españoles no colaboren con la CIA u otras agencias de otros países si hay riesgo de vulnerar los derechos humanos. Considera que todas estas actuaciones deben realizarse con la máxima transparencia.

Como mínimo fue una operación "sospechosa". Un informe publicado ayer por la ONG Amnistía Internacional revela que, al menos, un vuelo de un avión de la CIA hizo escala en el aeropuerto de Asturias el día 7 de septiembre del año 2003. Aunque la organización no puede confirmar si estaba relacionado directamente con la polémica entrega de detenidos de forma ilegal o con el resto de los programas que gestiona la agencia norteamericana de inteligencia, señala que como mínimo se trata de aeronaves operadas o alquiladas por la CIA que tiene "destinos y/o orígenes sospechosos". Es más, los registros oficiales no detallan el motivo de estos movimientos.

El trabajo presentado por Amnistía --titulado Destinos inconfesables, obligaciones incumplida (España en la "guerra contra el terror" )-- recoge que han pisado suelo español un total de 23 aviones que realizaron hasta 68 escalas en 15 aeropuertos nacionales, entre los que aparece el de Asturias. Otro estudio previo del parlamento europeo, del mes de febrero del 2007, vinculó, sin lugar a dudas, a 16 de esas 23 aeronaves con la agencia norteamericana. Sin embargo, la ONG señala que la nómina es mucho más amplia y que hay otros 7 aparatos en nómina, uno de ellos el que pisó suelo asturiano hace cinco años.

LOS DETALLES Se trata de un avión, con matrícula N260CH, que realizó hasta 9 aterrizajes en España entre el 26 de septiembre del 2002 y el 8 de marzo del 2005. El informe no explica desde dónde llegó esa aeronave al Principado pero matiza que partió en dirección a Luton, uno de los tres aeropuertos internacionales de Londres. De hecho, la ONG sólo publica esas rutas que denomina como "sospechosas".

Las ocho operaciones restantes del N260CH están relacionadas con Canarias y con Madrid. En concreto, fueron vuelos entre Gran Canaria y Miami, en dos ocasiones; Miami y Tenerife, cuatro veces; uno entre Tenerife y Miami y otro entre Madrid y Luton, nuevamente.

La gran cantidad de aeropuertos utilizados y el elevado número de aterrizajes realizados a lo largo de cuatro años despierta un fuerte recelo en Amnistía Internacional. A su juicio, estos datos demuestran que "las infraestructuras aéreas españolas han estado plenamente integradas en el funcionamiento de entregas extraordinarias y detenciones secretas desarrolladas por el Gobierno de Estados Unidos".

SIN RESPUESTA Tras la aparición de este estudio ningún organismo oficial relacionado con la gestión de aeropuertos, con política internacional o defensa ha querido hacer una valoración sobre los datos revelados por esta ONG conocida por su defensa de los derechos humanos. Desde la terminal asturiana se remitía ayer al Ministerio de Defensa, que, a su vez, señalaba que ese no era un tema suyo y sí de Asuntos Exteriores, donde aseguraron no tener constancia del trabajo publicado por Amnistía Internacional, por lo que no podían comentarlo.

Al margen de Asturias y de Palma de Mallorca (que fue el primer aeródromo vinculado en esta trama de traslados de presos), la CIA también ha tomado como bases para sus operaciones pistas situadas en Alicante, Barcelona, Ibiza, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, Valencia y Vigo.

Las investigaciones de diversos organismos internacionales e intergubernamentales aseguran que los destinos y procedencias de esos aviones son Afganistán, Argelia, Irak, Marruecos, Libia, Jordania, Egipto y la base naval de Guantánamo.

Fuente: lavoz/susana m

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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