Dice que han deportado menores sin verificar el destino y tras largos períodos de internamiento El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha remitido un informe al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que denuncia que las expulsiones de extracomunitarios sin papeles que ordena pecan de «arbitrariedad» y falta de «garantías». En el documento, fechado el pasado 7 de agosto, Naciones Unidas también asegura tener «informaciones», cuyo origen no revela, sobre irregularidades en las deportaciones desde España de menores no acompañados que son devueltos a sus países de origen tras pasar largos períodos de internamiento sin control judicial.
«Según las informaciones con que cuenta el comité, el proceso de decisiones relativo a la detención y expulsión de inmigrantes, que llegan en particular a las Islas Canarias, es generalmente arbitrario, ya que no se respeta el procedimiento previsto en la ley de deportación», señala el informe de la ONU, en el que organismo internacional pide informaciones suplementarias a España, después de que el Gobierno entregara el pasado diciembre un pormenorizado estudio sobre los derechos humanos en el país. En ese informe, que ahora deberá ser ampliado, el Ejecutivo negaba de manera tajante cualquier tipo de irregularidad en las expulsiones de clandestinos.
De manera «escrupulosa»
El Ministerio del Interior reiteró ayer que en todas las deportaciones se respetan de manera «escrupulosa» los acuerdos internacionales y la legalidad vigente. El comité, ajeno a las explicaciones de España, recrimina a las autoridades el trato a los demandantes de protección internacional. La ONU afirma que «en los casos de de peticiones de asilo la supervisión judicial se efectúa de forma mecánica, limitándose a un mero trámite que despoja de toda garantía al derecho de asilo». También muestra su preocupación por la atención que se dispensa a los menores extracomunitarios que llegan al archipiélago.
Insiste en que tienen en su poder «informaciones» de que adolescentes y niños de origen marroquí internados en los centros de Gran Canaria y Tenerife «fueron presuntamente repatriados, en algunos casos, sin que se hubiese verificado previamente que efectivamente regresaban a sus respectivas familias o a las instituciones apropiadas en sus países de origen». La ONU lamenta que las autoridades españolas tampoco comprobaran que esos menores no iban a ser «sometidos a malos tratos por parte de otros niños, personas mayores, miembros del personal de los centros de acogida o de las fuerzas policiales». Asegura el Comité de Derechos Humanos que «en otros casos» los menores «fueron detenidos en dependencias de la Policía y la Guardia Civil durante períodos prolongados sin contar con asistencia letrada y sin ser presentados ante el juez». Además, Naciones Unidas denuncia que los colectivos de inmigrantes de África septentrional y de América Latina residentes en España «son frecuentemente víctimas de actitudes discriminatorias, así como de malos tato y violencia por parte de la policía».
«Según las informaciones con que cuenta el comité, el proceso de decisiones relativo a la detención y expulsión de inmigrantes, que llegan en particular a las Islas Canarias, es generalmente arbitrario, ya que no se respeta el procedimiento previsto en la ley de deportación», señala el informe de la ONU, en el que organismo internacional pide informaciones suplementarias a España, después de que el Gobierno entregara el pasado diciembre un pormenorizado estudio sobre los derechos humanos en el país. En ese informe, que ahora deberá ser ampliado, el Ejecutivo negaba de manera tajante cualquier tipo de irregularidad en las expulsiones de clandestinos.
De manera «escrupulosa»
El Ministerio del Interior reiteró ayer que en todas las deportaciones se respetan de manera «escrupulosa» los acuerdos internacionales y la legalidad vigente. El comité, ajeno a las explicaciones de España, recrimina a las autoridades el trato a los demandantes de protección internacional. La ONU afirma que «en los casos de de peticiones de asilo la supervisión judicial se efectúa de forma mecánica, limitándose a un mero trámite que despoja de toda garantía al derecho de asilo». También muestra su preocupación por la atención que se dispensa a los menores extracomunitarios que llegan al archipiélago.
Insiste en que tienen en su poder «informaciones» de que adolescentes y niños de origen marroquí internados en los centros de Gran Canaria y Tenerife «fueron presuntamente repatriados, en algunos casos, sin que se hubiese verificado previamente que efectivamente regresaban a sus respectivas familias o a las instituciones apropiadas en sus países de origen». La ONU lamenta que las autoridades españolas tampoco comprobaran que esos menores no iban a ser «sometidos a malos tratos por parte de otros niños, personas mayores, miembros del personal de los centros de acogida o de las fuerzas policiales». Asegura el Comité de Derechos Humanos que «en otros casos» los menores «fueron detenidos en dependencias de la Policía y la Guardia Civil durante períodos prolongados sin contar con asistencia letrada y sin ser presentados ante el juez». Además, Naciones Unidas denuncia que los colectivos de inmigrantes de África septentrional y de América Latina residentes en España «son frecuentemente víctimas de actitudes discriminatorias, así como de malos tato y violencia por parte de la policía».
Fuente:Diario de Leon
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