miércoles, septiembre 17

La fiscalía lleva a juicio al Principado por la violación de un niño en un centro de menores

Según el diario lanueva españa y la agencia efe:

" La fiscalía de menores responsabiliza a la Consejería de Bienestar Social de los daños morales sufridos por un niño de 10 años presuntamente violado por, al menos, otros seis menores en el interior de un centro de acogida de Oviedo, dependiente del Principado. En su escrito de conclusiones provisionales sobre lo ocurrido, presentado ya en el Juzgado y que la fiscalía defenderá en el juicio que se celebrará previsiblemente antes de que finalice el año, el
ministerio público reclama al Gobierno regional el pago de una indemnización de 40.000 euros par
a el pequeño, que entonces tenía sólo 10 años. La fiscalía considera como primeros responsables del pago a los cuatro menores que serán juzgados por el caso de forma inmediata -los otros dos se encuentran en paradero desconocido y por el momento el caso será archivado para ellos- y, de forma subsidiaria, al Ejecutivo regional, ya que era el encargado de velar por el bienestar del menor.

Por este caso hay ad
emás un hombre encarcelado en la prisión de Villabona, que presuntamente también mantuvo relaciones sexuales con el pequeño cuando lo sacaba del centro en calidad de voluntario social. Los cuatro menores que por el momento se sentarán en el banquillo de los acusados son dos marroquíes y dos españoles. La fiscalía de menores, que coordina el fiscal Jorge Fernández Caldevilla, califica los hechos como un delito de abuso sexual. Para estos cuatro menores, la fiscalía reclama una medida de libertad vigilada durante un año. El ministerio público justifica esta petición en el hecho de que, salvo uno de los niños, que ya estuvo interno en Sograndio por otro asunto, se trata de jóvenes que no tienen detrás una trayectoria delictiva.

Los hechos salieron a la luz en octubre de 2007. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a un voluntario social, D. F., por abusar supuestamente del niño, al que acompañaba a diario al colegio, sacaba con frecuencia e incluso llevó a su casa a pasar períodos de vacaciones. El joven, que ha sido padre hace algunos meses, permanece en la prisión de Villabona. Tras el escándalo, el director del centro de acogida fue inmediatamente destituido por supuesta negligencia y por no velar adecuadamente por la seguridad y el bienestar del menor. Y es que el niño sufría esta situación no sólo fuera del centro, sino supuestamente también en su interior, ya que poco después se descubrió que varios niños habían abusado de él de puertas para dentro. El pequeño fue trasladado y actualmente reside en otro centro. Después de ser arrestado, el voluntario social negó rotundamente ante el juez de guardia que violara al menor. No obstante, una vez pasados varios días se derrumbó y admitió que, efectivamente, abusó del pequeño, aunque negó haber mantenido relaciones sexuales plenas. El niño conoció al hombre a través de la pareja de éste (actualmente ex pareja), que había trabajado como monitora en un campamento al que el menor fue en el verano de 2006. Tras la excursión, la mujer habló con los educadores y éstos con el director del centro, que la autorizó a sacarlo, al principio de forma esporádica. En Navidades, la monitora y su pareja -el voluntario detenido- preguntaron si el chico podía quedarse a dormir con ellos en su casa. Tras consultar a la Consejería, se dio la autorización. Paralelamente a la detención y encarcelamiento del voluntario social, la fiscalía de menores abrió una investigación para determinar si varios adolescentes también habían abusado sexualmente del niño. Fuentes cercanas al caso precisaron que el voluntario declaró en el Juzgado que fue el propio menor quien le aseguró que otros chicos se aprovechaban de él. No es la primera vez que este centro de acogida está en el punto de mira. La fiscalía visitó las instalaciones hace tiempo, por «problemáticas», aunque en ese momento no había indicios que apuntaran a una posible agresión sexual a uno de los niños. Entre los efectos encontrados en la casa de D. F. se halló una fotografía del pequeño, desnudo, tumbado de espaldas.

El director del centro, ya ex director, declaró en el Juzgado que «nunca sospechó» lo que realmente ocurría con el niño e incl
uso dentro de la misma institución. Según apuntó, la dirección del colegio al que acude el menor le trasladó la existencia de ciertos «comportamientos sexuales» por parte del niño, que en un primer momento se atribuyeron a «vivencias anteriores». Así, se decidió trabajar con él de forma más exhaustiva. Según el director, en el momento en que se tuvo conocimiento de lo que ocurría, se llevó al niño al pediatra y se interpuso la denuncia. El hombre afirmó ante el juez que mantener el control en la institución «era prácticamente imposible», porque sólo disponía de dos personas para ello. Apostilló que llevaba reclamando personal desde hacía años y que en el momento en que lo cesaron el número de trabajadores «ascendió a seis». Tras detectarse esta serie de casos y las irregularidades alertadas por la fiscalía, se procedió a una reorganización del centro, uno de los que acogía a un mayor número de menores de nacionalidad extranjera.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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