Mercedes Cabrera, ministra de Política Social, atendió ayer las demandas de las comunidades autónomas. Cabrera recogió el testigo de autonomías como la asturiana y manifestó que las administraciones central y autonómicas ajustarán en septiembre las previsiones del número de personas dependientes con los datos verificados por las comunidades. La ministra responsable de la ley de dependencia intenta calmar, con estas declaraciones a Efe, las iras de las comunidades autónomas que han alertado ya sobre la insuficiente financiación estatal para costear la dependencia. Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social, subrayaba desde este mismo periódico que la aportación del Estado para este año será insuficiente y reclamaba a la Administración central 20 millones de euros más. Rodríguez considera que los cálculos iniciales sobre posibles beneficiarios no son correctos. De hecho, la estimación del libro blanco de la dependencia que preveía en torno a 6.700 personas con gran pérdida de autonomía personal se ha quedado muy corta porque el número a día de hoy supera las 10.000.
Cabrera, en un un mensaje que quiere transmitir tranquilidad a las comunidades autónomas, aseguró ayer que el Gobierno cumplirá con los presupuestos de 871 millones de euros destinados a financiar la dependencia este año y aseguró que servirán para garantizar la atención inmediata a todas las personas con una valoración aprobada. La ministra hizo hincapié también sobre las divergencias en la aplicación de baremos para valorar el grado y nivel de dependencia. De acuerdo con Cabrera, es necesario revisar este extremo porque es posible que algunas comunidades estén utilizando criterios más laxos que otras. La responsable de Política Social manifestó que las comunidades han respondido con "distintas velocidades" a la puesta en marcha de la ley. Cabrera citó entre las comunidades más rápidas a Andalucía y Cataluña. Curiosamente, la responsable de la ley de dependencia no incluyó a Asturias, pese a que en otras ocasiones la comunidad autónoma ha sido puesta de ejemplo por parte de la Administración central.
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