viernes, junio 27

Ya es verano y el Palacio de Niños de Oviedo ha comenzado con los campamentos infantiles típicos de esta época. Pero a las instalaciones --que son municipales, pero con su gestión externalizada o privatizada-- no pueden entrar todos los chavales en igualdad de condiciones. Lo que se supone que es un servicio público se convierte, a causa de esta política de privatizaciones, en un negocio, se asegura desde el PSOE. Y, por esta razón, los niños con algún grado de discapacidad se ven obligados a pagar más por acudir a este tipo de actividades, señalaba ayer el concejal Manuel Angel Rodríguez. El edil manifestaba que padres de menores disminuidos han denunciado lo que consideran una injusticia y reclama al ayuntamiento que financie los sobrecostes al ser un servicio público y municipal.

LA VOZ ha podido hablar con algunos de los padres de estos niños disminuidos y han contado sus experiencias con los responsables de las instalaciones. Denuncian que se les ha llegado a cobrar el doble por el mismo servicio que a un niño normal. Aseguran que hasta pueden llegar a entender este extremo --"no dejan de ser una empresa privada", comentaba uno de ellos-- pero, continuaban, es que se lo cobraban "por todo". Con los resguardos de pago en la mano --de un campamento del pasado mes de septiembre--, uno de los padres indicaba, indignado, que a su hijo le cobraban casi el doble "por el mismo bocadillo que comían los demás, por qué?".

Algunos de los afectados mantienen que, con las trabas que se ponen desde el Palacio, son muchos los que ya han desistido de llevarlos a este tipo de instalaciones que, insisten, son "públicas" y que "deberían estar al servicio de todos, más para este tipo de niños que precisan de una labor de integración". Por este motivo, el concejal socialista exige al equipo de Gobierno "más control" para este tipo de precios. "Las tarifas tienen que ser aprobadas en el ayuntamiento, por lo que algo tendrán que decir", completó. Según el PSOE, los precios de la colonia de verano de septiembre alcanzaron los 205 euros semanales para niños con necesidades educativas especiales, mientras que en junio se situaban en 110 euros. "Nos parece que no hay razón alguna para esta tarifa", dijo.

Fuente: la voz de asturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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