La Audiencia de Cádiz avala la actuación del ex delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, natural de Figaredo, que se enfrentaba a seis años de cárcel
Ya hay sentencia. La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al mierense Luis Vicente Moro de los delitos de detención ilegal y prevaricación, de los que fue acusado por la expulsión del país de menores marroquíes cuando ostentaba el cargo de delegado del Gobierno en Ceuta. La sentencia no sólo no aprecia indicios de ilegalidad en la actuación de Moro, sino que los magistrados afirman que el mierense se encontró un protocolo consolidado cuando llegó a la ciudad autónoma y que procedió a cambiarlo para que la expulsión de los niños marroquíes se realizara de acuerdo a la legalidad.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al mierense Luis Vicente Moro, quien fuera delegado del Gobierno en Ceuta durante la etapa de José María Aznar, de los delitos de detención ilegal y prevaricación por los que fue acusado a cuenta de la expulsión de varios menores marroquíes a su país de origen en 1998. Los magistrados que vieron el caso no apreciaron ninguna conducta ilegal en la actuación de Luis Vicente Moro ni, tampoco, en la de Antonio Francia, consejero de Gobernación de la Ciudad Autónoma, que también se sentó en el banquillo tras la denuncia planteada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En concreto, Moro y Franco se enfrentaban a penas de seis años de cárcel y 22 de inhabilitación por un presunto delito de detención ilegal y de prevaricación continuada por supuestas irregularidades en la expulsión de menores marroquíes que habían entrado ilegalmente en Ceuta. Varios policías locales acusaron a Luis Vicente Moro de permitir la práctica de redadas en las que se detenía a los niños, que, posteriormente, eran introducidos en furgones policiales y trasladados a la frontera sin dar aviso previo a sus familiares. Las acusaciones de los policías dieron pie a la demanda judicial planteada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía contra Moro y Franco, rechazada ahora por la Audiencia Provincial dos meses después de que tuviera lugar la vista oral. La sentencia reconoce que las expulsiones de menores se llevaban a cabo con un procedimiento «irregular», pero señala que Luis Vicente Moro se encontró con esa situación cuando tomó posesión del cargo de delegado del Gobierno en Ceuta, en 1998, y que procedió a cambiarla cuando supo de la existencia de una normativa para llevar a cabo las expulsiones de los menores que entraban de forma ilegal en la ciudad autónoma. En este sentido, los magistrados firmantes aseguran que existía una «práctica consolidada» de detener y devolver a los niños a su país de origen, pero que fueron precisamente Moro y Franco quienes, «teniendo conocimiento del criterio de actuación existente, impartieron las instrucciones necesarias para que cesaran las expulsiones y se ajustaran a la normativa administrativa», decidiendo, por tanto, su libre absolución.
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