jueves, junio 12

El Defensor del Pueblo se refiere al centro de menores "La Jarosa".

En la imagen Emilio Pinto Rodriguez responsable y máximo beneficiario de la Fundación O´Belén.
Hace algo más de un año, un participante de la asamblea denunciaba públicamente y también por esta vía legal los malos tratos que había presenciado en el centro "La Jarosa", de la Fundación O´Belén.
Hoy sale oficialmente a la luz el fruto de esta denuncia. Fueron semanas en las que hubo concentraciones, distribución de información por el barrio, conseguimos que hubiese inspecciones... y el centro acabó felizmente cerrado y alguno de los chavales en libertad.
Lamentablemente la empresa presidida por Emilio Pinto Rodriguez sigue en funcionamiento, y no sólo eso, sino que O´Belen mantiene en Madrid el centro Picón del Jarama, en Paracuellos. ¡Y parte del personal es el mismo!El director de "La Jarosa", Ordoño Álvarez García de Lucio, continúa en libertad sin cargos.
La "justicia" que tan fácilmente encierra a los chicos y chicas de nuestros barrios aún no ha actuado contra quienes les maltratan desde las instituciones. A día de hoy, al menos una adolescente está presa en el centro Teresa de Calcuta a consecuencia de los motines que hubo en el interior de este centro de menores.
La noticia en los medios de comunicación:
Defensor destaca las deficiencias en centros de internamiento de menores
Y algunos extractos del informe del defensor del Pueblo:
(...) a raíz de la queja presentada por un ciudadano en relación con el Centro de adaptación psico-social (CAPS) para menores Tetuán (...) gestionado por la Fundación Internacional O´Belén mediante un concierto con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF).
(...) el interesado denunciaba presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales de los menores, haciendo particular referencia a la irregular asistencia a centros educativos, a la ocasional medicación sin prescripción médica y sin el conocimiento de los propios menores, a la imposición de rígidas sanciones de separación del grupo, en salas de aislamiento y por periodos de más de 24 horas, o a la escasez de salidas al aire libre y nulas actividades deportivas durante periodos que podían prolongarse desde veinticuatro horas a varias semanas, señalando, asimismo, la existencia de graves carencias en cuanto a la infraestructura y equipamiento del centro.
En el curso de la mencionada investigación, esta Institución realizó una visita al centro en cuestión, en la que, además de examinar las instalaciones, se mantuvieron entrevistas con la dirección y gran parte del personal del centro, así como con algunos menores. En la información remitida con posterioridad a dicha visita, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales comunicaba la rescisión del contrato de gestión con la entidad adjudicataria por “las dificultades inherentes al proyecto” y “la necesidad de adecuar las instalaciones”, con el consiguiente cierre del CAPS Tetuán. Las actuaciones al respecto aún no se han dado por concluidas.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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