martes, abril 1

Suatea reclama contra la carrera

ALREDEDOR DE 200 docentes entregaron ayer su firma para respaldar el inicio de acciones legales contra la implantación de la carrera profesional al profesorado asturiano. Este acto simbólico, auspiciado por el sindicato Suatea, tuvo lugar en una notaría de Gijón. Esta organización considera ilegal la fórmula elegida para poner en marcha la carrera, por lo que anima a los profesores a acudir a los tribunales.

Cerca de 200 docentes de toda Asturias bloquearon ayer una de las calles céntricas gijonesas (Álvarez Garaya) al acudir a su cita en el despacho de un notario de la ciudad. Por grupos de diez y durante más de una hora, los profesores fueron firmando el poder notarial que permitirá a la abogada de SUATEA, el sindicato mayoritario en Asturias por respaldo del profesorado y uno de los más críticos, representarles en el contencioso-administrativo que emprenderán contra el Gobierno asturiano por «la discriminación actual en el pago de salarios», explicó un portavoz de la organización. Entre los firmantes están asociados de SUATEA y otros docentes sin afiliación. También están organizándose para emprender acciones los afiliados de CC OO, CSI-CSIF y un grupo independiente organizado en el IES Fernández Vallín.
La discriminación de salarios a la que se refiere el colectivo sindical se produce, dicen, desde que el pasado mes de diciembre la Consejería de Administraciones Públicas acordó pagar al profesorado unas cantidades económicas «en función de un concepto desconocido, no negociado, ni escrito en ningún documento previo, que han denominado «productividad». Eso está suponiendo que, por el mismo trabajo, a unos profesores sí y a otros no, se les pagan unas determinadas cantidades. Consideramos que estamos siendo objeto de una discriminación laboral, porque a igual trabajo en las aulas, en Asturias está habiendo diferentes salarios», explicó ayer a la puerta del notario Jesús de la Roza.

Según el diario LNE: "El antecedente de este conflicto está en la resolución del mes de mayo del pasado año, por la cual la Administración asturiana pedía a los docentes su adhesión a una carrera profesional cuyo contenido y compromisos están sin definir. Lo que sí se concretó en el decreto fue que la adhesión -lo que los sindicatos más críticos llamaron el «cheque en blanco»- llevaría aparejado el pago a cuenta de unas partidas económicas, en concreto 2.500 euros de subida anual para los profesores de Secundaria y 1.800 para Primaria (prorrateados en doce pagas durante este año). Se dijo, incluso, que si, una vez definidos los compromisos de la carrera profesional, los afectados no cumplieran dichos conceptos, deberían devolver las partidas pagadas «a cuenta». Se estima que más del 80% de los docentes suscribieron la carrera profesional (lo que les da derecho a los incrementos económicos), pero aún así quedarían unos 2.000 docentes fuera, que podrían sumarse a la reclamación de este concepto de productividad."
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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