miércoles, marzo 26

Los educadores sociales y la atención a menores


Hay una cierta tendencia en Gipuzkoa en vanagloriarse por la calidad de nuestros servicios sociales, especialmente en instituciones como Diputación y Kutxa. La verdad es que tiene su fundamento histórico esta actitud, porque son muchas las instituciones que a lo largo de los años han trabajado para mejorar las condiciones de vida de muchos de los colectivos excluidos en Gipuzkoa. Pero lo que ha sido beneficencia en la historia, muy ligada a la Iglesia y que ha cumplido su papel, en la Gipuzkoa moderna y rica del siglo XXI, ha tenido que convertirse en servicios sociales modernos y profesionalizados. Y desde esta perspectiva, los servicios sociales en Gipuzkoa, por lo menos los dedicados a la atención a menores, tienen poco de que vanagloriarse.

El colectivo sobre el que recae la atención a los menores que necesitan protección en Gipuzkoa son los educadores sociales. Hoy, los menores que dependen de la Diputación se podrían dividir en dos grandes grupos, menores autóctonos y menores extranjeros. Los menores autóctonos son personas que por diversas circunstancias han quedado bajo la tutela de la Diputación. Si son pequeños se intenta que entren en los programas de acogimiento familiar (familias de acogida, no confundir con adopción). Si ya no es posible el acogimiento familiar, se integran en un piso residencial. Estos pisos están bajo la responsabilidad de la Diputación, en concreto del Departamento para la Política Social. Diputación encarga mediante convenio a una Asociación o empresa dedicada al trabajo con menores la gestión de este piso. Esta asociación o empresa contrata educadores sociales y demás personal que son los que realmente trabajan y conviven a diario con los menores 7 días a la semana, 24 horas al día.

Los menores extranjeros que llegan a Gipuzkoa pasan también a estar bajo la tutela de la Diputación, departamento para los Derechos Humanos... Su itinerario comienza por el CAU (Centro de Acogida de Urgencia) y se supone que después de un período de aclimatación y valoración por parte de los educadores sociales que trabajan y conviven con ellos y los técnicos de diputación, pasarían a un piso residencial. La realidad hoy es que hay más menores que pisos habilitados para acogerles y que bastantes de ellos están siendo atendidos en hoteles y pensiones. Trabajar con menores extranjeros en pensiones es muy difícil y pedagógicamente nefasto. No hay manera de establecer unas pautas de convivencia, de hábitos de vida diarios, de higiene, de alimentación, de integración en el entorno...

Los educadores sociales somos los profesionales que trabajamos a diario con estos menores y no tan menores, sean autóctonos o emigrantes. Nuestro trabajo tiene un gran componente vocacional pero las condiciones laborales son bastante penosas. Nuestro trabajo es equiparable cuando menos al de un maestro, con un grado de responsabilidad y de riesgo superior. Pero si un maestro en un centro privado (en un centro público cobran más) según el convenio 2005 cobra un salario bruto anual de 26.636 Euros, un educador social según el convenio 2005 de Intervención Social de Bizkaia (el único que existe) cobra 17.500 Euros brutos al año. Como se puede observar, la diferencia es bastante escandalosa. Y ya no hablamos del resto de condiciones laborales: calendario laboral, vacaciones, riesgos laborales, etc... Pero no queremos que este escrito sea solamente un alegato de las malas condiciones laborales de los educadores sociales. Si lo hacemos público es también para llamar la atención de la sociedad Guipuzcoana sobre el hecho de que estas malas condiciones inciden directamente en la mala calidad de la atención a los menores. Y esto sí nos parece un problema grave. Si algo necesitan estos menores es un entorno de estabilidad a su alrededor y hoy se encuentran con que sus educadores cambian con demasiada frecuencia por las malas condiciones laborales. No todo es negativo en el sector, hay centros de acogida de urgencia, pisos residenciales y pisos de emancipación que funcionan francamente bien. Pero incluso en el caso de estos últimos hay una lista de espera de 30 personas.

Nos negamos a aceptar que la atención a menores solo suscite la atención de la prensa cuando surge algún escándalo y se exageran los elementos más morbosos del tema. Somos educadores sociales y estamos dispuestos a comprometernos en la mejora de la calidad del servicio de atención a los menores en Gipuzkoa. Pero nos parece imprescindible que para lograr estabilizar el sector hay que mejorar considerablemente las condiciones laborales del mismo. Por eso estamos colaborando con el sindicato comisiones obreras (CC.OO.), por ser el sindicato que está liderando el proceso para la firma del primer Convenio de Intervención Social de Gipuzkoa. Consideramos que la firma de este convenio será un instrumento enormemente positivo para todo el sector de intervención social.

Gipuzkoa durante mucho tiempo era reconocida por la calidad de sus servicios sociales. La presión de la inmigración y la falta de reflejos para saber anticiparse a los problemas ha hecho que especialmente la calidad de la atención a los menores en Gipuzkoa esté hoy cuando menos cuestionada. Tenemos potencial y calidad humana suficiente para situarnos de nuevo en vanguardia. Los educadores sociales estamos dispuestos pero para ello, la sociedad Guipuzcoana deberá aportar más medios para una profesionalización digna del sector. Que así sea.
Fuente: DiarioVasco

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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