
El texto también exige a los países que respeten la orientación sexual de los reclusos y propone medidas para mejorar la situación de las mujeres en prisión, como promover campañas de prevención del cáncer de mama. España es, con un 8%, el segundo país de la UE con la tasa más alta de mujeres reclusas.
El informe, aprobado por 492 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, se centra en la situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios y la repercusión de la encarcelación de las mismas sobre la vida social y familiar. También promueve medidas para reforzar la protección de los derechos de las reclusas y la armonización de la condiciones de retención en el ámbito europeo.
En una enmienda aprobada por el pleno del Parlamento Europeo (número 7 con enmienda oral), los diputados subrayan la necesidad de poner fin a la reclusión de los jóvenes de la UE menores de 18 años en las cárceles para adultos.
La Cámara también pide a los Estados miembros el "máximo respeto hacia el desarrollo de la orientación sexual, así como para cualquiera de las diversas formas de convivencia familiar que no sean contrarias a derecho" (enmienda 2).
Por otra parte, los diputados exigen que se mejore el acceso de las mujeres reclusas a las campañas de detección precoz y prevención del cáncer de mama y útero y los programas de planificación familiar (enmienda 1).
La ponente del informe, Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (PPE-DE, Grecia), subraya que la detención de las mujeres embarazadas y de las madres que tienen uno o varios hijos de corta edad "no sea más que un recurso en última instancia" (párrafo 13). En esta misma línea, el texto subraya que las repercusiones del aislamiento en la salud de las mujeres embarazadas reclusas pueden tener efectos perjudiciales, e incluso peligrosos, para el niño, y que esto debe tenerse en cuenta muy seriamente a la hora de tomar una decisión sobre el encarcelamiento (párrafo 17).
Además, el Parlamento Europeo señala que, en los casos en los que las mujeres sean cabezas de familia monoparentales, tengan hijos de corta edad o deban cuidar a personas dependientes o discapacitadas, las autoridades judiciales deberían tener en cuenta estas condiciones al escoger la pena. Esto también debería aplicarse para los reclusos masculinos bajo cuya responsabilidad se encuentren los hijos menores (párrafo 16).
Por otra parte, los Estados miembros deberían garantizar la creación de centros penitenciarios para mujeres "y que las repartan mejor en su territorio" para facilitar el mantenimiento de los lazos familiares de las mujeres detenidas (párrafo 19). Asimismo, la Cámara emplaza a los países a que sean más flexibles en relación con la frecuencia y la duración de los horarios de visita (párrafo 20).
Los diputados sugieren hacer más uso de los regímenes de libertad condicional que permitan a las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, trabajar o seguir una formación profesional para facilitar su reinserción social y profesional (párrafo 31).
Además, recuerdan que el acceso regular de todas las personas encarceladas a actividades deportivas y de recreo, así como a la educación artística o cultural, es esencial para proteger su equilibrio psicológico y favorece las oportunidades de reinserción social (párrafo 37) y destacan las carencias de la población reclusa extranjera, que deberían obtener sólo información que puedan comprender (párrafo 39).
Por último, el informe insta a los países a que favorezcan la contratación profesional de las mujeres excarceladas, en particular las madres solas y las delincuentes menores de edad, tanto en el sector público como en el privado (párrafo 40).
Fuente: Colectivo Drari
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