miércoles, marzo 26

El PE se opone a la reclusión de los menores de 18 años en las cárceles para adultos

Los diputados ( parlamento europeo) aprobaron hoy un informe en el que piden que se ponga fin a la reclusión de los jóvenes europeos menores de 18 años en las cárceles para adultos.

El texto también exige a los países que respeten la orientación sexual de los reclusos y propone medidas para mejorar la situación de las mujeres en prisión, como promover campañas de prevención del cáncer de mama. España es, con un 8%, el segundo país de la UE con la tasa más alta de mujeres reclusas.


El informe, aprobado por 492 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, se centra en la situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios y la repercusión de la encarcelación de las mismas sobre la vida social y familiar. También promueve medidas para reforzar la protección de los derechos de las reclusas y la armonización de la condiciones de retención en el ámbito europeo.

En una enmienda aprobada por el pleno del Parlamento Europeo (número 7 con enmienda oral), los diputados subrayan la necesidad de poner fin a la reclusión de los jóvenes de la UE menores de 18 años en las cárceles para adultos.

La Cámara también pide a los Estados miembros el "máximo respeto hacia el desarrollo de la orientación sexual, así como para cualquiera de las diversas formas de convivencia familiar que no sean contrarias a derecho" (enmienda 2).

Por otra parte, los diputados exigen que se mejore el acceso de las mujeres reclusas a las campañas de detección precoz y prevención del cáncer de mama y útero y los programas de planificación familiar (enmienda 1).

La ponente del informe, Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (PPE-DE, Grecia), subraya que la detención de las mujeres embarazadas y de las madres que tienen uno o varios hijos de corta edad "no sea más que un recurso en última instancia" (párrafo 13). En esta misma línea, el texto subraya que las repercusiones del aislamiento en la salud de las mujeres embarazadas reclusas pueden tener efectos perjudiciales, e incluso peligrosos, para el niño, y que esto debe tenerse en cuenta muy seriamente a la hora de tomar una decisión sobre el encarcelamiento (párrafo 17).

Además, el Parlamento Europeo señala que, en los casos en los que las mujeres sean cabezas de familia monoparentales, tengan hijos de corta edad o deban cuidar a personas dependientes o discapacitadas, las autoridades judiciales deberían tener en cuenta estas condiciones al escoger la pena. Esto también debería aplicarse para los reclusos masculinos bajo cuya responsabilidad se encuentren los hijos menores (párrafo 16).

Por otra parte, los Estados miembros deberían garantizar la creación de centros penitenciarios para mujeres "y que las repartan mejor en su territorio" para facilitar el mantenimiento de los lazos familiares de las mujeres detenidas (párrafo 19). Asimismo, la Cámara emplaza a los países a que sean más flexibles en relación con la frecuencia y la duración de los horarios de visita (párrafo 20).

Los diputados sugieren hacer más uso de los regímenes de libertad condicional que permitan a las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, trabajar o seguir una formación profesional para facilitar su reinserción social y profesional (párrafo 31).

Además, recuerdan que el acceso regular de todas las personas encarceladas a actividades deportivas y de recreo, así como a la educación artística o cultural, es esencial para proteger su equilibrio psicológico y favorece las oportunidades de reinserción social (párrafo 37) y destacan las carencias de la población reclusa extranjera, que deberían obtener sólo información que puedan comprender (párrafo 39).

Por último, el informe insta a los países a que favorezcan la contratación profesional de las mujeres excarceladas, en particular las madres solas y las delincuentes menores de edad, tanto en el sector público como en el privado (párrafo 40).
Fuente: Colectivo Drari

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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