domingo, marzo 23

El Principado registra un aumento de los casos de menores abandonados


Asturias registró durante el último año un aumento del número de menores en situación de abandono. El dato figura en la memoria del Instituto de Infancia de 2007 todavía por publicar. La Consejería de Bienestar Social indicó ayer que durante el último año se abrieron hasta 655 expedientes por desprotección infantil en Asturias. La cifra es casi un calco de la del ejercicio anterior. Entonces, el número de tramitaciones ascendió a las 653.

El amplísimo número de expedientes abiertos en el Principado obedece a dos razones. Primera, la capacidad de detección de Asturias, una de las comunidades con más equipos de protección de la infancia. Y segundo y novedad durante los últimos años, el aumento en la llegada de menores extranjeros no acompañados, la mayoría de ellos adolescentes procedentes de Marruecos. Sólo así cabe entender que durante 2007 se registraran hasta 141 actuaciones del Instituto de Infancia de menores en situación de abandono frente a las 127 de 2006. De hecho, la Consejería de Bienestar Social se plantea ya la opción de abrir un nuevo centro para la acogida de estos adolescentes que, de salir adelante, se sumará a las dos unidades existentes. Actualmente, los menores extranjeros no acompañados se alojan en el Centro Materno Infantil y en la Fundación Orfanato Minero.

´NIÑOS TIRANO´ Los 655 casos recogidos en la memoria de Infancia bajo la denominación de desprotección de menores revelan otros cambios de interés que, obviamente, deberían permanecer en el tiempo para poder confirmar nuevas tendencias. Los aspectos más destacados comparando 2006-2007 apuntan también hacia un aumento de los llamados niños tirano . La consejería prefiere encabezar este perfil con la denominación, mucha más técnica, de dificultad de control de la conducta . La comparativa de los dos ejercicios destaca un aumento de los 35 casos de 2006 a los 48 de 2007. El caso extremo de la niña rebelde de Gijón puso de relieve una realidad creciente. Otro aspecto igualmente destacado es el incremento de los expedientes abiertos por situaciones de necesidad familiar. Dificultades económicas de los padres o enfermedades prolongadas en el tiempo obligan en ocasiones a intervenir a los servicios de protección. El número de casos pasó de los 131 en 2006 a los 155 en 2007. En el extremo opuesto, quizá, la nota más relevante es la caída en los expedientes abiertos por negligencias de los progenitores en el cuidado de sus hijos. La reducción es aquí muy considerable al pasar de 239 a 112 entre los años 2006 y 2007.

El Instituto de Infancia dio a conocer también las diferencias por áreas sanitarias. La comparativa no ofrece demasiadas sorpresas. Lógicamente, las zonas más pobladas son las que acumulan mayor número de expedientes. Oviedo registró más de un 32% de los casos frente a Cangas del Narcea que apenas contabilizó el 0,35%. Quizá el único aspecto digno de mención es que Avilés --un área no demasiado poblada-- sumó igual porcentaje --un 24%-- que Gijón, una zona con mayor densidad demográfica. También resulta curioso que Arriondas se llevara más del 11% de los casos de desprotección cuando Mieres y Langreo no superan ninguno de ellos un 4%.

Fuente: Pablo Z./ La voz de Asturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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