martes, marzo 25

14 asociaciones contra las "condiciones infrahumanas"

Un grupo de significativas asociaciones como SOS Racismo, Cáritas o el Secretariado Gitano, denunció ayer "la situación social y el abandono y discriminación" que sufre el asentamiento de la Cañada Real Galiana. Hasta 14 organizaciones señalan que las 20.000 personas que, según ellos, viven en la interminable sucesión de chabolas que concluye en el vertedero de Valdemingómez, subsisten "en condiciones infrahumanas".

Un paseo por la zona muestra una sucesión continua de infraviviendas. Sin embargo, en muchas de ellas, hay un cartel que pone "se cede". Eso ocurre, porque todas esas edificaciones, que se extienden durante 15 kilómetros, son ilegales. En realidad, si uno llamase a uno de los móviles que están pintados en la pared le pedirían dinero.

El manifiesto conjunto, recuerda "la inseguridad de la zona, donde es frecuente" el "menudeo de droga", al menos, desde hace cinco años. También el peligro que supone "el tránsito diario de 4.500 camiones" cargados de basura que van a la incineradora "sin que en todo el trayecto haya un solo paso de cebra y un solo semáforo". En los últimos meses han sido atropellados y resultando muertos tres niños. En los últimos tres años, la cifra asciende a 11. "No hay aceras, ni alcantarillado, ni servicios de limpieza urbana", concluyen su descripción de las condiciones cuartomundistas del camino.

La denuncia propone como solución que "las distintas administraciones se reúnan para elaborar un plan integral de actuación en la zona que aborde todos estos problemas". También, que "se dote a la Cañada de infraestructuras", que "no se discrimine a ningún colectivo", que "se permita el empadronamiento de las personas" y que "se regule el tráfico".

Precisamente, una de esas instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, aprobó ayer un aumento de 2,1 millones de euros sobre el presupuesto inicial (nueve millones) de la obra aprobada para sortear la Cañada. Así, los camiones llegaran por otro lugar a la incineradora.

Nada se aclara sobre el futuro del asentamiento chabolista, aunque se habla de expropiar terrenos. Ahora, esa obra está en proceso y un camino de arena circunvala la Cañada. "Algunos camiones van por ahí y tiran la basura en las obras, así se ahorran los 80 euros que vale el vertedero y se los juegan a los chinos en un bar de la zona", comenta Ángel Arrabal.

El grupo de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada también denuncia la situación: "Es increíble que las instituciones digan que hay educadores", señala Jorge Fernández, que asegura no "haberles visto nunca". "No hacen nada por ayudar", insiste Fernández, que cuenta como ejemplo que todos los documentos que se les pide a los niños para escolarizarse los hace su grupo "con una fotocopiadora en la ermita".

Uno de los firmantes del manifiesto colectivo, la Asociación El Fanal, también ayuda a la escolarización de los niños, aunque, en su caso, generalmente marroquíes. En la Cañada Real Galiana, además de la parroquia, también hay una mezquita y una iglesia evangélica.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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