La Consejería de Bienestar Social sostiene que en los últimos cuatro años, en los que IU estuvo al frente del área de Asuntos Sociales, hubo «una patente relajación en la labor inspectora» sobre las residencias de ancianos asturianas. De ahí que en los últimos cinco meses se han llevado a cabo cuatro cierres de residencias (tres en Gijón y una en Oviedo), lo que supone la mitad de las clausuras que se ejecutaron en el período 2003-2007. Además, está previsto que a partir de ahora se triplique el número de inspecciones, de día y de noche (estas últimas visitas se habían interrumpido en los últimos años), a los negocios geriátricos, para hacer un cribado y puesta al día del sector.
Teresa Martínez, directora general de Planificación y Calidad de la Consejería de Bienestar Social, explicó que los cierres y sanciones que se han llevado a cabo «corresponden todos a casos retomados en la anterior etapa, de los que existía información previa de graves irregularidades». A la residencia gijonesa El Parque se la expedientó por sobreaforo, carecer de licencia y otras irregularidades, como la instalación de camas en cuartos sin ventilación; el centro gijonés El Humedal, por no tener licencia, como tampoco la tenía el de La Paz. En el caso de la residencia ovetense Belén Chans, los inspectores constataron situaciones muy graves de insalubridad por humedades en paredes y suelos, así como gran falta de higiene en la cocina durante la elaboración de comidas, y también en los aseos, tanto en lavabos como en bañeras. En el caso de la residencia Barna, también de Gijón, que ha sido sancionada pero no cerrada, se detectó sobreocupación -con 14 plazas había 27 residentes-, lo que llevaba a que algunas personas compartieran cama.
Desde la Consejería se amplió ayer información sobre las residencias obligadas al cierre, donde estaban alojados en total 80 ancianos, que pone en evidencia la actuación de la inspección en los últimos tiempos. Sobre la residencia El Parque, los responsables de la Consejería reseñan que había denuncias de familiares y un inicio de procedimiento de cierre de 2005 sin finalizar, y «desconocemos por qué nunca se hizo efectivo»; sobre la residencia El Humedal, «existían denuncias de la comunidad de vecinos que no habían sido atendidas por el anterior equipo de la Consejería»; de la residencia La Paz explican que «se realizó el cierre en 2006 sin que se hubiera detectado hasta enero de 2008 que existía de nuevo actividad de residencia ilegal». Finalmente, sobre la residencia Belén Chans «hubo denuncias de vecinos y se produjo en febrero de 2007 una orden de cierre por parte del Ayuntamiento de Oviedo que no llegó a ejecutarse. Enterado el anterior equipo, no consta que se llevaran a cabo inspecciones».
Para Rodríguez es importante la difusión que se haga de las sanciones porque «se pone en aviso a la sociedad y a las familias, se crea presión y se contribuye a poner orden ante las malas prácticas detectadas». Malas prácticas que para el Principado «son una agresión a la dignidad de las personas». Contra esa difusión, sin embargo, arremetió ayer la ex consejera Laura González (IU), ahora candidata al Congreso por Asturias, quien consideró que el Principado está convirtiendo en «un circo mediático» el cierre de los geriátricos irregulares. González explicó que durante su etapa en la Consejería había tres personas en el equipo de inspección y cuando dejó el cargo había siete y un contrato más en previsión. También negó que hubiera expedientes parados, y dijo que se cumplían los plazos que tienen las empresas para corregir deficiencias.
María Teresa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad (AARTE), reconoció «el enorme daño» que estos cierres están haciendo al sector, y más con informaciones como la del sobreaforo o la denuncia de que se esté llegando a propiciar que los ancianos compartan cama. «Todo esto nos perjudica más a las empresas serias y legales que a las "piratas" y no dudaremos en colaborar todo lo posible con la Consejería, ampliando las denuncias. De hecho, esta semana presentaremos cuatro más, de dos residencias de Gijón, una de Sama y otra de Mieres», dijo.
La portavoz de AARTE sostiene que el cribado del sector «me parece perfecto, "chapó", pero se tenía que haber hecho antes; se dejó crecer la bola y proliferaron negocios con irregularidades importantes». Sobre el varapalo que supone que una de las residencias cerrada (la ovetense) fuera de sus asociados, Teresa Martínez aseguró que «es un palo mayor que si fuera una ilegal, porque en la asociación insistimos mucho en la calidad y exigimos licencia de la Consejería, pero el dinero es goloso y lo que hagan de puertas adentro no lo sabemos». La portavoz de AARTE aseguró que nunca había oído denuncias de usuarios obligados a compartir cama, pero sí otras tropelías: «Hay gente que amenaza a los ancianos con echarles a dormir al jardín cuando se van las visitas; eso es indignante».
La residencia El Humedal ya no es tal cosa, sino una casa particular con alquiler de habitaciones. Así lo garantizó ayer la actual propietaria, Chelo López, antigua trabajadora del geriátrico El Parque, cuyo dueño tenía también el negocio de El Humedal. Ambas residencias han echado el cierre, lo que propició que Chelo López le comprara el pasado mes el piso de El Humedal al propietario. Desde entonces, asegura la mujer, «está alquilado a varios usuarios, pero aquí no hay ningún negocio de residencia». El piso tiene cinco inquilinos «con sus contratos en regla, que entran y salen», explicó López, siendo algunos de ellos antiguos residentes de los centros clausurados. «Qué importa de dónde vienen. Les cobro un alquiler y no ofrezco un servicio de residencia. Puede entrar quien quiera a verificarlo», aclaró. En la Consejería informaron de que se impidió a los inspectores el acceso a la casa, por lo que la intención es volver con una orden judicial. «Siendo una casa particular, la inquilina que abrió no tenía por qué dejar pasar a nadie», argumenta Chelo López.
Fuente: A. Rubiera/lne
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario