La defensora del pueblo reclama un registro de menores inmigrantes no acompanados
7/10/2010 - 11:49 MADRID, 07 (SERVIMEDIA)La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, denunció este jueves que las comunidades autónomas cada vez realizan más pruebas para determinar la edad de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España, aunque tengan un pasaporte de su país que determina que aún no han cumplido los 18 años.
Cava de Llano realizó esta aseveración en la inauguración de una jornada de trabajo sobre la determinación forense de la edad de los menores extranjeros no acompañados, celebrada en Madrid.
Además, apuntó que la ley de extranjería de 2000 establece que sólo se puede realizar la prueba para determinar la edad cuando se localice a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede ser establecida con seguridad.
Cava de Llano señaló que, según datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado llegaron a España 475 menores extranjeros en cayuco, por los 995 de 2008, los 1.172 de 2007 y los 1.378 de 2006.
Subrayó que el número de expedientes para determinar la edad ha bajado un 17%, lo que "no se corresponde" con el "notable descenso de las llegadas de menores por vía marítima".
Esta situación ha motivado que la Defensora del Pueblo haya recibido quejas y la preocupación de esta institución, según indicó Cava de Llano, que reclamó un registro de menores no acompañados para evitar la "inseguridad total" de este colectivo
EXPLOTACIÓN SEXUAL
La Defensora del Pueblo indicó que el panorama actual ha cambiado "mucho" desde que en 2006 se produjera una "llegada masiva y sostenida de cayucos a las costas canarias" y, por tanto, de menores extranjeros no acompañados.
Así, los menores proceden mayoritariamente de países subsaharianos y no de Marruecos y "se ha incrementado notablemente el número de expedientes de determinación de la edad realizado a mujeres africanas indocumentadas que, en muchos casos, ni siquiera alegan ser menores de edad", lo que preocupa a la Defensora del Pueblo porque esta institución ha encontrado "varios casos de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual".
Además, la Defensora del Pueblo consideró "significativo" el número de expedientes de menores subsaharianos con pasaporte y que, según la comunidad autónoma donde residan, reciben un tratamiento de menor o mayor de edad.
"La persona indocumentada o que exhibe documentos de identidad, de cuya fiabilidad se duda, no ha cometido delito alguno", apostilló.
Por todo ello, Cava de Llano abogó por "unificar criterios" entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia, es decir, todas salvo Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, además de Ceuta y Melilla.
(SERVIMEDIA) 07-OCT-10 MGR/gja
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=544996El Defensor lamenta las diferencias en CCAA respecto a menores no acompañados
Madrid, 7 oct (EFE).- La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha lamentado que no esté funcionando el Registro Central de menores no acompañados y que las comunidades autónomas estén aplicando criterios diferentes en el proceso de determinación de la edad de los jóvenes extranjeros.
Durante la inauguración de una jornada de trabajo sobre la determinación forense de la edad de los menores extranjeros no acompañados, la defensora ha expuesto su "enorme preocupación" por estas situaciones y ha urgido a resolver "las numerosas deficiencias detectadas", que hacen posible que la misma persona reciba tratamiento de mayor y de menor en un corto periodo de tiempo en función de la comunidad por la que pase.
Ha explicado que las fiscalías deciden en cada provincia qué tipo de pruebas realizan para determinar la edad; algunas basan su informe en una radiografía de la muñeca realizada en el servicio de guardia del hospital público más cercano, mientras que otras se apoyan en un exhaustivo informe remitido por la clínica médico forense, junto a una entrevista personal al menor.
La defensora ha denunciado que cada vez se hacen con más frecuencia estas pruebas a personas que van documentadas con un pasaporte en el que consta que es menor de edad, cuando se debían limitar a los extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda establecerse con seguridad.
En este sentido, ha indicado que aunque el número de menores no acompañados alcanzó el pasado año el medio millar, se practicaron 3.198 expedientes de determinación de edad.
Según los últimos datos publicados por la Fiscalía General del Estado, se ha producido una reducción progresiva en la llegada de menores por vía marítima en los últimos años.
Así en 2009 se contabilizó la entrada de 475 menores; en 2008, 995; en 2007, fueron 1.172, y en 2006, 1.378 jóvenes menores no acompañados.
La defensora también ha destacado el cambio de perfil del menor que llega a España, que ha pasado de ser de nacionalidad marroquí a proceder de países subsaharianos.
La titular en funciones de esta institución ha reconocido su preocupación por el aumento de pruebas realizadas a mujeres africanas indocumentadas, que en muchos casos ni siquiera alegan ser menores de edad, entre las que se encuentran posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual.
La disparidad entre los procedimientos que aplica cada comunidad autónoma provoca que en ocasiones jóvenes con pasaporte en el que aparece su minoría de edad ingresan en los sistemas de protección de Madrid, Valencia, Cataluña y País Vasco y posteriormente se comprueba que había pasado por Canarias o Andalucía, donde fueron tratado como mayores de edad e ingresados en un centro de internamiento, explica la defensora.
También ha mencionado la práctica detectada en una comunidad autónoma -que no ha querido identificar-, cuyos servicios de protección de menores, sin comunicación previa al fiscal, derivaban a los jóvenes a una clínica privada, donde tras realizarles una radiografía fijaban la edad.
De manera simultánea, la entidad de protección remitía los pasaportes junto a una denuncia por falsedad documental a un juzgado y cesaba la medida de protección respecto al menor, que quedaba en la calle totalmente desasistido, ha dicho Cava de Llano, quien ha explicado que estas situaciones ya están siendo investigadas por los tribunales.
La defensora ha recordado las consecuencias de la práctica de estas pruebas de edad, como las relativas al tratamiento jurídico de la negativa del joven a someterse a ellas o el hecho de someterse a una prueba médica sin estar implicado en un procedimiento judicial.
EFE arv/ero
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