viernes, noviembre 20

La inmigración sin voz ( MNAs)

El Defensor del Pueblo y la Procuradora defienden la participación de los menores extranjeros en su proceso de regularización

De izquierda a derecha, Yolanda Candil, Ana Taboada, Ana Fernández Miguélez y Carmen Prado.
De izquierda a derecha, Yolanda Candil, Ana Taboada, Ana Fernández Miguélez y Carmen Prado.

Oviedo, E. F.-P.

El sistema de protección de menores aún está intentando resolver los problemas que plantea la inmigración de este colectivo, adolescentes que viajan a España en solitario desde sus países de origen en busca de trabajo y cargando con las expectativas de toda su familia. «El interés de los menores extranjeros difiere mucho del de los menores nacionales», observaba la secretaria de la Procuradora General de Asturias, Ana Fernández Miguélez, hace unos días, durante su intervención en una mesa redonda organizada en Oviedo por SOS Racismo y el Colectivo Social y Justicia.

En ese debate, dedicado a la protección jurídica de estos menores, Yolanda Candil, asesora del área de Inmigración y Asuntos Exteriores del Defensor del Pueblo, enumeró algunas de las irregularidades y dificultades legales detectadas por este órgano, como el complejo procedimiento de determinación de la edad, la retención de la documentación de los menores a su salida de los centros para forzar su expulsión o la imposibilidad, en la práctica, de repatriarlos, por la nula colaboración de las administraciones de sus países para localizar a las familias o por la precariedad del entorno al que serían devueltos.

«Cuando un menor se va de su país es un fracaso para el país y para su Gobierno», opina la abogada Ana Taboada, experta en extranjería y voluntaria de SOS Racismo, pero no hacen ningún esfuerzo por evitarlo. Tanto ella como Yolanda Candil abogan por que los niños sean tratados «como sujetos, no como objetos, de su proceso administrativo», que tengan voz ante la ley y que sean consultados acerca de su educación o dónde quieren vivir.

«Tienen derecho a ser oídos», insistió Candil, que comentó que la omisión de esa obligación ha acabado con la anulación de los trámites de repatriación de algunos menores. Candil considera que al atajar los problemas de los menores inmigrantes no acompañados «lo importante es la minoría de edad, no la nacionalidad» de los niños que entran en el sistema de protección.

En Asturias el fenómeno es reciente, nada comparable con lo que ocurre en el Sur o en las grandes capitales. Fernández Miguélez se remontó al año 2006, al que se refieren los datos recopilados por la Procuradora General en un informe sobre este asunto, que fue el de mayor afluencia de menores en la comunidad. Aquel año ingresaron en la unidad de primera acogida 88 niños, en su mayoría, marroquíes y subsaharianos.

Ana Taboada admite que en aquel momento pudo haber una situación «de desbordamiento», pero transcurridos casi cuatro años lamenta que el Principado «siga actuando a trancas y barrancas» y derivando a los menores a centros de gestión privada.
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«Lo importante es la minoría de edad, no la nacionalidad de los niños»

Yolanda Candil. Asesora del Defensor del Pueblo

«El interés de estos menores difiere mucho del de los nacionales»

Ana Fernández Miguélez. Secretaria de la Procuradora

«Cuando un niño abandona su país es un fracaso para el país y para su Gobierno»

Ana Taboada .Abogada, experta en extranjería

Fuente: La Nueva España/ Foto: Luisma Murias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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