CARTA
El pasado 28 de septiembre a M le fue denegada su petición de asilo en España, por lo que está obligada a abandonar el país. M vive en Melilla, está embarazada de 7 meses y está siendo amenazada por su familia por tener una relación con un joven hindú. Este rechazo está amparado por el Código de Familia marroquí que en su artículo 39 prohíbe el matrimonio de la mujer con un hombre de otra confesión religiosa.
Si vuelve a Marruecos tendrá que hacerlo sola porque su pareja no tiene papeles para cruzar la frontera y podría ser deportado por la policía marroquí. Además, M tendrá que hacerse cargo de su hijo, sin recursos ni trabajo, y enfrentarse al repudio de sus familiares. Su situación se vería agravada porque ser madre soltera es un delito en Marruecos que, según el artículo 490 del Código Penal, podría costarle entre un mes a un año de cárcel por mantener relaciones fuera del matrimonio.
Ante el riesgo que supone para M volver a Marruecos, España tiene que dar marcha atrás en su denegación de asilo, y respetar el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el cual, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. España es Estado parte de esta declaración y en el caso de que siguiera adelante con la expulsión de esta mujer estaría violando derechos fundamentales del ser humano y poniendo en riesgo la vida de una mujer embarazada.
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