jueves, julio 16

El Principado estudia pagar a familias para que acojan a menores tutelados con dificultades

Plantea abonar un salario para encontrar hogares a niños y adolescentes con problemas de conducta, discapacidad, hermanos o mayores de 7 años

AZAHARA VILLACORTA
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Sólo 41 niños fueron acogidos por familias ajenas en Asturias en 2008

No es ningún secreto: la Administración tiene serias dificultades para encontrar familias para decenas de menores a su cargo y cada vez son más los niños institucionalizados. Tampoco a nadie se le escapa que hacen falta nuevas fórmulas para estos menores en situación de desamparo. Y por eso el Principado estudia pagar a familias que acojan a menores desamparados bajo su tutela. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que precisaron que «la prioridad es siempre que estos menores vuelvan con sus familias y que, en los casos en que esto no sea posible, vivan en un entorno lo más parecido posible».

De ahí surge el acogimiento profesional, una fórmula que han regulado ya media docena de comunidades y que sólo Andalucía y País Vasco han puesto en marcha con excelentes resultados, a decir de los expertos, pero con escasas familias inscritas en los programas: apenas una veintena.

Ahora, el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia estudia con lupa estas experiencias piloto implantadas con éxito en Europa y Estados Unidos que, según las mismas fuentes de Bienestar Social, «pueden beneficiar especialmente a los menores con más dificultades para ser adoptados». Es decir: «Aquellos con hermanos o con alguna discapacidad, así como a los mayores de siete años». Y también a adolescentes con problemas de conducta.
El acogimiento profesionalizado consiste en que el acogedor, con una formación específica en el ámbito educativo y con amplia experiencia en trabajos sociales, se dedica a tiempo completo a la atención del menor y cobra un salario por ello. Así que el menor vive con una familia y, además, recibe cuidados especializados.

642 tutelas

Según los datos facilitados por el Instituto de Atención a la Infancia, a 31 de diciembre de 2008, 642 menores estaban bajo la tutela del Gobierno de Asturias. Y ese mismo año, 571 pasaron por los centros públicos de alojamiento.
Para ellos, la opción principal es el acogimiento en familia extensa, aquella con algún grado de parentesco con el menor. En 2008, había 602 menores acogidos por abuelos, tíos, primos. Y únicamente 41 estaban acogidos en una familia ajena, a los que se sumaban 147 en acogimiento preadoptivo( nota ed: no coinciden los datos que da la periodista¿?). Esto es: el año de acogimiento temporal que fija la ley antes de formalizar una adopción.

Ante la magnitud de las cifras, la Administración se defiende alegando que «no todos los menores que el Principado tutela son susceptibles de ser adoptados porque sus familias se niegan».
Y, entre los factores a favor de las familias profesionalizadas, Infancia sostiene que «se trata de una atención de calidad en un entorno estable y durante un tiempo prolongado». Y que «a las familias profesionales se les pueden exigir unos requisitos que en el caso de los voluntarios no siempre se puede garantizar». Eso sí: el acogimiento es temporal, porque la mayoría de las comunidades han prohibido que las familias de acogida acaben adoptando al niño.
«Estamos trabajando en ello, pero aún no tenemos definido el importe del salario», concluyen en Bienestar. En Guipúzcoa ronda los 2.000 euros brutos mensuales, más 1.238 euros destinados a manutención y gastos, una cantidad que se reduce en Andalucía a unos 700 euros mensuales a los que se suman otros gastos variables. Y Cataluña pagará 43.000 euros anuales más 400 mensuales por niño y 12.000 para otros gastos en caso de que deban realizarse reformas en el domicilio para atender a un menor discapacitado.
Fuente: El comercio

Los expertos aprueban que se pague por acoger a menores y aconsejan un estudio de cada caso

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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