viernes, junio 19

España suspende en la defensa de los derechos de los inmigrantes

PÚBLICO.ES / EFE - 19/06/2009 02:29

España, Francia e Irlanda han aumentado las trabas hacia los defensores de los inmigrantes, llegando incluso a criminalizar la asistencia a extranjeros en situación irregular, según críticas reflejadas en el informe de 2008 de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), divulgado hoy en París.

Fuera ya de la Unión Europea (UE), Rusia es el mayor foco de crítica de la FIDH, porque "se han constatado numerosos actos de represión en todo tipo de géneros contra los defensores de los DDHH, en un clima de impunidad casi total", práctica que se extiende a países vecinos como Kirguizistán, Uzbekistán o Turkmenistán.

"En Francia, España a Irlanda, ciertas disposiciones legislativas en vigor o en vía de adopción han hecho posible el debut de la criminalización de las actividades de defensa de los derechos de los inmigrantes", recoge la FIDH en su estudio "La obstinación del Testimonio", en el que hace balance de la situación de los DDHH en 2008.

Sanciones contra abogados

En España, señala el texto, el ante-proyecto de reforma de la Ley sobre la inmigración, aprobado en diciembre de 2008 en Consejo de ministros, establece como infracción grave y punible con una multa de hasta 10.000 euros el hecho de promover 'la permanencia irregular de un extranjero en España'".

De Francia precisa el informe que "la imprecisión de la disposición relativa al delito de 'ayuda a una estancia irregular'" deja "planear una ambigüedad peligrosa sobre las personas y organizaciones que apoyen humanitaria, social o jurídicamente a los inmigrantes sin papeles desamparados y hace posible la criminalización de tales acciones".

Además, la Federación critica el proyecto de Ley irlandesa sobre la inmigración, la residencia y la protección, que prevé "sanciones contra todo abogado que defienda a inmigrantes en 'casos futiles', una expresión peligrosamente vaga", asegura la FIDH.

Uso desproporcioando de la fuerza policial

El informe de 2008 detecta otras irregularidades en la protección de los derechos humanos en Europa, como el hostigamiento a quienes denuncian graves violaciones causadas por los grupos mafiosos en Italia o la creación y posterior retirada del fichero policial "Edvige" con datos de menores y de personalidades políticas en Francia.

Los defensores de los DDHH se inquietan también por el uso desproporcionado de la fuerza de la policía turca o por la creciente vinculación entre Estado e Iglesia en países como Letonia o Lituania, lo que ha "favorecido la cristalización de un clima general hostil contra los defensores de los derechos de las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales".

A nivel global, la Federación subraya "las 'crisis' en 2008 han dado lugar a una multiplicación de los movimientos de protesta social" y "a menudo los líderes pacíficos de esas manifestaciones han sido objetivo de represión", según el escritor italiano Roberto Saviano, autor del prefacio del informe anual.


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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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