miércoles, junio 17

El TSJA anula la carrera profesiona


La sentencia estima que el texto elaborado por el Ejecutivo regional no era conforme a Derecho


La sala de lo contencioso-administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado anular el modelo de carrera profesional aprobado por el Gobierno para todos los trabajadores de la administración autonómica.

La sentencia estima el recurso interpuesto por cuatro sindicatos -CSI, CSIF, Suatea y USO- contra esta resolución, aprobada por el Ejecutivo en mayo de 2007, al estimar que el texto elaborado por el Gobierno regional no era conforme a Derecho.

Varios sindicatos presentaron cinco recursos contra la carrera profesional que tuvieron que ser votados y fallados por los once magistrados del pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ante la trascendencia del litigio.

Los recursos estimaban que el modelo aprobado por el Gobierno regional para desarrollar la carrera profesional dejaba fuera al personal temporal y abría la posibilidad de que se aplicase la arbitrariedad a la hora de conceder las mejoras retributivas.

Por su parte, el Gobierno regional recordó el pasado 27 de mayo que esta medida había permitido a los empleados públicos percibir un adelanto salarial a cuenta "que no se cobra en ningún otro sitio de España" y consideró que la decisión de los sindicatos iba "en contra" de los intereses de este colectivo.

El Ejecutivo había anunciado que Asturias sería la primera comunidad autónoma en desarrollar la carrera profesional de todos sus trabajadores en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado hace dos años para el conjunto del país.

La sentencia estima la reclamación sindical en el sentido de que la normativa aprobada por el Gobierno "no cuenta con cobertura legal suficiente" ni siquiera en el ámbito de la Ley de julio de 2007 que regula el Estatuto Básico del Empleado Público y que no había entrado aún en vigor cuando se autorizó la carrera profesional, "huérfana del desarrollo legal indispensable para su eficacia".

Asimismo, respalda la reclamación de los sindicatos recurrentes respecto a la regulación idéntica que se establece para acceder a la mejora salarial que lleva aparejado el desarrollo de la carrera profesional entre funcionarios y personal laboral del Principado.

"No es posible regular de forma idéntica (...) un régimen de carrera para funcionarios públicos y personal laboral, que exige no sólo procedimientos distintos, sino también cauces e instrumentos jurídicos distintos", añade la resolución judicial.

En este sentido, incide en que el acuerdo aprobado por el Gobierno no contiene un concreto y determinado modelo de carrera para ambos tipos de empleados públicos y se limita "a prever la percepción de unas determinadas cantidades si se dan ciertos requisitos o circunstancias".

Los requisitos establecidos no pueden asimilarse, a juicio del tribunal, "a lo que sería una carrera profesional como conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de ingreso profesional según los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que ya de por sí carece de justificación y sentido jurídico".

En este sentido, señala que la implantación y concreción de la carrera profesional "exigiría formalmente vías diferenciadas", en el caso de los funcionarios públicos una norma con rango de Ley y en el de los laborales alguno de los instrumentos previstos en la Ley que regula el Estatuto Básico del Empleado Público.

A juicio del tribunal, esta normativa "incorpora muchas pistas y elementos" que el Gobierno regional debería ponderar en relación con los funcionarios "y precisamente por la nítida diferencia que separa a una y otra clase de empleados públicos, deja mucho más abierta la regulación de la carrera profesional del personal laboral, para el que tan sólo prevé un cauce de formal de regulación".

"La asimilación formal y material que el acuerdo impugnado realiza del objeto de su regulación (...) no incorpora una regulación concreta de los aspectos sustantivos de una carrera profesional (...), estando en este sentido vacía de contenido", concluye la resolución judicial. EFE
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009061600_46_769305__Sociedad-TSJA-anula-carrera-profesional&pCom=7

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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