La Consejera Garbín: MIENTE cuando dice que no actúa -en contra del ordenamiento jurídico vigente-. Miente porque es lo que hace de forma habitual y miente porque solo acepta las recomendaciones del Defensor del Pueblo en última instancia, cuando el escándalo es mayúsculo, como ocurrió en el 2008 cuando hasta el Presidente de la Ciudad Autónoma se tuvo que desplazar a la Oficina del Defensor del Pueblo en Madrid.
Durante el año 2007 y 2008 se retiró sistemáticamente a los menores acogidos por la Consejería de Bienestar Social cualquier documentación acreditativa de su identidad, de tal forma que a los 18 años cientos de menores quedaron absolutamente indocumentados y sin la posibilidad de acudir a ninguna administración para continuar su estancia legal en España.
Además: Decenas de menores tutelados carecían del permiso de residencia que les corresponde por Ley y los casos de malos tratos aumentaron exponencialmente.
Todo ello provocó que cerca de 200 menores escaparan de la tutela de la Consejería jugándose la vida como polizones en un barco. Muchos de ellos han logrado hoy normalizar sus vidas en centros de la península y otros que ya han alcanzado la mayoría de edad han podido renovar su documentación sin más que cumplir los trámites establecidos por la Ley de Extranjería, sin que nadie les haya puesto impedimentos basados, evidentemente, en motivos inconfesables.
También habría que preguntarse como es posible que con el gasto tan enorme en técnicos y asesores de todo pelaje, sea el Defensor del Pueblo Español el que tenga que indicarles continuamente cual es la interpretación de la Ley y sus obligaciones de tutela.
Hoy día, gracias a la política de la Consejera Garbín, el sistema de protección de menores en la ciudad es inexistente. Los menores no confían en absoluto en él, más que un sistema que les protege consideran que es un sistema agresivo que han de evitar a toda costa y sencillamente siguen la inercia de marcharse a la península de polizones.
Hoy conocemos a menores tutelados desde hace dos años que todavía no han obtenido el permiso de residencia en España que la Ley de Extranjería dice que les corresponde a los 9 meses...etc, etc.
Cuando finalmente la Consejera Garbín acepta las recomendaciones del Defensor del Pueblo (Porque no le queda más remedio) ya ha causado un daño irreparable a decenas o cientos de niños, aunque tal vez sea esto lo que se busque.
Lo más lamentable de todo es que sean precisamente los políticos que avalamos con nuestros votos para que materialicen la práctica de nuestro Estado de Derecho y nuestras Leyes quienes las incumplen desde su posición de supremacía y utilizando los medios que hemos puesto en sus manos, es decir, las Instituciones del Estado.
Las críticas que con frecuencia se hacen desde la Consejería de Bienestar Social al Defensor del Pueblo Español son una payasada más del circo que tienen montado nuestros politiquillos provincianos y caciquiles. Afortunadamente los melillenses y todos los españoles podemos estar orgullosos de tener una Institución que como, el Defensor del Pueblo Español, garantiza de forma rigurosa la supervivencia de nuestro Estado de Derecho, que conserva su independencia del poder político y, que actúa con una eficacia inusual en otras administraciones.
PRODEIN
Por cierto, tiene varias recomendaciones pendientes de aceptar desde hace algún tiempo y se está causando un perjuicio enorme a los menores con su actuación contraria al ordenamiento jurídico. Le hacemos pública una de ellas, que nos parece fundamental, por si no la recuerda:
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