martes, mayo 19

Entidades privadas gestionan ya más de la mitad de las plazas de alojamiento para menores

19.05.09 -

571 menores bajo tutela del Gobierno regional pasaron por alguno de los centros que hay en la región destinados a acogerlos el año pasado. La custodia de estos niños y adolescentes -una cifra que oscila, pero que desde hace tiempo ronda los 600 menores- corresponde a la Administración autonómica hasta que alcanzan la mayoría de edad, pero la gestión de los alojamientos en los que viven, su día a día, está cada vez más en manos de entidades y fundaciones privadas.
Lo demuestran los datos facilitados por la propia Consejería de Bienestar Social, que confirman que -dejando a un lado las Unidades de Primera Acogida, en la que todos los menores deben pasar un máximo de 45 días fijado por ley en los que son valorados y derivados al programa más adecuado- únicamente 202 plazas para menores en Asturias son de titularidad pública, mientras que otras 232 están concertadas con alguna de estas asociaciones privadas.
A ellas hay que sumar las plazas creadas en lo que va de 2009: 30 camas en cuatro nuevos pisos en distintas ciudades asturianas, ninguno de ellos gestionado directamente por el Principado. Y doce más que serán ocupadas este mismo mes, con dos de retraso, en el Fundoma, que abrirá sus puertas merced a un convenio con CEPAIM, una entidad sevillana con experiencia en la acogida de menores inmigrantes.
En estos adolescentes que llegan a Asturias no acompañados está una de las claves de la elección de la gestión privada. Y en ese dominio del control privado ha influido también el último informe de la Procuradora General del Principado, que supuso un serio varapalo para la política regional de menores. En él, María Antonia Fernández Felgueroso recomendaba específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección y reclamaba a la Administración que facilitase la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tuviesen dudas fundadas sobre su minoría de edad.
Felgueroso instaba además al Principado a asumir su tutela de forma inmediata para evitar que, durante la fase de valoración, se viesen afectados sus derechos.
«Más de mil euros»
«La apuesta por los convenios con entidades tiene mucho que ver con la agilidad. Necesitamos rapidez para dar respuesta a esta nueva necesidad y, si estos centros estuviesen en manos de la Administración, todo requeriría mucho más tiempo», argumentan fuentes de la consejería.
Otra razón a la que los sindicatos aluden más o menos veladamente es el dinero. Según un informe del Defensor del Pueblo, el coste medio diario de una plaza en un centro privado es de 127 euros al día y, en uno público, de entre 300 y 350.
«Les resultamos más baratos. Con nosotros, ahorran. Es innegable», admite el coordinador de unos de los alojamientos, al frente de una entidad sin ánimo de lucro que paga a los educadores que permanecen a cargo de los chavales ocho horas al día, sus tutores, «más de mil euros, siempre menos de lo que cobraría un empleado público. Por ley».

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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