martes, mayo 12

La gestión de los centros de menores debe ser pública"


El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en su despacho de la calle de Fortuny (Madrid). - GABRIEL PECOT
SUSANA HIDALGO - MADRID - 11/05/2009 08:00

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica (San Sebastián, 1932), ha emprendido una batalla contra las irregularidades que se cometen en los centros de menores. Primero, emitió un informe en febrero pasado donde se criticaba la mala gestión y las irregularidades en el trato a los chicos en muchos de estos centros. El pasado 24 de abril, Múgica volvió a señalar a la Fundación OBelén, gestora de los centros más criticados, después de que una de sus internas, de 16 años, muriese al tirarse de una furgoneta en marcha cuando regresaba al centro de menores de Casa Joven, en Guadalajara.

Primero fue el informe crítico en febrero donde se insta a encontrar soluciones entre todos los implicados. Dos meses después, ocurre el suceso de Casa Joven. ¿Ha cambiado algo en este centro desde que murió la niña?

Después de la muerte de la menor, dos asesores de nuestra institución fueron allí y comprobaron que habían mejorado en algunos aspectos. Por ejemplo, han cambiado al personal. Pero lo que no ha cambiado es la forma de acercarse a los menores, los métodos. De los 58 centros que hay en España, nosotros visitamos 27. Hay centros que están bien y otros mal. Pero incluso en los que están bien, falla siempre el método: el menor carece de afecto.

En el caso de la menor de Casa Joven, usted ha planteado que cómo es posible que quisiese huir de un centro donde estaba supuestamente protegida.

"La automedicación en menores es peligrosa, sobre todo si hablamos de antidepresivos"

La niña, en el momento de su muerte, llevaba encima un tubo de pastillas. Eso no puede ser. La automedicación es muy peligrosa y más si es con antidepresivos. La toma tiene que hacerse siempre bajo vigilancia médica y esta debe estar supervisada por la administración.

¿Qué propone para solucionar las irregularidades?

Los niños vienen de familias muy difíciles, desestructuradas, pero eso no significa que los menores estén condenados a ese contexto. No hay que ser pesimista y pensar que no van a poder abordar la vida con plenitud. Pero para ello, hay que cambiar el sistema: abrir un gran debate entre los educadores, la administración, los psicólogos. Además, tiene que haber un protocolo de actuación común a todas las comunidades para que los niños reciban el mismo trato, independientemente de donde vivan.

"Nuestros asesores son rigurosos. No es que se crean todo lo que dice el menor"

¿Cuál es el mejor modelo de gestión?

Uno de titularidad pública. Soy independiente, pero eso no me quita de mi pensamiento tradicional socialdemócrata, que prefiere la actuación de lo público, donde no puede haber beneficio. Si tiene que haber gestión privada, tiene que estar muy controlada por lo público. La gestión privada sólo es positiva cuando está encauzada por el principio de solidaridad.

La Fundación OBelén se ha quejado de que la metodología para hacer el estudio de los centros no es la adecuada, porque sólo tiene en cuenta las opiniones de los menores.

También hemos hablado con cuidadores, con el personal médico. Nuestros asesores saben diferenciar perfectamente entre la verdad y lo que es incierto. No es que se crean todo lo que dice el menor.

Usted ha recalcado, precisamente, que era la primera vez que un estudio daba voz e importancia a los menores. ¿Se ha controlado que los niños que cooperaron en el informe y que siguen internos no hayan sufrido represalias por su participación en ello?

"Tiene que haber un único protocolo para que todos los niños tengan el mismo trato"

Para eso está el Ministerio Fiscal y sus visitas regulares y nuestras visitas, que también se repiten.

La Fundación OBelén le acusa a usted de persecución.

Eso es delirante. Hay algún centro de esa Fundación que nos ha parecido adecuado. Lo único que nos motiva es garantizar los derechos fundamentales de los menores. Todo lo demás no tiene importancia.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, aseguró que no comparte sus críticas. La Fiscalía de menores de Catalunya también visitó 20 centros de la comunidad y dijo que tenía una visión positiva. ¿Considera que tiene el suficiente apoyo de la Justicia para desempeñar su trabajo en este tema?

Dios sabe por qué Manuel Moix dijo lo que dijo, pero lo cierto es que sí que existen problemas en los centros, por eso en muchos han hecho cambios. Lo que ha pasado desmiente lo que dijo Moix. Además, el fiscal general y la fiscal de sala de menores del Tribunal Supremo sí que han respaldado el informe, consideran que es riguroso y han tomado medidas.

De todo lo ocurrido dentro de los centros de menores, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?

Pues que a pesar de todo lo que sucede, los niños conservan la sonrisa, la esperanza de superar esas situaciones de las que son víctimas.

Recientemente se ha reunido con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). ¿Llegan hasta el Defensor muchas denuncias de homofobia?

Llegan pocas, y por eso hemos pedido a la FELGTB, que sí que tiene constancia de más denuncias, que haga un estudio previo sobre la discriminación del colectivo homosexual para que luego nosotros podamos trabajar en ello. Sobre todo, hay que velar porque no ocurra en los colegios.

Sobre sanidad, ¿qué tipo de denuncias le llegan acerca de la Comunidad de Madrid, donde la gestión por parte del PP es con frecuencia fuente de polémica?

Nos han llegado denuncias de los usuarios sobre las listas de espera y también de los sindicatos sobre la privatización de la gestión pública. Hay que defender la sanidad pública en todas las comunidades autónomas de España porque es una de las mejores de Europa.

http://www.publico.es/espana/224663/gestion/centros/menores/debe/publica

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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