lunes, mayo 11

La asociación UNGA cree exagerada la polémica por los hurtos y urge "dejar actuar a la Justicia".

1/05/2009 ALEXIA E. MARTIN /LVA
Comercio de Conchita González, en el que se cometió el robo el 13 de abril.

Tanto el presidente de la Asociación Gitana de Asturias (UNGA), José Antonio Jiménez, Román , como el padre de uno de los dos jóvenes detenidos como presuntos autores del robo en el comercio de la presidenta de la asociación Bajo Nalón-Coto Real en Pravia reclamaron ayer el cese de la "alarma social" provocada a raíz del citado suceso y que "se deje actuar a la Justicia".

El presidente de UNGA afirmó que el colectivo "no entiende cómo un hecho que ocurre casi todos los días", en relación al atraco al establecimiento, "se llevó al extremo y causa tal agitación social". Román Jiménez se preguntó si la circunstancia de que "presuntamente lo hayan hecho gitanos provoca una cuestión tan dramática". El representante de la asociación hizo un llamamiento "a la concordia" entre los habitantes de la villa. Aseguró que "Pravia es un pueblo políticamente maduro" y atribuyó a "intereses de algunas personas" las manifestaciones vertidas en relación al caso. "Hay gente que se está aprovechando del tema y usan estos hechos para crear agitación por sus propios intereses", indicó. "Que dejen de presionar para que la Justicia actúe", reivindicó.

Además, subrayó que "los gitanos de Pravia tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, y si están ocupando viviendas sociales es porque les tocaron ya que se trata de un tema legislado".

AMENAZAS El padre del chico de 18 años detenido, Ramón Escudero, también reclamó ayer el cese "de la alarma social" y negó amenazas a la propietaria del establecimiento en el que se cometió el robo, Conchita González. "Nunca se la amenazó; mi mujer fue una vez a verla acompañada por un policía para hablar serenamente y que rectificara". Escudero manifestó que "los dos jóvenes que están detenidos, mi hijo y un primo mío, no son culpables". El vecino de Pravia señaló que la tarde del 13 de abril, cuando tuvo lugar el atraco, los muchachos "estaban en el Hospital San Agustín de Avilés". Y añadió que "aportamos varios testigos".En este sentido, apuntó que "no tomaron en cuenta a los testigos porque la mayoría son gitanos" y lamentó "ciertos tintes de racismo".

También negó "que haya un testigo protegido", la dependienta, "ya que la vemos por la calle"; y denunció "la influencia de González".

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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