miércoles, abril 29

Declaración del Colectivo No a O´Belen ante el 1º de Mayo

 

Desde el año 99, se vienen sucediendo numerosos informes que alertan de la grave situación que soportan los menores internados en los centros gestionados por la Fundación O´Belen (Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, informes de los técnicos de Bienestar Social, y el reciente informe del Defensor del Pueblo presentado hace tan sólo tres meses). Este último informe relata el maltrato que sufren los menores, consistente en abuso de psicofármacos, celdas de aislamiento que parecen "mazmorras medievales", empleo de la violencia física contra los niños, no escolarización de los menores e incluso denuncia las nefastas condiciones de habitabilidad de los centros gestionados por la fundación de Emilio Pinto. Cada vez son más los colectivos que denuncian mediante actos públicos, manifestaciones, etc. su repulsa por la situación de los niños y las niñas tutelados por las administraciones públicas. Recordemos que O´Belen tiene a sus espaldas la muerte de al menos tres niños.

 

Todo esto se debe a la privatización del sector, que ha convertido el sistema de protección de menores en un rentable negocio. Por eso, consideramos que el papel de los sindicatos de clase es fundamental a la hora no sólo de garantizar la dignidad y la estabilidad del empleo en el sector, sino en la protección de los derechos de la infancia desamparada. En este sentido, saludamos la lucha iniciada por FES-UGT al denunciar que "estas entidades son empresas con ánimo de lucro que están haciendo negocio con la vida de los menores" y ha pedido que se les retire los servicios de protección de menores que tiene O´Belen.

 

En la misma línea, CCOO de Ceuta ha denunciado las torturas que sufren los menores internados en el centro Punta Blanca de dicha localidad, y ante las críticas e incluso las agresiones físicas que han sufrido los compañeros tras denunciar el caso, han dejado claro que "Comisiones Obreras siempre defenderá los derechos de los ciudadanos en general y los menores son los más desprotegidos de nuestra sociedad". Este es el camino.

 

Sin embargo, lamentamos profundamente la actitud de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla La Mancha, que en un comunicado firmado por su secretario general no hace sino justificar a O´Belen e insultar a un sindicato hermano como es UGT, utilizando demagógicamente la defensa de puestos de trabajo. Esta federación se ha convertido en la correa de transmisión de la patronal del sector en cuestión, como queda claro al estar en el comité intercentros de O´Belen por CCOO Rafael Pinto, sobrino del presidente de la FIOB. ¡Incluso el sindicato vertical cuidaba más las formas! Ante esta forma de actuar, indigna de un sindicato de clase, nos vemos obligados a denunciar públicamente a Alfonso Gil Simarro, secretario general de CCOO Enseñanza de Castilla La Mancha, y a exigir su dimisión inmediata.

 

  • CIERRE DE LOS CENTROS DE O´BELEN.
  • POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS
  • DIMISIÓN DE ALFONSO GIL SIMARRO

COLECTIVO NO A O´BELEN


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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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